El Gobierno envió este lunes el proyecto de Ley Hojarasca al Congreso y al anunciar esa presentación fijó las "seis claves para derogar estas normas obsoletas". Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de disposiciones que "representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado", para cuya detección "fue necesario repasar la normativa vigente en el país desde 1864".

Según había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la presentación apunta a desregular y simplificar el marco normativo actual, indicando que el análisis realizado identificó la vigencia de normativas que datan de presidencias anteriores y afectan la gestión pública del siglo XXI que pretende la administración de Javier Milei. 

Dentro del documento que difundieron desde el Gobierno para dar a conocer el envío de la propuesta al Poder Legislativo, las autoridades libertarias señalaron que la intención es promover "la seguridad jurídica" y remover "obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país". "Se eliminan leyes que generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros", remarcó el escrito. 

Además, destacaron que el objetivo del proyecto es "quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones". 

Dentro de los fundamentos que expresa, destaca que "los derechos no requieren leyes". "Lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impulsaron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una que otorgara ese derecho", apuntaron desde el Ejecutivo. 

En otro tramo del escrito, ahondaron en lo que llamaron las "seis claves para derogar estas leyes obsoletas". 

En primer término puntualizaron que muchas de las nomas "fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas", por lo que, por ejemplo, "no tiene sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una de vacunación" en general. 

En segundo lugar, enlista aquellas disposiciones que "fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento de la economía o el paso del tiempo", como es el caso de la que "autoriza las emisiones de televisión a color cuando hoy vemos imágenes de video en nuestras redes sociales". 

En el tercer caso, apuntaron a la legislación que "limita la libertad individual". "La que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados resulta una aberración frente a la Constitución Nacional", ejemplifica. 

El cuarto punto va contra las normas "cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización eliminando organismos (…) alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia". El siguiente tópico planteó que se eliminan las leyes que "ya no tienen razones de ser, porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos, pero siguen vigentes". 

Por último, señalaron a aquellas en las que se "crean organismos para integrantes del Sector Público, solventados con recursos del Estado Nacional". Al respecto indicaron que se "emancipa a estos entes con la eliminación del financiamiento", aunque advierte que eso es "sin perjuicio de que sigan funcionando, con recursos propios".