Por: José Maldonado.

La conversación abierta entre la Gobernación bonaerense y sectores de Juntos para el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2022 se convirtió en una amplia mesa de negociación que incluye una larga serie de temas de alta tensión política, como la reforma a la ley que limita las reelecciones, la designación de cargos que reclama la oposición en diversos organismos, reparto de fondos, pliegos de designación en la Justicia y la eventual salida de Julio Conte Grand de la Procuración.

Serán tres o cuatro semanas intensas, dicen en la Gobernación y en la Legislatura, que se prepara para un fin de año y un arranque de 2022 agitado. En agenda, están nada menos que las leyes más importantes de todo el año, como el Presupuesto y la Ley Impositiva. Pero, también, porque sentarán las bases de cómo se construirá el nuevo vínculo entre la oposición y el gobernador Axel Kicillof, con la discusión por el reparto de fondos para las intendencias y sillones claves en el gobierno.

En Gobernación priorizan por estas horas el diálogo con los intendentes radicales. El martes, el ministro de Economía, Pablo López, recibió en su despacho a la comitiva de negociación de los intendentes radicales que encabeza Miguel Fernández (Trenque Lauquen) y completan Maximiliano Suescun (Rauch) y Guillermo Pacheco, jefe comunal de Pellegrini. A la mesa se sumaron Juan Pablo de Jesús, mano derecha de Martín Insaurralde en el Gabinete, y Mariano Cascallares, diputado del Frente de Todos por la Tercera sección.

Los radicales llevaron sus planteos. Piden un fondo para obras de unos 30 mil millones de pesos y que se modifique el cálculo que usa el Ejecutivo para repartir los fondos a los municipios, el Coeficiente Único de Distribución (CUD). En ese índice se toman en cuenta variables como densidad poblacional, extensión y otros que perjudican a los distritos del interior, entienden en la UCR.

“El corazón de la negociación está en el CUD y los fondos”, resumió a Letra P un ministro que participa de las conversaciones. Cerca del gobernador admiten que los fondos para que los intendentes hagan obras chicas en los distritos “va a estar” en el Presupuesto, aunque no se haya incluido originalmente debido a la lógica de la negociación.

Además, Kicillof aceptaría postergar (no condonar) el pago de deudas que tienen los municipios con el Ejecutivo bonaerense por la asistencia para el pago de sueldos en la pandemia.

Si hay un principio de acuerdo con los radicales, entienden en el entorno de Kicillof y del jefe de Gabinete, Insaurralde, la negociación con el resto de los sectores de la oposición se encaminará, con la amenaza para el sector más duro de Juntos, los halcones del PRO, de quedar aislados y con las manos vacías.

Sobre todo, entienden en la gobernación, por el alto grado de ebullición interna en Juntos por un tema espinoso que también va a estar en la agenda de fin de año de la Legislatura bonaerense: la reforma a la ley que limita las reelecciones.

La ley sancionada en 2016 por impulso de María Eugenia Vidal y aval de Sergio Massa está en el centro de una discusión que cruza a todas las fuerzas. La semana pasada, un fallo ordenó dejar sin efecto los alcances de la norma. Pero nada indica que desde la Justicia pueda haber otros fallos en dirección contraria.

“Es un tema que tiene que resolver la política”, repite en público Kicillof, que quiere evitar pagar el costo de avalar una marcha atrás en esa ley, por la cual los intendentes que fueron reelectos en 2019 no pueden presentarse en 2023.

Sin margen para discutir una derogación de la ley, algo que ni los socios del Frente Renovador se avendrían a votar, en el Ejecutivo trabajan en un acuerdo con la oposición para votar, en enero, una reforma a la ley de 2016 de forma tal que se tome el actual como primer mandato de los intendentes y de esa forma puedan presentarse para un nuevo turno.

“Los radicales son los más propensos a votar un cambio en la ley para anular la retroactividad y que puedan presentarse todos a un mandato más”, dijo a este medio una fuente del bloque del Frente de Todos. Y, por presión de los intendentes, finalmente el PRO podría terminar siendo funcional a la sanción de esta ley enmienda.

En la hoja de ruta de Kicillof hay una mesa de negociación con todos los temas y al menos dos paradas difíciles en la Legislatura. Antes de fin de año, un primer turno donde se discuta el Presupuesto, la Ley Impositiva y la reforma a la Ley de Ministerios que necesita el mandatario para crear los ministerios de Ambiente y Transporte, que irán para Insaurralde y Massa, respectivamente.

Después, vendrá la sesión más difícil, que se desprenderá de los términos del acuerdo sobre el que trabajan con la oposición. En los primeros días de enero, se trataría la reforma a la ley de reelecciones de intendentes para que todos puedan ir por un mandato más y las designaciones por parte del Senado bonaerense de una larga serie de cargos que corresponden a la oposición.

Son sillones en los organismos de la Constitución, en empresas del Estado y en el Banco Provincia. Kicillof quiere resolver la cuestión cuanto antes. Pero no de cualquier modo. En el centro de la mesa volverán a plantear la salida de la Procuración de Julio Conte Grand, que la semana pasada se sacó una foto con el expresidente Mauricio Macri y generó fuertes reacciones.

El exfuncionario de María Eugenia Vidal está en un cargo vitalicio de enorme peso en la estructura de la Provincia. Sin el control del Ministerio Público, argumentan en el entorno de Kicillof, es muy difícil desplegar una política criminal.

Hasta ahora, Conte Grand se mantuvo en su cargo sostenido por la mayoría opositora en el Senado. Pero en el Frente de Todos creen que el escenario cambió.

“Esa foto fue una provocación. Conte Grand mandó un mensaje al mostrarse con Macri. Está diciendo que ahora se recuesta en los halcones del PRO”, dicen en los despachos más cercanos al gobernador.

Por eso, entienden que la discusión por los cargos para la oposición sí o sí va a tener que contemplar esta vez una salida de Conte Grand para que el gobernador pueda designar a un o una procuradora de su gestión.