Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

Los hogares argentinos se endeudan con bancos, financieras, prestamistas informales y billeteras virtuales, sin embargo, cada vez lo hacen menos para algún tipo de inversión a largo plazo, un viaje o compra de mayor magnitud ya que -por lo contrario-crece el endeudamiento para financiar gastos corrientes que permitan sobrevivir en el día a día. Diferentes investigaciones alertaron sobre una problemática que, si bien no es nueva, tomó dimensiones que van más allá del ámbito privado: 9 de cada 10 familias argentinas se endeudó en el último año -incluyendo créditos bancarios, préstamos con familiares y deuda con tarjetas de crédito- las que llegan a representar más de la mitad del total de las deudas. A su vez,  el 54% se destinó solo a comprar alimentos. Todo ello afectó drásticamente el patrimonio de las familias y las posibilidades de dar respuesta a necesidades del presente así como para planificar el futuro. 

En relación, para no ser pobre, una familia necesitó más de un millón de pesos: el costo de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo de cuatro integrantes, alcanzó en marzo pasado los$ 1.374.360, de acuerdo con estimaciones privadas. Se suma a esta realidad, que incluye bienes y servicios con un costo cuatro veces superior a un salario mínimo, la urgencia creciente de llegar a pagar un alquiler. Tras la desregulación del mercado inmobiliario con el DNU 70/2023, el 64,6% de los inquilinos del país contrajo deudas y el 48% se atrasó en el pago de las mismas, esto pese a que ya destinan casi la mitad de su salario a cubrir tales necesidades habitacionales. Junto con el el pago fijo de servicios y transporte público, el alquiler triplicó su peso en los gastos básicos de un hogar. 

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“Si bien hay hogares que pueden haber salido de la pobreza debido a que sus ingresos llegaron a superar el valor de la CBT, ante la fuerte pérdida sufrida debieron recurrir a otros recursos más allá de sus ingresos corrientes, mediante estrategias que pueden deteriorar su situación patrimonial. Por otra parte, incluso aunque sus ingresos les hayan permitido salir de la pobreza, no necesariamente recuperaron el nivel de consumo previo, generando la necesidad de gastar ahorros o endeudarse para su sostenimiento”, analizaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Y agregaron que “el endeudamiento creciente puede sustraer porciones significativas de los ingresos al momento de devolver esos créditos, reduciendo el disponible y afectando la situación económica de los hogares, aspecto que no es contemplado en el indicador de pobreza”. 

Deuda y más deuda

Pese a la desaceleración de los precios minoristas en los últimos meses, el impacto del ancla salarial y la política cambiaria, generaron un deterioro continuo en el poder adquisitivo de los hogares, afectando especialmente a los de menores ingresos. El consumo privado mantuvo en todo el 2024 una tendencia contractiva (el consumo per cápita de leche fue el más bajo de los últimos 34 años y el de carne vacuna quedó en el nivel más bajo de las últimas tres décadas.) a la vez que, según anticipó la consultora Scentia dicha performance se sostuvo en el inicio de este año (se contrajo 10,6% en enero y 9,8% en febrero, anotando 14 meses consecutivos a la baja).

Lo anterior se vincula directamente con el costo de vida de las familias que necesitan, como piso, contar con más de un millón de pesos para cubrir lo más esencial. La Canasta Básica Total alcanzó marzo un valor de $ 1.374.360, en tanto que la línea de Indigencia (solo considera necesidades básicas alimentarias) se situó en $ 744.131, según adelantó un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). El dato oficial se conocerá la próxima semana. Estos valores contrastan con otra realidad: casi una cuarta parte de los trabajadores son cuentapropistas, y dentro del 73% de la población asalariada, el 37% son informales. Lo anterior evidencia que tener un empleo no garantiza acceder al salario mínimo fijado por ley, de hecho, el 24% de las y los trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora, porcentaje que asciende al 41% para cuentapropistas y al 40,6% para la población asalariada informal.

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En esta coyuntura, si bien el ingreso laboral es la principal fuente de recursos, no sorprende que sea cada vez más chica la proporción de personas que se vean obligadas a recurrir a otras fuentes de recursos para intentar llegar a fin de mes ya sea ahorros o, sobre todo, endeudamiento, aunque esto implique la sustracción futura de una parte importante de los ingresos disponibles que pasan a destinarse exclusivamente al pago de deudas e intereses. En lo concreto: 41,4% de las familias debió utilizar sus ahorros para enfrentar gastos cotidianos (cinco puntos más que en 2023) en tanto que el 86% está endeudada (53,6% es deuda a través de cuotas con tarjetas de crédito, 18,1% pidió préstamos a familiares o amigos y cerca del 13,8% utilizó créditos de bancos o financieras).

Según los economistas Claudio Lozano, Ana Rameri y Agustina Haimovich, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), en el caso de los hogares indigentes el porcentaje de deuda con conocidos escala casi al doble (32,7%), mientras que la población que supera los ingresos determinados por la línea de pobreza, recurre en un 60% al uso de tarjetas de crédito como principal vía de endeudamiento cotidiano, seguida de préstamos con bancos o financieras (15,8%). Los datos mostraron también que el 10,7% de la población total depende de mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (Gobierno, Iglesias, etc.), porcentaje que se eleva al 31,7% en el caso de familias en la indigencia. 

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“Los hogares desenvuelven distintas estrategias de manutención con el fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades, que se ven condicionadas por su posicionamiento en la estructura social. Entre estas modalidades se incluyen las transferencias monetarias y en especies hacia los hogares por parte de instituciones (subsidios o mercaderías provistas principalmente por el Estado, orientadas a hogares de bajos ingresos), así como también las que proveen otros hogares (cuotas de alimentos, ayudas en dinero o mercadería proveniente de personas ajenas al hogar); estrategias que suponen gastar ahorros acumulados y, por último, la obtención de créditos o préstamos para adquirir bienes o servicios con pagos diferidos”, describieron los especialistas. 

Lo anterior coincide con los datos recientes proporcionados el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) desde donde señalaron que, según sus encuestas nacionales, “existe un alto porcentaje de familias que siguen sumidas en la vulnerabilidad, con necesidades básicas insatisfechas, incluso aquella tan esencial como lo es el acceso a una alimentación nutritiva y equilibrada”. Para el centro de estudios “es necesario implementar políticas efectivas que aborden la pobreza multidimensional y la desigualdad, garantizando el acceso a necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y los servicios esenciales”.

Según las estadísticas, el 87,5% de las familias debió tomar deuda para financiar alimentos: tarjetas de créditos (43,5%), al fiado (37,8 %), con dinero prestado (6,2%). De acuerdo al instituto cordobés, por falta de recursos económicos en marzo 2025, el 58% de las familias, no pudo acceder a la Canasta Básica Alimentaria, en el 10,3 % de los hogares hubo algún integrante que sólo comió una vez al día y el 19 % de los hogares, en algún momento del mes, se quedó sin alimentos.

Quién puede pagar un alquiler

A esto hay que sumarle el impacto de la derogación de la Ley de Alquileres vía el mega DNU 70/2023 que empeoró las condiciones para los diez millones de inquilinos del país: contratos de menor duración, mayor frecuencia en aumentos y crecientes desalojos. 

Según la última Encuesta Nacional Inquilina el 30% de las y los inquilinos tuvo que dejar la vivienda por los aumentos, a la vez que el 65% de está endeudado y el 48% está atrasado en los pagos, siendo la principal deuda los gastos con tarjetas de crédito (51%), seguidos de compras de alimentos (38%) y el alquiler (30%). Los principales acreedores son bancos (62,5%), familiares (32,3%), plataformas digitales (16,3%).

Esta situación implica “un alto esfuerzo económico” ya que más del 50% de los inquilinos destinan al menos el 40% de su salario al alquiler, lo que evidencia “un problema estructural en la accesibilidad a la vivienda en alquiler” esto porque “a medida que aumenta la carga del alquiler, disminuye la capacidad de los hogares para cubrir otros gastos esenciales como alimentos, salud y educación”, indicaron desde Inquilinos Agrupados.

En sintonía, datos proporcionados por el CELS, ACIJ y otras organizaciones especializadas en la temática, indicaron que se registró un aumento de la proporción de hogares con atrasos en el pago de impuestos, servicios, tarjetas de crédito, fiado, etc., que se ubicó en torno al 60%. Además, “se observó una disminución de los hogares que están al día con el pago del alquiler (81% en 2022 frente al 77% en 2024). Esta situación convive, llamativamente, con el aumento de hogares inquilinos que pidieron dinero prestado y lo utilizaron para pagar el alquiler, que pasaron del 62% en 2022 al 67% en 2024”, concluyeron.