¿Impunidad? ¿Improvisación? ¿Viveza criolla?… Todo empezó con un accidente. Termina en un escándalo. Mar del Plata. Diciembre de 2018. El pie izquierdo de la señora se encaminó, desprevenido, hacia el hueco que dejaba la baldosa ausente. El pie derecho hizo su parte y se orientó hacia la colisión inevitable contra la baldosa hermana que estaba levantada y con los bordes en desnivel esperando que alguien se la llevara por delante. La rodilla, ajena por ahora a baldosas ausentes o levantadas, gozaba de sus últimos movimientos sin magulladuras. La plaza San Martín, de veredas abandonadas, empezaba a ser el escenario de un tropezón que luego fue caída y la caída origen de otros malos pasos. Poco después de caer de bruces en la principal plaza de la ciudad, la señora presentó sus airadas quejas en el palacio municipal. La inminencia de un escándalo puso a los funcionarios más cercanos al jefe comunal y al propio intendente a imaginar “soluciones urgentes, decisiones de estado, verdaderas respuestas por encima de los burocráticos caminos”.

Fue entonces cuando pidieron la urgente intervención de las constructoras de la ciudad. Se nota que organizar el arreglo de baldosas con los empleados municipales de las áreas pertinentes no les pareció atinado. “Hay que arreglar la vereda. La señora lesionada sacó fotos y nos va a iniciar un juicio. Arranquen y después acomodamos los papeles” tronó la voz de uno que día a día va dejando sus huellas de mucho ruido y poco acierto. Así fue como se empezó una obra pública a pocos metros del despacho del jefe comunal, por casi dos millones de pesos, sin respetar ninguno de los procedimientos de contratación que imponen las normas. Cuando ya iba promediando la atolondrada intervención, en un acto de surrealismo administrativo, los artífices de la “solución” empezaron un trámite de licitación que invitaba a realizar “ofertas públicas” para hacer lo que ya se estaba haciendo. Es decir, se sacaba pasaje para un avión que ya estaba llegando. Así, se fraguó una licitación que miente un procedimiento que jamas se observó.

La constructora, alertada de las falencias de contratación y de los riesgos a los que se exponía con la buena voluntad, plantó bandera: “hasta acá llegamos “ dijo y se fue. La obra quedó a medio hacer y el trámite trucho también. Porque cuando el expediente “ex post” empezó a girar por oficinas cómplices empezaron a saltar quienes no quisieron quedar pegados al dislate. Incluso hay registros de quienes lo pensaron dos veces y rectificaron sus primeras intervenciones. “Nunca se vio algo igual “ dicen algunos. Hacer la obra primero y la licitación después no dejará de ser uno de los sonoros recuerdos de estos extraños tiempos. Un verdadero “logro” de época.

Todo esto sin entrar a considerar la ordenanza Nº17.427 que desde 2006 establece la prohibición de hacer obras públicas en pavimentos y aceras entre el primero de diciembre y el 31 de marzo de cada año. La transgresión se cuenta sola, no solo por el abrupto comienzo y el desmañado final de una intervención que la más mínima capacidad de planeamiento hubiera podido prever, sino también por las vallas abandonadas que, sobre la vereda a medio hacer, cuentan mudas a quien quiera ver que allí ese plazo no se respetó. A propósito de Planeamiento, es justamente esa el área que entiende en estas cosas. Primero el secretario se fue de vacaciones. Si bien la obra está tan a la vista para quienes moran en el palacio que no resulta posible obviarla, antes del descanso el hombre “no la vio”. En su ausencia, lo reemplazó en la firma el secretario de gobierno, Alejandro Vicente, quien desdobló su personalidad administrativa y primero le dio el visto bueno. Firmó y selló. Pero más tarde, ya desde su oficina original, la de Gobierno, volvió a firmar y sellar “dejando sin efecto” lo rubricado con anterioridad. ¡Cosas veredes Sancho! decía el ingenioso Caballero andante. Sin embargo es posible que lo hubieran alucinado más estas extrañas desventuras y desdoblamientos que los mismísimos molinos de viento. Claro que El Quijote es una figura entrañable, utópica, ejemplar en cierto sentido. Mientras los protagonistas de esta historia no dejarán memoria de ninguna ejemplaridad.

En los primeros días de enero, un concejal opositor se sorprendió al ver al secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, inspeccionando la “obra” que, como cualquiera que camine hoy por Luro entre San Luis y Mitre, constatará que se encuentra abandonada. “Hay una ordenanza que autoprohibe a la municipalidad  realizar trabajos en calzadas o aceras entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de cada año. Ellos mismos la violan. Es de locos lo que me estás contando”, admitía ese concejal en la mañana del martes, cuando recordaba aquel encuentro fortuito con el funcionario. “¡Y pensar que a Elio Aprile le hicieron la vida imposible por comprar unos libros”, exclamaba aún sorprendido el edil. Hoy a cualquier funcionario municipal le costaría mucho responder quien hizo la obra -en realidad, quien la comenzó-, bajo que licitación, con qué plazos, etc. “Es tremendo. Intentaron armar una licitación para una obra ya iniciada. Jamás visto. Arrollaron con todo lo legal. A esta altura, lo único que están haciendo algunos súper funcionarios es darle trabajo extra a la Fiscalía de Delitos Económicos y al Tribunal de Cuentas de la Provincia que ya debería evaluar la posibilidad de abrir una delegación en Mar del Plata a la luz de todo lo que está sucediendo de manera irregular”, reconocía en off un funcionario del equipo de Arroyo que tampoco puso el “gancho” en los papeles que corrieron por distintas oficinas para avalar semejante “truchada”.

En las últimas horas, sabiendo que ya se habían filtrado datos de este escandaloso episodio, se pensaba en salidas “elegantes” para minimizar el impacto de la denuncia. Paradójicamente, el titular de Economía, Hernán Mourelle, debía ser “salvado” por el funcionario al que más critica, en forma pública o privada, tal el caso de Eduardo Leitao, titular del Emsur. “Si dice que el trabajo lo hizo gente de su dependencia la zafamos”, se escuchó sugerir a un asesor. Claro que antes Leitao tendrá que convencer a todos los trabajadores del Emsur de contar la misma historia, eliminar el baño químico y el obrador de la empresa que aún quedaron “olvidados” en la plaza, quemar las facturas de compras de materiales de la misma empresa y a la vez silenciar a cada uno de los obreros que sí pusieron “efectivamente” las baldosas en esa vereda inconclusa. Parece, para Leitao, una tarea bastante compleja.

Seguramente sobre esta polémica obra de la Plaza San Martín no hablará el intendente Carlos Arroyo en el discurso que ofrecerá el viernes en la sesión preparatoria del Concejo Deliberante. Pese a las “operetas” y versiones emanadas desde el mismo Ejecutivo, será reelegido presidente del cuerpo deliberativo el concejal Guillermo Sáenz Saralegui, quien supo ganarse el respeto de todas las bancadas por su diálogo constante. “Además se la jugó con nosotros cuando tuvimos el problema con Mourelle. Bancó los trapos, fue al frente y demostró solidaridad y palabra. Sin dudas lo votaremos nuevamente para que se desempeñe al frente del Concejo”, coinciden en señalar, palabras más, palabras menos, prácticamente todos los ediles menos los “arroyistas” que tenían otros candidatos aunque rápidamente se “quedaron sin nafta” en el camino hacia la titularidad del HCD.

Fue una semana donde lo ilógico se apoderó de todas las polémicas y conflictos en el Palacio Municipal. Un breve repaso. Un secretario enfrentado con todo el gabinete, volvió a formular declaraciones polémicas y terminó desautorizando a su jefe, el intendente, y criticando a la gobernadora. Otro secretario culpó a éste de no haber permitido el uso de handies por un valor de un millón de dólares, guardados en una oficina durante más de un año. Desde la Gobernación avisaron que nada tienen que ver con el funcionario polémico que oportunamente enviaron desde Lanús. El intendente salió a decir que están en uso esos equipos cuando en realidad se están empleando otros similares pero que se alquilaron, mientras se conocían las fotografías de las cajas apiladas sin abrir y desde La Plata, el ministro Ritondo expresaba su bronca ante tal situación. Al mismo tiempo se demoraba la autorización de la suba del boleto y los empresarios reclamaban un nuevo aumento. A todo esto, la Justicia comenzó a investigar las irregularidades que se registraron en Rancho Móvil, trascendiendo que uno de los bungalows pertenecería a un familiar de la funcionaria que debía controlar que allí sólo hubiese casillas rodantes. Demasiado para tan pocos días…

A todo esto, en la Gobernación, y de cara a las elecciones, ya se encienden luces de alarma con respecto a lo que sucede en Mar del Plata. “Hasta ahora, las balas no hacían mella en la figura de Vidal pero en las últimas mediciones hay números que preocupan. Tenemos encuestas que marcan una desaprobación de más del 80% de marplatenses y batanenses a la gestión de Arroyo. Pero los opositores no van a dejar pasar por alto de que Arroyo es, pese a todo, parte de Cambiemos”, dice uno de los “armadores” de la Provincia que estuvo tres días en la ciudad manteniendo infinidad de reuniones. “Por suerte está fragmentada la oposición en Mar del Plata, pero nosotros necesitamos no sólo ganar en octubre sino hacerlo por una buena diferencia, al igual que en La Plata, para intentar nivelar lo que será la derrota en La Matanza. Hoy no nos sobra nada”, reconoció en el palco del Mundialista donde estuvo en la noche del sábado viendo el partido entre las leyendas de la selección y las del fútbol local. Cada polémica que involucra al gobierno local -handies, Rancho Móvil, tasa a las marquesinas, internas en Cambiemos- erosiona a la coalición gobernante para inquietud de los “popes” del PRO provinciales y nacionales que viven pendientes de las encuestas.

En otro aspecto, comienza a actuar la Justicia, (concretamente la Fiscalía de Delitos Económicos), en la investigación de las posibles estafas y complicidades políticas en torno a lo sucedido en Rancho Móvil. El fiscal David Bruna investigará posibles estafas con la comercialización de tierras fiscales y responsabilidades de los funcionarios que debían velar por el cuidado de ese predio. Los socios originarios que explotaban ese espacio fiscal, disfrutando de sus casillas rodantes, hoy se muestran dispuestos a denunciar todo lo que saben -de hecho ya lo habían hecho ante las autoridades pero en los últimos dos años nadie los escuchó- en los estrados judiciales.

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En la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) comenzarán a tomarse en las próximas horas declaraciones testimoniales tanto a socios viejos como nuevos, para “tener un panorama de que fue lo que ocurrió y cómo se llegó a la situación actual”, confió una fuente judicial que admitió que todavía esperan por la prueba documental solicitada a la Municipalidad -llegaría este miércoles-para poder analizar el expediente. Por ahora, cabe aclararlo, todas las declaraciones serán testimoniales. “Todavía no hay víctimas ni imputados hasta que no se entienda bien la historia de Rancho Móvil y todo lo sucedido. Por el momento -resaltó la fuente- no se definió si hubo un accionar ilegal ni si hay responsables”.

Extraoficialmente, se van conociendo los nombres de los propietarios de los bungalows “truchos” construidos sobre terrenos fiscales, tratándose, en la mayoría de los casos, de marplatenses con alto poder adquisitivo. “En primer lugar habrá que investigar si hubo un accionar ilegal entre los funcionarios responsables de la Unidad Fiscal -concretamente el Emtur, presidido por Gabriela Magnoler- y si existieron víctimas de algún tipo de estafas en la compra y venta de lotes”, se estableció. Desde el sector de los viejos socios, los voceros califican de injusta la situación. “Había mucha gente que hacía las cosas bien. Estos vivos destruyeron el espíritu del lugar. Tenían cobertura política evidentemente”, dice una de las socias fundadoras, quien a través de las fotos es capaz de identificar a los propietarios de cada uno de los bungalows.

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Los nombres, claro está, se conocerán oficialmente cuando la Justicia cuente con toda la información que el Emtur no entregó en el Concejo Deliberante. “Sería interesante -sorprendió la enojada mujer- que el fiscal le pregunte a “Juani” (Juan Ignacio R., arquitecto), dueño de uno de los “ranchitos”, si por casualidad no es ahijado de la presidenta del Emtur, Gabriela Magnoler, quien parece que se enteró de todas las irregularidades cuando se denunció el caso en la tapa de LA CAPITAL. Ya entraría en la esfera de su vida privada preguntarle a “Juani” por qué borró de su facebook, hace algunos días, la foto sonriente junto a su madrina funcionaria”, disparó la mujer quien también contó una anécdota vivida con Tomás (propietario de dos cabañas, quien aparentemente lideraba la conducción de la comisión directiva del lugar). “Yo estaba presente cuando le dijo a una amiga mía que si los de las casillas no paraban de joder con las denuncias mandaría a Barrios de Pie a copar el lugar. Con Tito, el de la cabaña de madera de la punta, manejaban todo”, añadió.

Lo cierto es que el fiscal y quienes tienen a su cargo la investigación, preguntarán quiénes son los socios de la entidad a la que el 24 de enero el intendente le sacó el permiso para el uso de las tierras y si hay documentación sobre la compra y venta de bienes. Además, consultará a los vecinos que denuncian desde hace meses los movimientos “ilegales” en la zona. De hecho, una nota de LA CAPITAL de julio de 2016 hablaba del desmonte y loteo ilegal del predio. “Un grupo de socios de la entidad (Rancho Móvil) denunció el desmonte del predio y su cierre para un emprendimiento inmobiliario privado”, señalaba la nota. En el predio de la UTF Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 28 de la ruta 11, Rancho Móvil solo tenía permitida la instalación de casillas rodantes. En septiembre del año pasado había tres construcciones fijas y solo una fue desmontada. Entre ese mes y enero las “cabañas” o “ranchitos” llegaron a 17. Según parte de los concejales que escucharon los argumentos de Magnoler en la comisión de Turismo, no hay duda de que alguien con poder político dio la venia para que se produjeran esas instalaciones fuera de toda regla.

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“No sé cómo se enteraron pero fue así”, reconoció ante LA CAPITAL el reconocido empleado de carrera de Obras Sanitarias Sociedad de Estado, a propósito de lo publicado por este medio sobre el “fellinesco” episodio vivido con la adquisición, por parte de OSSE, de 12 unidades Fiat Fiorino que en lugar de ser traídas a Mar del Plata en un camión mosquito, se decidió que fueran a buscarlas empleados de la repartición. Por la autovía 2 llegaron 9 a la ciudad. Tres unidades “se quedaron” en el camino. “Lo peor de todos fue que la semana pasada -contó el informante- la vicepresidenta Viviana Bolgeri estaba armando una foto con los nuevos vehículos. Pero cambió de idea cuando se le acercó un colaborador y le preguntó si había visto en LA CAPITAL -el ejemplar estaba sobre su escritorio- la nota de las Fiorino. Cuando leyó el artículo le cambió la cara y decidió suspender la foto convencida también por la Jefa de Compras quien comentó que publicar esa foto no ayudaba en el reclamo con el proveedor quien desconoce la falla de los 3 móviles. Al menos, a nadie se le ocurrió “plotear” tres viejos rodados, como se hizo con la “inauguración” de los bebedores, instalados por la gestión anterior, en distintos puntos de la costa”, añadió, poniéndole un toque de humor a la situación. El mismo “laburante”, celoso de los bienes de la empresa, tampoco entiende por que Bolgeri entregó a la municipalidad “sin ningún papel de comodato, préstamo o lo que fuera, la Pick Up Chevrolet S-10, Patente ESH-067”.

A todo esto, el 1 de marzo deberían realizarse las controvertidas elecciones en el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, donde Daniel Díaz -quien a la vez es director de OSSE- buscará la reelección tras haber gozado de una licencia otorgada por el intendente desde el 2 de enero para dedicarse a full a la campaña. A todo esto, el directorio de la empresa tras la jubilación de Mario Del’Olio, sigue acéfalo, ya que Emiliano Giri -hoy director ad honorem- fue propuesto como presidente por Arroyo, pero no cuenta con los votos en el Concejo Deliberante para avalar esa iniciativa. En consecuencia, hoy toda la responsabilidad administrativa y jurídica de la empresa recae en su vicepresidenta, Viviana Bolgeri.

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Aunque suene descabellado, las diferencias en el bloque de concejales de Cambiemos han beneficiado, al menos económicamente, a los habitantes de este distrito. Con su mayoría automática, todos los proyectos e iniciativas del Ejecutivo podrían haber sido aprobados con un simple trámite, con lo cual el Concejo se hubiese convertido en una “escribanía”. Sin embargo, fueron los mismos integrantes del bloque de la coalición gobernante (a excepción de los representantes del arroyismo puro) y obviamente los ediles opositores- quienes en varias oportunidades le pusieron freno a algunas ciertamente descabelladas del Ejecutivo. Es el verdadero juego de la democracia algunos funcionarios no terminan de entender. dedicándose a descalificar cuando no le aprueban a libro cerrado lo que piden. El caso de la tarifa de Obras Sanitarias y la TSU vuelven a ser en estos días ejemplo de ellos.

Desde Obras Sanitarias se presentó un proyecto de presupuesto que contemplaba un aumento del 44% a la ya altísima tarifa del agua, que la convierte en la más cara del país. El lunes, en la reunión de la comisión de Recursos Hídricos del Concejo les hicieron saber a los responsables de OSSE que recién comenzarán a hablar del presupuesto cuando tengan en sus escritorios una iniciativa que estime una suba de no más del 38 por ciento. Tarea para el hogar para las autoridades de OSSE que deberán replantear todo el esquema de gastos e inversiones a partir de los cálculos de ingresos con ese porcentaje tope. También en la comisión se habló de la postulación de Emiliano Giri como presidente de esa dependencia, cargo que hoy, con su accionar, parece estar ocupando. “Lo más probable es que se le devuelva el sobre al intendente para que vuelva a postular si quiere a Giri, pero estableciendo que su mandato al frente de OSSE será hasta que culmine la actual gestión municipal y de ninguna manera por cuatro años. Recién ahí se empezaría a discutir”, graficó un concejal opositor, sintetizando también la posición de gran parte del bloque de Cambiemos. En la reunión también hubo algunas chicanas sobre la licencia que otorgó el intendente a uno de los directores de la empresa, Daniel Díaz, quien a su vez es el titular del gremio.

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De lo sucedido en la comisión de Recursos Hídricos del Concejo debe haber tomado nota el equipo de Economía y Hacienda del Ejecutivo, que sabe ahora que de ninguna manera se podrá aprobar un incremento del 50% -en dos tramos- en la Tasa de Servicios Urbanos. Si bien el presupuesto ni siquiera comenzó a tratarse, está claro que ni los concejales opositores -Unidad Ciudadana, Acción Marplatense y 1País especialmente- ni los radicales de Cambiemos -¿se vendrá otra catarata de ofensas del secretario Mourelle?- ni la Coalición Cívica, están dispuestos a convalidar una suba del 50 por ciento en esta tasa. “Como en Obras Sanitarias, en Economía van a tener que afinar el lápiz y hacer nuevamente los cálculos. De todos modos, Mourelle se ufana de que este es un presupuesto equilibrado y con superávit, de modo que no va a tener problemas en desinflar un poco sus pretenciones recaudatorias”, reflexionó la combativa edil, “especialista” en servir mates lavados a los visitantes de su despacho.

La historia de los 300 handies arrumbados durante más de un año en una oficina del cuarto piso de la Municipalidad también quedará en la historia reciente como otro de los jalones de la falta de gestión del gobierno municipal. Equipos de comunicaciones por más de un millón de dólares adquiridos con fondos aportados por el ministerio de Seguridad de la Provincia que debían ser destinados a la policía local, encriptados, y que quizás tras la denuncia de LA CAPITAL avalada por los defensores del Pueblo, por fin puedan ser utilizados en lugar de algunos de los que alquiló la municipalidad el pasado año. Tanto el ex jefe de la policía local, Fernando Telpuk, como el actual subsecretario de Seguridad –éste responsabilizó al secretario de Hacienda de trabar el expediente- reconocieron que los handies así como llegaron fueron apilados en una oficina.

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Se trata de 300 aparatos de primera generación, Motorola, por los que se abonaron 17 millones de pesos, de un total de 64 millones que envió la Provincia para Seguridad. Desde enero de 2018 se encuentran en una oficina del cuarto piso, mientras que a través de la licitación número 65 de agosto pasado, se alquilaron por seis meses 234 aparatos de comunicaciones, parte de los cuales fueron entregados a la Policía Local. Estos no cuentan con frecuencias encriptadas, lo cual no es un detalle menor. “Si hay un delito a dos cuadras de donde están los policías, ellos tienen que esperar que el operador del COM del 911 los llame por el handy alquilado para intervenir”, reveló un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Provincia que vino especialmente a Mar del Plata para interiorizarse de la situación. Fue él quien explicó que desde Comunicaciones de la comuna le enviaron tres notas al subsecretario de Seguridad, en junio, octubre y en enero último, para que retire los equipos. Marcelo Lencina, en todos los casos, respondió que el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, no se lo permitía. Nunca se detallaron los motivos. Una desprolijidad desde todo punto de vista.

A todo esto, el intendente Arroyo, consultado por la prensa ante esta irregularidad -incluso están por vencerse las garantías de los equipos-, dijo que “estamos trabajando” al tiempo que negó que no se estén utilizando los modernos handies. Mientras señalaba esto, circulaban las fotos tomadas en la oficina del cuarto piso con las cajas sin abrir. En La Plata, una vez más expresaba su bronca el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. “El municipio recibió más de 68 millones de pesos del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad. Entiendo que le quieran entregar un par de handies a otras dependencias, pero no podemos habilitar diez capas encriptadas. El objetivo era destinar estos handies a la Policía local que tanto los necesita”, expresó uno de los asesores de Ritondo. El intendente, seguramente, al formular declaraciones, confundió los handies. Los que están en uso, y a los que se refirió seguramente, son los de la licitación ganada por la firma Bacigalupo a través de la cual se alquilaron aparatos por más de un millón de pesos. “El 19 de septiembre -refieren en el Ministerio de Seguridad- por intermedio de la subsecretaría de Relaciones Institucionales se remitió al municipio de General Pueyrredon para que se adjunte ordenanza y decreto que autorice la firma del intendente y la rubrica de los dos ejemplares del contrato de comodato, el cual nunca volvió a este ministerio para la correcta tramitación”.

Cortitas y al pie. Hay malestar en el gobierno de la Provincia con el supermercadista Antonio Toledo, por sus recientes declaraciones. “Que haya contado la mitad de la historia lo vuelve poco creíble. Toledo tiene un serio problema de management y de estrategias comerciales. En dos oportunidades estuvo a punto de ser vendida la cadena a dos firmas internacionales y a último momento cambiaron las reglas de juego”, se quejaron en La Plata// Vuelve la Fragata Libertad. Este jueves, luego de tres años sin visitar la ciudad, amarrará en la Base Naval local donde podrá ser visitada por turistas y marplatenses. Una propuesta más que interesante// Días atrás se presentó en la ciudad “Oceánica”, la primera cerveza argentina hecha a partir de agua de mar desalinizada. Antares y Fluence se unieron para elaborar esta cerveza en una muestra de las importantes oportunidades que brinda la tecnología de desalinización para la solución al problema del agua. // “Pedile a los muchachos de EDEA que no se olviden de Sierra de los Padres. Dos por tres tenemos cortes de energía, algo que no sucede en Mar del Plata. Que se pongan las pilas che”. El ex concejal justicialista, con casa de fin de semana en la Sierra escuchó el reclamo de varios vecinos y prometió hacerlo llegar a las máximas autoridades locales de la empresa energética.