Si hay algo que iguala a la motosierra y la licuadora, dos instrumentos emblemáticos y metafóricos de la breve pero intensa gestión de Javier Milei, es su caracterización de máquinas, literalmente. Pero sucede que hay otro artefacto que el oficialismo activa todo el tiempo, con el que logra marcar la agenda y que todo gire a su alrededor.

Ese mecanismo incluye pero excede lo comunicacional, una pieza clave en el andamiaje libertario tanto durante la campaña electoral como en estos tiempos gubernamentales, merced a los servicios del asesor cada vez más premium Santiago Caputo.

Anuncios, propuestas, medidas, confrontaciones, descalificaciones, son todas variantes del abanico oficialista para controlar la conversación pública, mientras el ajuste económico impacta fuertemente en gran parte de la población: “Yo sé que siete de cada diez personas están peor”, admitió hace una semana en TV el Presidente tras memorizar una encuesta de Federico Aurelio. Y eso que todavía no se llegó al fondo de la caída, de acuerdo a los cálculos oficiales.

Esa dinámica incluye sortear pasos en falso e intentar convertirlos en puntos a favor. Ocurrió con el desguace y muerte de la ley ómnibus original y con los autoaumentos salariales en el Congreso y el Poder Ejecutivo, por citar un par de ejemplos.

El dispositivo conlleva ingredientes de disrupción (otra bandera mileísta), conflicto y sorpresa, lo que lo hace más eficiente a la hora de tratar de mantener vivo el fuego de la iniciativa. La supuesta batalla cultural. Movimientos a los que la política tradicional está desacostumbrada y le cuesta aún una enormidad desentrañar. Y no solo a la política.

En días recientes volvió a exponerse ese artilugio en al menos dos episodios, aparentemente sin conexión entre sí: el desenlace de la crisis entre Milei y su vice, Victoria Villarruel, y la nominación a la Corte Suprema de Ariel Lijo, el juez más controvertido del ya controvertido fuero federal de Comodoro Py.

A la tensión pública de la exfórmula presidencial de LLA, detonada a partir de la decisión de Villarruel de habilitar la sesión en el Senado que rechazó el mega DNU 70, se ensayó desinflarla con sobreactuaciones presenciales y fotográficas de amor y paz. Curiosa práctica, al ser precedida de la desmentida del Presidente de que hubiera roces con su vice, salvo los “imperceptibles”, como le admitió a Luis Majul.

Fiel a su estilo, Villarruel fue más directa y ponzoñosa en su versión del vínculo. Con la venia oficial, otorgó su primer reportaje televisivo en su nuevo cargo a Jonatan Viale (que tiene un programa en TN pero no está tan nervioso como los dueños del canal, según clamó Milei).

Allí, la titular de la Cámara de Senadores ratificó su alineamiento con el jefe de Estado, al que chicaneó “en broma” con que la recibe con sosas galletas en vez de medialunas y que queda “pobre, como un jamoncito” en medio de dos panes muy duros que serían ella y Karina, la todopoderosa hermana presidencial. Ajá.

Como los macristas que atacaban a Marcos Peña en vez de caerle al entonces mandatario, Villarruel (y no solo ella) prefiere cargar las tintas sobre la hermana Milei, el influyente Caputo y el silencioso Nicolás Posse la culpa de su desplazamiento de la mesa del poder. Nada parece cambiar al respecto: la vice hasta fue marginada de la idea y producción de un spot oficialista para redes respecto al aniversario del golpe del 24 de marzo, que se conmemora hoy, y la “memoria completa” con la que siempre se embanderó Villarruel, que suena muy similar a la teoría de los dos demonios.

De hecho, la vicepresidenta criticó en la entrevista el uso de las Fuerzas Armadas en el operativo antinarco en Rosario, “cuando los que combatieron al terrorismo cómo terminaron: presos”. Patricia Bullrich la invitó a debatir al respecto, aunque “mirando hacia delante”. Claro.

Villarruel defendió su rol en el Senado tanto como asumió su postergación política. Lo reconoció con todas las letras al sostener que fue corrida de la prometida injerencia en Defensa y Seguridad. Y que se enteró por los medios de que el juez Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla son los postulados por el Poder Ejecutivo para llegar a la Corte. Para ello deben conseguir los dos tercios de los votos en la Cámara alta que ella preside. Llamativo.

Gente que trajina los pasillos del poder deja trascender que Lijo ya está en busca de contactar a Villarruel, quien sostuvo que no lo conoce pero lo defenestró por dormir una causa, una de las especialidades de la casa. Acaso la vice acceda –o no– a verlo en el primer piso de la joyería Simonetta Orsini o en el recoleto restaurante donde el magistrado se hace cocinar para él y sus especiales invitados.

El frondoso y oscuro legajo de Lijo podría convertir su camino hacia el máximo tribunal del país en una quimera. Un genuino exponente de la casta política y judicial, al criterio de las fuerzas del cielo, con nutridos procesos de destitución abiertos en el Consejo de la Magistratura por sospechas de corrupción, que casualmente jamás avanzaron en diferentes administraciones.

En ese mismo tren de casualidades, fueron más que escasas las críticas a la propuesta oficial de que Lijo vaya a la Corte. Ni el peronismo, ni el radicalismo ni el PRO alzaron la voz, más allá de plantear que se entierra la paridad de género en el alto tribunal.

Tal vez haya que preguntarse cuánta incidencia tiene en ese silencio atroz los vínculos de Lijo construidos paciente y afanosamente durante las dos décadas que lleva en Comodoro Py. Del radical macrista Daniel Angelici al justicialista ortodoxo Gildo Insfrán (compadre del jefe de la bancada de UP en el Senado, el también formoseño José Mayans), pasando por empresarios, comunicadores e influencers de la inteligencia vernácula.

También, obvio, su paraguas de protección se extiende por el mundo judicial. El más prominente es el de Ricardo Lorenzetti, el cortesano nostálgico de su era presidencial y que batalla habitualmente en vano con sus tres colegas de toga: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el futuro jubilado.

Fuentes oficiales interpretan la unción de Lijo y de García-Mansilla como una pretensión de torcer la habitual votación de 3-1 en la Corte, para pasar a dejar en minoría a la dupla Rosatti-Rosenkrantz, que suele ser renuente a aceptar los deseos del gobierno de turno. El actual está lejos de ser la excepción.

Esos mismos voceros le adjudican la idea de la movida al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que trabajó varios años en la Corte Suprema y habría tejido una hermosa amistad con Caputo. El omnipresente Santiago Caputo. El arquitecto de la narrativa mileísta.

Sucede que con Villarruel y Lijo, como con otros casos, se exponen ciertas contradicciones del relato libertario. Un hilo cada vez menos invisible que conecta al mismo tiempo lo dogmático con el pragmatismo. Lo genuino con lo artificial. La transparencia con la impostura.