Una masiva marcha unió ayer el palacio de Tribunales con la sede de la Gobernación. El objetivo fue exigir justicia por la muerte de Franco Casco, el joven de 20 años que fue visto por última vez con vida en la seccional séptima de policía el 7 de octubre y cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná 23 días después. Encabezada por sus padres y sus ocho hermanos, la gruesa columna de manifestantes fue tapizando las paredes del centro con la consigna más repetida: "Se sabía que a Franco Casco lo mató la policía". Para que no quedaran dudas, la cabecera de manifestantes -uno por agrupación- llevaba una consigna similar: "Todos sabíamos". El próximo lunes se realizará una nueva autopsia.

"Yo lo vi golpeado en la comisaría, a mi hijo lo mataron ellos porque fueron los últimos que lo vieron, lo mataron a golpes", sostuvo entre lágrimas, Elsa Godoy, mamá de Franco, en alusión a los policías de la comisaría 7ª donde el joven estuvo detenido.

La concentración comenzó en Tribunales, por calle Balcarce, y llegó a la plaza San Martín, frente a la Gobernación, donde se leyó un documento, donde se acusó al gobierno provincial por el destino del joven de Florencio Varela. "Desde su desaparición el gobierno provincial decidió no buscar a Franco, al tiempo que mantuvo un silencio cómplice con la policía que recién se rompió con las vergonzosas declaraciones de Ignacio Del Vecchio, secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, en las que afirmaba que se lo había visto en un templo evangélico pidiendo alimentos y vestimenta, haciendo propias las pistas falsas sembradas por la propia policía", señala el documento leído por un joven de barrio Ludueña.

"Denunciamos y repudiamos también la lamentable actuación de la Fiscalía, que actuó pasivamente, sin contemplar los reclamos de la familia y demorando negligentemente el pedido de medidas elementales como la captura de las filmaciones surgidas de las cámaras de seguridad cercanas a la comisaría entre otras inadmisibles irregularidades". agrega el documento. Por eso se exigió que la carátula del expediente sea "Desaparición forzada de personas", un delito de lesa humanidad con jurisdicción federal.

El documento fue consensuado por una importante cantidad de organizaciones políticas, sociales, estudiantes y barriales, que conformaron una multisectorial. Por eso el escrito concluía denunciando y repudiando "los asesinatos y la represión sistemática a pibes pobres de los barrios populares por parte de las fuerzas de seguridad, tal como fue el caso de Emanuel 'Joroba' Cichero, del que mañana (por hoy) se cumplirá un año de su atroz homicidio, todavía no esclarecido por la Justicia, y de tantas otras vidas jóvenes que nos han robado".

Entre los firmantes del texto se encuentran Patria Grande, Movimiento Evita y JP Evita, PTS, Nuevo Encuentro, Corriente Clasista Combativa, Pueblos originarios en Lucha, APDH, ATE Rosario, MST, La Cámpora, la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho (UNR), entre otros.

Por la mañana, los familiares fueron recibidos en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Eduardo Toniolli. "Pedimos Justicia por Franco y por muchos chicos más que mata la policía", dijo la mujer que espera que le entreguen el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo en Buenos Aires. "Me dijeron que será recién la semana que viene porque el lunes van a hacer una nueva autopsia", contó. Ya se hicieron dos estudios sobre el cuerpo. Ninguno pudo determinar cuál fue la causa de muerte. Sin embargo, las dos pericias disintieron en algunos puntos. Por eso el lunes se hará un nuevo estudio.

Para el defensor general de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón el caso debe ser investigado por la Justicia Federal. Por eso la semana pasada presentó un escrito ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). El organismo aceptó el pedido. El juez Marcelo Bailaque es quien deberá resolver el tema de la competencia.