El juez de Instrucción del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez, finalizó con la ronda de indagatorias en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene por imputados al intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, a la pareja de este, Nerina Julieta Mustafá, y al hijo de ambos, Jorge Yapura Astorga (h). Ayer fue el turno de este último, quien se presentó acompañado por el abogado Ricardo Scheuermann y se abstuvo de prestar declaración.

El letrado aprovechó el acto procesal para solicitar la nulidad de la pesquisa, de la que también participó el fiscal de Instrucción de Monteros, Jorge Carrasco. Según Scheuermann, los plazos se vencieron al momento del requerimiento de iniciar la investigación jurisdiccional y de retirarle los fueros al jefe municipal. “La Cámara de Apelaciones en lo Penal ya indicó que, cuando se superan los tres días, se superan los plazos. En este caso pasaron al menos 20 días hasta el pedido del fiscal de Instrucción. Es motivo de nulidad y lo puedo plantear en cualquier instancia del proceso”, le explicó el abogado a LA GACETA. Añadió que si prospera su escrito, “caerá todo el expediente”. 

La causa fue abierta en mayo del año pasado, sobre la base de una denuncia del edil tafinisto Daniel Arnedo y del dirigente Sebastián Luna, titular del partido Valles Calchaquíes, ambos asesorados por el abogado y peronista disidente Oscar López.

En septiembre de 2015, Velázquez le tomó declaración indagatoria a Yapura Astorga y le imputó posibles delitos en contra de la Administración Pública. Según la hipótesis oficial, el intendente dispuso compras al almacén “Floppy III”, propiedad de su pareja. Velázquez sospecha que el jefe municipal, reelecto por el Frente para la Victoria en los comicios pasados, obtuvo ganacias de modo supuestamente irregular por unos $ 3,1 millones.

Sobre la base de un informe contable realizado por peritos de la Corte Suprema, el magistrado ahora imputó a Yapura Astorga (declaró el miércoles), a Mustafá (lo hizo el jueves) y a Yapura Astorga (h) por un presunto enriquecimiento ilícito. Velázquez sostiene que el intendente habría utilizado a sus parientes como “pantalla” para disimular su incremento patrimonial.

Al testificar, el intendente negó todas las acusaciones. Según su versión, las compras efectuadas a “Floppy III” fueron concretadas de manera legal, y efectuadas sobre la base de normativas municipales. Scheuermann solicitó en ese momento la nulidad del informe contable efectuado por la perito de la Corte Suprema. Alegó que los profesionales habían tenido siete meses para elaborar los datos, mientras que él sólo contó con 20 días para recabar la información solicitada por el magistrado.

Yapura Astorga apuntó contra el dirigente Luna. Aseguró que la demanda tiene motivos políticos y personales. Según documentación que aportó a LA GACETA, una tía suya,Antonia Lagoria, le ganó entre 2013 y 2014 un juicio de desalojo por incumplimiento de contrato al titular del partido Valles Calchaquíes. El intendente asegura que la Justicia provincial dictó en esa ocasión un embargo en contra de Luna por $ 65.000.

En la Legislatura

Luna, asesorado por el peronista disidente López, concurrió a la Legislatura para solicitarle a la comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara que proceda a apartar de su cargo al intendente, citando el artículo 44 de la Ley de Municipalidades (N° 5.529/1983). “Imputándose al intendente la comisión de un delito penal, su suspensión preventiva procederá de pleno derecho cuando el juez competente califique en auto la existencia de semiplena prueba de responsabilidad”, indica la norma. La legisladoraStella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) recibió el planteo como integrante de la comisión. “Vamos a pedir los informes necesarios. Creo que es una situación grave que merece la atención de la Cámara”, indicó la ex diputada nacional.

El abogado Oscar López, del peronismo disidente, criticó el hábeas corpus dictado en fallo dividido por la Cámara de Apelaciones en lo Penal a favor de Jorge Yapura Astorga y de sus familiares. La medida imposibilitó al juez Mario Valázquez de detener a los imputados. “La Cámara de Apelaciones ha producido un desborde jurisdiccional”, afirmó López.