Horas después de asumir al frente del Ministerio de Transporte, Alexis Guerrera entendió que debía hacerle una “sutura política” al asunto más espinoso que había heredado de su antecesor: el futuro de la Hidrovía. El exintendente massista aplicó la lección que otros aprendieron antes que él y tocó la puerta más sensible de la administración pública. Tras conversar con el Presidente y con Sergio Massa -su jefe político- la fue a ver directamente a Cristina Kirchner.

Cuando a fines de abril Mario Meoni falleció en un trágico accidente faltaban muy pocos días para que venciera la concesión de la Hidrovía, que hace 25 años está en manos de la belga Jan de Nul y la empresa local Emepa, de Gabriel Romero. La prórroga del contrato por 90 días hábiles (que está vigente ahora) la tuvo que firmar el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, porque en esa semana Transporte estaba acéfalo.

EL GOBIERNO SE DISPONE A TOMAR EL CONTROL DE LA HIDROVÍA AL MENOS POR UN AÑO

Pero la decisión sobre qué hacer con la vía navegable Paraná-Paraguay –por la que pasa el 80% de las exportaciones de la Argentina– no estaba resuelta cuando asumió Guerrera. Había muchísimo nerviosismo en algunos miembros del Instituto Patria, que claman púbicamente por la estatización, pero también entre los gobernadores involucrados en la traza y los empresarios interesados en el negocio, que genera peajes millonarios y en dólares.

El presidente y el ministro de Transporte, Alexis GuerreraTomás Cuesta - LA NACION

Meoni dejó en borrador “planes A” y “planes B” y también el trabajo de la Unidad Especial de la Hidrovía, ahora disuelta, con estudios realizados por universidades. Pero recién hace un mes, tras la asunción de Guerrera y luego de las validaciones políticas de rigor, fue que Fernández dejó la procrastinación y definió un curso de acción.

Se pasó de un plan de dos pasos a otro, de tres. Así, cuando a mediados de septiembre venza la prórroga de la concesión Jan de Nul-Emepa habrá una gestión provisoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), una sociedad del Estado que estará a cargo del cobro de los peajes y que hará una “licitación corta”, de un año, para subcontratar los servicios de dragado y balizamiento para el mantenimiento de la traza. Tal como publicó LA NACION, se espera que ese esquema –que saldrá por decreto en los próximos días– dure un año hasta que se culmine el proceso de licitación definitivo, que determinará el modelo de gestión de largo plazo.

Algunos de los actores públicos y privados involucrados en el asunto calculan que, por los plazos burocráticos que se requieren, la decisión de dejar la administración en manos de AGP podría aplazar la cuestión de fondo hasta 2023. El cálculo es que una vez que AGP se haga cargo de la Hidrovía, a mediados de septiembre, necesitará varios meses para culminar la “licitación corta”, quizás hasta fines de 2021. Si recién a partir de allí comienzan a correr los doce meses hasta adjudicar la “licitación larga”, la definición se correría hacia fines de 2022.

LOS INTERESES OCULTOS DETRÁS DE LA HIDROVÍA

“No tiene por qué demorar tanto, puede ser antes, hay mucha documentación que se viene preparando en borrador”, advirtió una fuente oficial. A los detalles finos del decreto, no obstante, todavía no los conoce nadie: hace varias semanas que Fernández tiene el texto en su escritorio y una coma cambiada a último minuto puede modificar las cláusulas y condiciones.

Quietud

Como sea, la decisión de darle la administración de la Hidrovía a AGP aquietó las aguas en el Frente de Todos. El Presidente podrá decir que, por un tiempo, el Estado tendrá soberanía sobre lo más importante: la caja de los peajes. “Había que tener control. Esto era como las máquinas tragamonedas, donde el dueño de casino te dice que facturó determinado monto y andá a cantarle a Gardel”, dijo a LA NACION un importante funcionario que estuvo en la mesa de decisiones.

Cristina Kirchner, durante la campaña de 2017, junto a Jorge Taiana y Fernanda VallejosArchivo

La AGP está conducida por José Beni, un santacruceño de perfil técnico que llegó referenciado por el Instituto Patria. Quizás por eso, desde esa entidad buscaron llevar tranquilidad al senador Jorge Taiana y a la diputada Fernanda Vallejos, los dos legisladores ultrakirchneristas que impulsaron la proclama por la recuperación de la “soberanía” de la Hidrovía. “Nos parece bien que el Estado muestre voluntad de tener una mayor presencia y supervisión sobre el río”, dijeron en las últimas horas cerca de Taiana.

Algunos en el Gobierno apuntan que detrás de las proclama por la soberanía está Horacio Tettamanti, exsecretario de Vías Navegables del gobierno de Cristina Kirchner y hombre fuerte detrás del astillero Servicios Portuarios Integrados, de Mar del Plata. Es un férreo defensor de la creación del canal de Magdalena, que derivaría el tránsito fluvial y marítimo de las exportaciones más cerca de la provincia de Buenos Aires. “Ellos fueron los que le prorrogaron la concesión a Jan de Nul y Romero, ahí no hablaban de soberanía”, ironizó un funcionario al tanto de las conversaciones.

Los líderes del Frente de TodosPresidencia

Mientras, las empresas interesadas en la Hidrovía están ansiosas por conocer los pliegos de la “licitación corta” , para definir la apetencia del negocio. “En el largo plazo estamos todos muertos”, ironizó una fuente del mercado. Hay muy pocas empresas en el mundo que pueden hacer el trabajo de remoción de sedimentos que requiere la traza del Paraná-Paraguay para que transiten las barcazas. En danza están dos empresas holandesas (Van Oord y Boskalis), dos belgas (Dredging International y Jan de Nul) y la china CCCC Shanghai Dredging, que podría ofrecer mayores facilidades de financiamiento.

Por la pata local, Emepa no dudaría volver a presentarse, a pesar de que Romero carga con su confesión en la causa de los cuadernos, donde dijo haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el kirchnerismo le renovara la concesión. También suenan en el mundillo naviero otras empresas como Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra), DyOPSA y Pentamar. No todas tienen la misma experiencia en el rubro.

LA FISCAL PIDIÓ SOBRESEER A TODOS LOS ACUSADOS POR EL PLAN QUNITA

Hay, en tanto, una decisión política que fue tomando forma en las últimas semanas: la licitación definitiva podría exigir la participación de una empresa argentina en el consorcio y se podría dividir el contrato en tres tramos. Eso arrojaría a más de un ganador.