El Gobierno Nacional creó este miércoles el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que tendrá como objetivo fiscalizar el funcionamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná y llevar adelante el proceso licitatorio nacional e internacional para la adjudicación de las obras ¿Cuál es el rumbo que se está tomando desde la visión de diferentes especialistas?

La hidrovía Paraguay-Paraná es una de las vías navegables más importantes para el comercio exterior de la Argentina. Por allí transita aproximadamente el 80% de la exportación nacional, alrededor del 81% del volumen de las exportaciones agrícolas y el 96% del tráfico de contenedores.

A través del decreto 556/2021 publicado en el Boletín Oficial, se determinó que el ente mencionado actúe como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte, con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

Su sede estará en Rosario, provincia de Santa Fe, y contará con un Consejo Directivo de 15 miembros que serán designados por el Poder Ejecutivo y una Comisión Asesora no vinculante, integrada por representantes de universidades públicas, usuarios y sindicatos, y de los ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería y Pesca, Medio Ambiente, Seguridad y Obras Públicas.

Entre sus fines principales plantea velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios y las usuarias, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del Estado y el cumplimiento de las leyes.

Los puntos positivos del proyecto

En líneas generales, los distintos expertos coinciden en resaltar la importancia de que el ente incluya la participación de las provincias y que tenga un carácter descentralizado con sede en Rosario. También rescatan el hecho de que saldó una deuda pendiente respecto al control de la vía, inexistente desde hace 26 años.

“Estaba en manos de Jan De Nul, una empresa belga, y el Grupo Empea, de Gabriel Romero, con todas las causas de corrupción que eso tenía. Ante esto, ha nacido un movimiento de más de 300 foros sobre un tema que es de soberanía”, destaca Luciano Orellano, integrante del Foro en Defensa del río Paraná y autor del libro “Argentina sangra por las barrancas del río Paraná”.

Por su parte, Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, señala como puntos positivos el estímulo para la fabricación de dragas nacionales y la creación de un banco de datos. En tanto, Horacio Tettamanti, subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015, subraya como saludable que se haya reemplazado la palabra “hidrovía”, que es extraña al castellano, por “vía navegable”.

Sin embargo, Tettamanti advierte acerca del riesgo de institucionalizar la idea de que el país tiene una sola vía de navegación y recuerda que en realidad posee una gran cantidad de canales y ríos. “Efectivamente esa única vía navegable fue definida por el Consenso de Washington porque las navegaciones importantes futuras quedaban reservadas para el uso de las multinacionales”, precisa.

Las principales críticas

Los especialistas plantean, por otra parte, que este nuevo decreto aún sigue generando muchas incertidumbres. Una de ellas es qué es lo que va a suceder con la Administración General de Puertos, que iba a gestionar y controlar la hidrovía durante 12 meses. Además, ven como preocupante que se vuelva a hablar de la necesidad de una licitación nacional e internacional y que continúe existiendo la posibilidad de que el dragado y balizamiento pasen a manos privadas.

“Se observa confusión de conceptos, no define con claridad objetivos. Es un ente que si bien a su título dice de ‘gestión’, después cuando se leen los objetivos y el detalle de las misiones que se otorga parece ser que de gestión tiene poco y nada. Pero tampoco es un órgano de control definido de forma clara”, analiza Tettamanti. Del Frade añade que otro punto alarmante es que se pueda realizar el redragado debido al aumento de la pérdida de biodiversidad que este conlleva.

“Cuando el Estado amenazó con estatizar la hidrovía el primer planteo que hacía todo el lobby agroindustrial era que el Estado vaya al control y no a la administración. Entonces, la pregunta es si se puede controlar sin administrar. Sería más representativo si el espacio denominado como Comisión Asesora tuviera alguna definición vinculante”, concluye Germán Mangione, precandidato a concejal por la alianza Soberanía Popular en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe.