Por: Tatiana Scorciapino

A una semana de la fecha límite para la presentación de ofertas, la UIA y las empresas que aspiran a quedarse con la concesión de la Hidrovía tensionan con el gobierno y extienden las acusaciones por el supuesto direccionamiento oficialista en favor de la empresa belga Jan de Nul. Su principal competidora, la dragadora DEME, lanzó este lunes un duro comunicado que volvió a echar luz a un conflicto.

Profundizando en su denuncia sobre aparentes beneficios para su principal competidora belga, la dragadora internacional alertó que el armado del pliego afecta “a la libre competencia y significarán sobrecostos innecesarios a productores y exportadores argentinos.” En este mismo sentido, el comunicado advierte que este armado impone mayores costos para las exportaciones. Dice que utiliza una ecuación para evaluar ofertas en la que se le asigna un 60% a los precios de oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final. De este modo, el actual concesionario de la Hidrovía -y principal candidato para renovar el negocio por otras tres décadas- podría “fijar los términos comerciales a su antojo, viciando totalmente el proceso.”

El mismo documento cuestiona el “insuficiente” plazo de 55 días que dio el gobierno nacional para preparar la documentación para un proceso de tamaña magnitud, al tiempo que polemiza las decisiones técnicas del mismo. “Se exige un calado máximo de 8 metros sin justificación técnica, lo cual limita la posibilidad de usar equipos más adecuados y favorece al actual concesionario, cuyo equipo ya cumple con esta restricción”, insiste el gigante belga.

Si bien el movimiento de la empresa llamó la atención en el sector por la crudeza del comunicado, lo cierto es que DEME es una de las principales interesadas en romper con la hegemonía que Jan de Nul tiene desde el menemato. Como ya contó este medio, semanas atrás la dragadora presentó una cautelar para suspender la licitación prevista para el 12 de febrero próximo, recurso que el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó en tiempo record.

“El fallo ya estaba escrito desde antes de que se presentara la denuncia. Un juez de feria definió en pleno enero que el proceso que habilitó el gobierno para llevar adelante un negocio de esta magnitud está en condiciones, llamativo”, dijeron por entonces a Tiempo fuentes de la empresa denunciante.

A las rispideces entre belgas, se suman sospechas entre otras empresas. Hace algunos días llegaron a los teléfonos de importantísimos empresarios del sector versiones que denuncian un posible acuerdo entre Jan de Nul y la empresa holandesa Van Oord. Según confiaron a Tiempo diversas fuentes, las cabezas de ambas dragadoras habrían acordado que la segunda presente números más altos de lo previsto en su carpeta para dejar a la actual concesionaria como única opción para continuar con el negocio. Ninguno de los representantes de estas compañías respondió ante la consulta de este medio sobre estas versiones.

En el gobierno, por su parte, le restan importancia a las denuncias de la empresa y no dan lugar a las especulaciones respecto a supuestos beneficios para la continuidad del negocio de Jan de Nul. “Desde nuestra parte ponemos todo para que la licitación se haga como corresponde. Las excusas de falta de tiempo son irrisorias. Hace más de un año que las empresas están al tanto de esta presentación”, afirman desde el oficialismo. La misma fuente, en tanto, advierte que estas denuncias públicas responden a un intento de debilitar al gobierno.

El pedido que hicieron senadores radicales el pasado 30 de enero, dicen en Balcarce 50, es sólo una muestra de ello. A través de una carta que le hicieron llegar al jefe de gabinete, Guillermo Francos, Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Stella Maris Olalla, Carolina Losada y Eduardo Galaretto le recomendaron al oficialismo presentar una serie de cambios en el pliego de la licitación y que se habilite la participación de Shanghai Dredging Company, la empresa estatal china que el gobierno dejó afuera luego de modificar la cláusula que habilita a compañías estatales a competir en el negocio.

En el mismo texto solicitaron profundizar el calado de 42 a 44 pies para garantizar una mayor rentabilidad por viaje, reducir el plazo de la concesión de 30 años a 15 y modificar criterios técnicos para seleccionar a los elegidos, mismo reclamo que presentó DEME por vía judicial apenas un mes atrás. El pedido de los legisladores fue tan llamativo que obligó a otros sectores del arco político a involucrarse. El ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, le pidió explicaciones a Rogelio Frigerio por el posicionamiento de sus senadores. Desde hace meses el hombre de confianza de Sergio Massa en Entre Ríos apuesta por polarizar con el gobernador para posicionarse en la provincia y competir para conseguir una banca en el Congreso este año.

En tanto, y para alimentar la teoría del gobierno sobre una supuesta avanzada en su contra, la tarde de este martes la UIA lanzó un comunicado en el que solicita al oficialismo extender los plazos para la presentación de las carpetas para la licitación. En el análisis elaborado por las cabezas de los industriales y presentado en su reunión de Junta Directiva, se pide al gobierno “avanzar en un proceso licitatorio que priorice la previsibilidad, la administración eficiente y la inversión en infraestructura para potenciar la competitividad de las exportaciones argentinas.”

Guerra silenciosa con Macri

A este supuesto lobby de las empresas, denunciado por el propio gobierno días atrás a través de la cuenta atribuida a Santiago Caputo en X, se suma la puja que el oficialismo mantiene con Mauricio Macri por el control de la vía navegable. El expresidente trabaja abiertamente para que la empresa Boskalis Dredging International -cuya principal accionista es la reina Máxima Zorreguieta- quede a cargo del control de la Hidrovía, un capricho que el principal asesor presidencial se puso como objetivo coartar. “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la Hidrovía”, rezó un posteo de Las Fuerzas del Cielo semanas atrás en medio de las tensiones por el entonces fallido intento del PRO por aprobar Ficha Limpia.

Puertas adentro del oficialismo afirman que Macri no juega sólo y sostienen que la Sociedad Rural, a través de su histórico representante legal, el abogado Ezequiel Cassagne, opera contra el gobierno para desestabilizarlo. El especialista en derecho administrativo fue nombrado por la familia Macri como representante en la Causa Correo, al mismo tiempo que su estudio se encargaba de la redacción de los proyectos de obras de Participación Público-Privada (PPP) de la gestión de Cambiemos. También fue letrado de la magistrada Maria Lilia Gómez Alonso, entonces jueza de la Sala B de la Cámara Nacional Comercial, tribunal a cargo de la investigación de la causa del Grupo SOCMA. En paralelo, es representante legal de la entidad que preside Nicolás Pino y fue quien sponsoreó a la SRA durante el conflicto por la suba de retenciones a la soja, en 2008.

Más allá de las tensiones con los sectores más importantes del país, en el gobierno afirman que no se moverán de la fecha seleccionada para la presentación de los pliegos, fijada para el próximo miércoles. Lejos de retobarse, la mesa chica del oficialismo irá a fondo y promete no dar el brazo a torcer frente al círculo rojo que, insisten, quiere voltear al gobierno. La dureza, como siempre, se mantendrá mientras todo marche acorde al plan.