Por: Tatiana Scorciapino

@Tatiscorciapino

Varias semanas antes de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la suspensión de la licitación de la Hidrovía, dentro del Gobierno sabían que el proceso ya estaba maldito. Atravesado por denuncias, insistentes declaraciones mediáticas y un particular merodeo por los pasillos de tribunales, en Casa Rosada están convencidos de que un sector del círculo rojo operó contra el oficialismo a través de la vía navegable.

Miércoles 12 de febrero 13hs fue la fecha dispuesta para el cierre de la presentación de ofertas. Las horas previas a la apertura de sobres, se multiplicaron las versiones sobre el número final de empresas que estaban realmente interesadas en hacerse de la concesión de la ruta por la que se mueven el 80% de las exportaciones del país y Jan de Nul maneja desde su privatización en el menemato. En horario cumplido, la página oficial utilizada para las contrataciones de obras públicas sólo tenía registrada una sola propuesta, la de Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME).

Presentación de la oferta de Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME) en el sitio CONTRAT.AR.

La postulación de esta compañía fue llamativa. Tan sólo diez días antes, la empresa hizo circular un comunicado en que expresó su “preocupación por el direccionamiento en el pliego para la concesión de dragado de la Hidrovía” en favor de Jan de Nul, que opera la vía navegable desde el menemato y era la principal candidata para extender el manejo por otros treinta años más. En aquel pronunciamiento, la firma exigía al gobierno la revisión de las condiciones para acceder al pliego, mismo reclamo que había iniciado por vía judicial con la presentación de una cautelar en la que se solicitó la extensión del proceso licitatorio. La justicia no dio lugar y el recurso fue rechazado en tiempo récord por el juez federal Enrique Lavié Pico durante la feria.

Las presiones de la principal competidora de la otra gran dragadora belga alertaron al oficialismo. Luego de haber sido la única empresa en presentarse, en Balcarce 50 incluso sospechan de que fue la propia compañía la que habría trabajado para vaciar la licitación. Este fue el principal motivo por el cual se instruyó a la Comisión de Defensa de la Competencia para que investigue la posible presión que habría ejercido DEME a otras empresas y la existencia de una presunta asociación ilícita en perjuicio del estado nacional y productores agropecuarios.

La compañía, por su parte, entiende que la jugada se dio al revés. Para los belgas fue el propio oficialismo el que trabajó para bajar el resto de las empresas que ya habían confirmado informalmente su participación en el proceso licitatorio. “Hasta ayer, Vand Oord y Jan de Nul iban a presentar ofertas y hoy ninguna dio la cara”, dijeron a Tiempo desde la empresa, notablemente molestos por la decisión del gobierno de exponerlos “de manera infantil” por sus, dicen, legítimos reclamos para lograr que la licitación se ejecute de manera transparente y equitativa para todos.

Como sea, puertas adentro de Casa Rosada leyeron las presiones del gigante multinacional como un ataque directo a la gestión de Javier Milei, comandado por un sector que pisa fuerte dentro del círculo rojo. Sin rodeos, cerca del presidente están convencidos de la existencia de un fuerte lobby para hacer doblegar al primer mandatario y que ceda ante las presiones de un sector que siempre se acomoda. En concreto, en el oficialismo sospechan que la Sociedad Rural (SRA), a través de Nicolás Pino y su letrado Ezequiel Cassange, operaron contra el oficialismo en favor de DEME.

Cassange es especialista en derecho administrativo y tiene una vasta trayectoria en el mundo judicial. En 2017, por caso, fue nombrado por la familia Macri como representante en la Causa Correo, al mismo tiempo que su estudio se encargaba de la redacción de los proyectos de obras de Participación Público-Privada (PPP) que se inauguraron durante la gestión de Cambiemos. También fue letrado de la magistrada Maria Lilia Gómez Alonso, entonces jueza de la Sala B de la Cámara Nacional Comercial, tribunal a cargo de la investigación de la causa del Grupo SOCMA. Años antes, representó a la SRA durante el conflicto por la suba de retenciones a la soja en 2008.

Las relaciones públicas no terminan allí. Encantado por el campo y la naturaleza, el abogado es dueño de un toro premiado durante la última edición de la feria de La Rural. La titularidad del resplandeciente animal es compartida con los titulares de la prestigiosa cabaña Tres Marías y Pieter Jan De Nul, heredero del dueño de la empresa que actualmente concesiona la Hidrovía y que el gobierno desea mantener. A pesar de la relación familiar, los vínculos entre padre e hijo están completamente dinamitados.

El toro de la cabaña Las Tres Marías, propiedad de Cassange y Jan de Nul, ganó el premio el Gran Campeón Macho otorgado por la Sociedad Rural.

Meses atrás, Jan de Nul padre echó a Pieter por aparente despilfarro de gastos dentro de la empresa familiar. Desde ese momento, afirman fuentes al tanto del negocio empresarial, el joven belga habría comenzado a trabajar en favor de DEME, principal competidora de la empresa de su padre para hacerse del manejo de la Hidrovía. Son todos estos vínculos los que encendieron todas las alarmas de la gestión libertaria.

Cerca de Milei afirman que Cassange recorrió tribunales y oficinas para intentar boicotear al oficialismo. La presión, razonan desde el riñón de la gestión libertaria, habría tenido como origen los deseos del campo de eliminar las retenciones y serían una forma de presionar al gobierno para que dé lugar al pedido de devaluación del dólar que hace el sector. Consultado por Tiempo, el abogado se desentendió de las acusaciones y afirmó no tener nada para decir.

Con la licitación caída, en el oficialismo afirman que irán a fondo con la investigación contra la empresa DEME, que minutos después de la conferencia de Adorni salió a responderle al gobierno con un comunicado en el que niegan todas las acusaciones realizadas por el vocero. “Además de DEME, otras empresas con interés en una competitividad real en este proceso presentaron denuncias y críticas; pero más importante, sectores diversos del país comunicaron estas falencias del proceso, como la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados, el Consejo Portuario, y legisladores del Congreso Nacional”, reza el documento.

A pesar de haberse vencido su concesión en 2021, desde aquel momento el estado nacional continúa teniendo como prestador a Jan de Nul. Caída la licitación, y sin fecha estimada para el llamado de un nuevo proceso, se espera que el gigante belga continúe operando en la vía navegable hasta tanto se resuelva una nueva instancia de competición.