El próximo jueves se realizará en el edificio de Tribunales de la calle San Martín una audiencia inédita en la historia institucional de Formosa: el ex intendente Gabriel Hernández irá a juicio por haber pagado los sueldos de los empleados municipales con una ayuda financiera enviada por el Gobierno nacional, a fines del turbulento año 2001.

Después de “dormir” muchos años en un olvidado casillero, el expediente fue reflotado justo en tiempo de campaña electoral, para que Canal 11 y Canal 3 machaquen a Hernández, cuyo mayor pecado fue haberle ganado dos elecciones seguidas al gobernador Insfrán en la ciudad de Formosa (1999 para la intendencia y en 2001 como candidato a senador).

Gildo nunca le perdonó a Hernández esos sofocones, y tampoco se olvidó de las denuncias que hizo el ex intendente en el programa de Jorge Lanata sobre los votos y las pensiones de los paraguayos, y el informe periodístico de los “Narcozapallitos”, donde quedó estampada la sobrina del gobernador, Liliana Mabel Tijera Insfrán, dueña del camión donde se trasladaba la droga.

En un acto público de Por Nuestra Gente Todo, que se realizó en el Barrio San Francisco después del escándalo de los zapallitos con marihuana, Gildo Insfrán apuntó a Hernández, diciendo: “Hay otro que ataca como político y se defiende como periodista y ustedes ya lo conocen" y después le anunció que pronto iba a tener novedades de la Justicia provincial. Dicho y hecho. El gobernador demostró que tiene teléfono directo con los Tribunales, y que los jueces formoseños son “rápidos para los mandados”.

Los jueces formoseños nunca dieron trámite favorable a la denuncia que presentó Hernández contra Insfrán porque la Provincia se quedaba con dinero de la coparticipación municipal. Pero sí activaron las denuncias que el P.J. dirigió al ex intendente radical. La que más avanzó fue la del pago de sueldos que ahora va a juicio.

Hernández ya fue condenado dos veces por la Justicia provincial a pedido del gobernador. Primero por la denuncia de calumnias e injurias que le hizo el propio Gildo Insfrán, por una solicitada que publicó el ex intendente cuando era presidente de la UCR, donde acusaba al gobernador de “enriquecimiento ilícito” por los pagos a Baldús Combustibles. Por esa solicitada le fue impuesta una condena de prisión en suspenso, que motivó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Años después, el ex intendente fue condenado a pagarle a Insfrán dos millones de pesos por “daño moral” en un juicio civil que el gobernador le inició por lo que dijo un oyente anónimo que llamó por teléfono al programa periodístico que Hernández conducía en Radio Fantasía. El fallo fue recurrido y actualmente está siendo considerado por el Superior Tribunal de Justicia.

“Lo hice y lo volvería a hacer”

Así que ésta es la tercera vez que Hernández va a juicio. Su posición al respecto es firme: “Esta causa no tiene sustento y ya prescribió hace años. El pago de sueldos con el dinero enviado por la Nación fue legítimo. Hay que recordar que en ese momento el Gobierno provincial retenía los pesos y Lecop de la Coparticipación de la ciudad de Formosa y nos transfería Bocanfor, que no valían nada. De esta forma, violando la ley, la Provincia se quedaba con importantes sumas de dinero en efectivo que pertenecían a la Municipalidad de Formosa. Como intendente, denuncié penalmente ese desvío de fondos pero la Justicia no hizo nada”.

Agregó Hernández que “para poder pagar los sueldos, tuvimos que solicitar ayuda al Gobierno nacional. En enero de 2002, recibimos una transferencia de Nación de $ 80.000, que inmediatamente dispuse que se destine al pago de los sueldos de los empleados y obreros de la Municipalidad. Por ordenar ese pago fui denunciado y ahora me citan a juicio”.

Preguntado si considera que fue un error haber dado ese uso a los fondos enviados por el gobierno nacional, Hernández fue muy claro: “Lo hice y lo volvería a hacer. Se le dio a ese dinero un fin público, legítimo y necesario: el pago de haberes de los empleados municipales, que era nuestra prioridad”.

El trámite mismo del proceso fue irregular. Dijo Hernández: “el 24 de mayo de 2006, hace más de diez años, el juez Spessot resolvió que la causa estaba prescripta y la mandó al archivo. Pero alguien le tiró de las orejas y Spessot borró con el codo lo que había escrito con la mano. Sacó el expediente del archivo y lo volvió a abrir, lo que es absolutamente nulo, un mamarracho jurídico”.

Los abogados independientes que revisaron la causa opinan lo mismo. “Esto no tiene fundamento. Es todo nulo porque ya prescribió. Lo mandan a juicio por orden “de arriba”. Es una causa política. Además, el propio Fernando De Vido, cuando era intendente, reconoció que el dinero fue usado para pagar los sueldos. No hubo peculado. No hubo faltante de dinero. No hay delito”.

Pero en Tribunales saben que el juicio se va a hacer sí o sí, porque en el 5° Piso de la Casa de Gobierno quieren sentar a Hernández en el banquillo de los acusados y que todo tenga amplia difusión en los medios de prensa. “Nunca se juzgó a ningún funcionario político del gobierno; los jueces y fiscales rechazaron todas las denuncias presentadas por la oposición, pero a Hernández se la tienen jurada, y lo quieren condenar otra vez”, dijo un veterano funcionario judicial, que pidió reserva de su nombre.