La campaña fue prácticamente unánime en cuanto al diagnóstico. Todas las fuerzas políticas que compitieron en la contienda electoral del 2019 coincidieron en describir un Municipio en crisis, producto del arrastre de problemas estructurales que atravesaron, sin resolución, varias gestiones. Incluso el entonces oficialismo, representado en la lista que encabezó Fernando Casset, buscó despegarse todo lo posible de los ocho años que tuvieron a Oscar Luciani comandando los destinos de Luján. Un caso verdaderamente extraño.

En ese marco, Leonardo Boto asumió la Intendencia. Se cumplió el primer año de la nueva gestión, que marcó el regreso del peronismo al poder local, secundado por una coalición donde conviven fuerzas de tradiciones y pertenencias ideológicas diversas. Durante las primeras semanas, últimas del 2019 y primeras del 2020, diferentes áreas difundieron el estado de situación heredado. Se repitió así el diagnóstico de la campaña, aunque con algunas precisiones más.

En marzo un hecho inesperado sumó complejidad a ese escenario y marcó fuertemente el devenir de los siguientes meses: una pandemia mundial que lo tuvo a Luján, como integrante del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dentro de la región más crítica a nivel nacional por un ritmo de contagios en ascenso durante muchas semanas.

Estos dos ejes -la herencia recibida y la aparición del coronavirus- estuvieron presentes en el mensaje que Boto grabó la semana pasada para hacer un breve repaso del año de gestión.

El planteo general pareció apuntar a una realidad: un proceso de transformación esgrimido durante la campaña que todavía es tibio en la práctica, aunque el gobierno puede exponer diferentes proyectos que buscan atender déficits estructurales. Lograr plasmar esas iniciativas marcará el éxito o fracaso de una gestión que en perspectiva de tres años por delante recién está comenzando.

En ese punto, las expectativas gubernamentales parecen apuntar a lograr la implementación de obras a partir del próximo año (que además será electoral y definirá su primera prueba como oficialismo). El esquema central recurre a financiamiento nacional y provincial, ante la incapacidad del Municipio para encarar obras de envergadura por una situación económica que continúa entre algodones.

“Un año atrás comenzábamos la gestión, que desde el comienzo buscaba recuperar Luján y devolver la esperanza. No paramos un solo minuto. Fue un comienzo muy duro, fue literalmente tierra arrasada lo que encontramos en cuanto al Municipio, en cuanto al equipamiento, en cuanto a las capacidades para llevar adelante las diferentes políticas. Cuando empezábamos a organizarnos apareció la pandemia, que fue un golpe durísimo porque hizo que reorientemos los recursos al sistema de salud e hizo que Nación y Provincia hagan lo propio y descuidaran algunas de las políticas que recién se vuelven a revitalizar en los últimos meses”, planteó Boto.

Luego dejó la expectativa del Ejecutivo en cuanto a un 2021 que refleje el inicio de obras públicas: “Desde el primer día nos propusimos enfrentar los problemas históricos de Luján, y estamos avanzando con la recuperación de la ribera, de la Terminal, una solución definitiva para el basural que estaremos anunciando prontamente, la construcción de cloacas y agua. Generamos los proyectos en cada una de las áreas para que una vez que salgamos definitivamente de esta situación comencemos a ver una obra pública que va a renacer con mucha fuerza”.

Al cierre del mensaje, Boto hizo un reconocimiento implícito a cierto desfasaje entre las expectativas generadas luego del triunfo electoral y el ritmo de transformaciones. “Un año después no bajamos ninguna de las banderas de la campaña. Aspiramos a recuperar Luján y vamos a seguir poniendo absolutamente todo para consolidar este camino”, concluyó.

LÍNEAS DE ACCIÓN

El gobierno mantiene en su agenda algunos puntos que considera nodales para hacer realidad ese eslogan de gobierno: “Recuperar Luján”. Conforman un conjunto de problemáticas de largo arrastre, cuyo diagnóstico unifica a propios y extraños, además de sumar incontables proyectos frustrados en las últimas décadas. Así puede enumerarse la situación del Basural Municipal, la decadencia del sector turístico o la delicada e insuficiente realidad de infraestructura sensible como agua corriente, cloacas y pavimento. Y de manera más reciente la incorporación del déficit habitacional como una deuda acrecentada en los últimos años, más allá de iniciativas muy puntuales e incompletas que se intentaron en los ocho años anteriores. Hacia allí apuntan los principales esfuerzos de una gestión que necesita de financiamiento externo para poder comenzar a transformar estos puntos.

Por la Ruta 192, justo al final del conjunto de barrios englobados en el bloque de Los Santos, se encuentra una de las deficiencias estructurales del distrito. El Basural Municipal expone un circuito de recolección, tratamiento y disposición final de residuos en crisis.

Mientras sigue pendiente una solución integral, la gestión de Boto mostró algunas acciones concretas. El desafío para el Departamento Ejecutivo es dotar a Luján de un plan integral que supere el descontrol ambiental que provoca La Quema. Uno de esos pasos fue anunciado meses atrás, con la donación de 12 hectáreas privadas. La regulación de tierras es un punto clave de cualquier proyecto que se pretenda implementar en el Basural, en especial porque las líneas de crédito disponibles exigen una extensión que todavía no está en poder de la Municipalidad. Ese punto fue una de las causas centrales que frustraron intentos anteriores, como el famoso GIRSU en tiempos de Rosso, problema que se extendió sin solución a la gestión de Luciani.

Por estos días, el Concejo Deliberante analiza dos requerimientos del Ejecutivo. El primero plantea que el cuerpo deliberativo apruebe las donaciones mencionadas. Por lo pronto, la oposición esgrimió sus objeciones ante la posibilidad de que dichas cesiones puedan encerrar alguna ventaja futura a favor de los privados involucrados. La otra cuestión es la rezonificación de las tierras ferroviarias de la estación Sucre. En el COU dichas parcelas, de propiedad federal, quedan fuera del uso aledaño que sí permite el tratamiento de residuos. Fuentes del gobierno aseguran que si estas solicitudes reciben luz verde, en marzo o abril podría licitarse las primeras obras del proyecto integral (planta de separación, relleno sanitario, etc.), cuya definición última está a cargo de una consultora contratada por el Ministerio de Ambiente de Nación. Los fondos llegarían del Banco Interamericano de Desarrollo. 

En cuanto a la recolección de residuos, el barrio Las Acacias funcionó como prueba piloto de un proceso de contenerización. Según difundió la Municipalidad, “la iniciativa tiene como objetivos principales avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente y sustentable, mejorar las condiciones de higiene del barrio, dignificar el trabajo de los recolectores de residuos, optimizar los recursos y los tiempos de recolección, y promover la separación de residuos en origen”. Resta extender la experiencia a otros barrios. Para eso se habla de sumar cerca de 1.000 nuevos contenedores.

En servicios sanitarios, el gobierno pudo sumar rápidamente un logro concreto: extender la red de agua corriente a la localidad de Pueblo Nuevo, una obra largamente esperada que inició antes de mediados de año. Se prevén tres etapas. Como contracara, en las últimas semanas la Secretaría de Obras Públicas debió enfrentar un problema grave con la provisión en la zona céntrica y barrios adyacentes. Los vecinos padecieron varios días la falta de agua y el enojo fue en aumento ante un Municipio que tardó bastante en reaccionar. 

“El compromiso y la idea es poder alcanzar un 80 por ciento de cobertura en agua y cloacas en seis años”, adelantó recientemente a este medio el secretario general de la Intendencia, Abel Rausch.

En Provincia, el proyecto de Presupuesto 2021 contempla partidas para Luján con el objetivo de comenzar a desandar ese camino. Todavía sin precisión de plazos, saldar la deuda de cloacas en las localidades incluye la idea de generar pequeñas plantas depuradoras. Y para Luján una nueva estructura río abajo, a la altura de Open Door. La central de San Bernardo, prácticamente en desuso desde 2007, funcionaría como estación de bombeo.

Durante el verano pasado, poco antes de la declaración del estado de pandemia, el gobierno dio un primer paso en las concesiones del sector turístico: dispuso la clausura de los locales de la Terminal y de El Colonial. Vencidos los permisos de uso, el proceso continuó, aunque de manera más silenciosa, hacia las explotaciones del Balneario Parque.

El siguiente paso -el llamado a nuevas concesiones- todavía está pendiente. Fuentes del Ejecutivo indicaron que el proceso legal todavía “está muy verde”. Un inconveniente radica en las posibles obras estructurales que se realizarían en el parque lineal que bordea el río. Lo mismo ocurre en la Terminal, donde se esperan fondos de Nación para su remodelación, como paso previo de las licitaciones, aunque se renovaron completamente los baños públicos. Está en carpeta un proyecto de ordenanza para cubrir una licitación por 24 meses en ese último sector bajo la modalidad food truck.

La necesidad de generar suelo urbano es una de las principales preocupaciones de la Dirección de Tierras. Sin sortear esa dificultad, ocasionada por la falta de terrenos públicos de cierta envergadura, cualquier iniciativa habitacional de origen pública encuentra su cuello de botella.

Está en carpeta la implementación del Programa Mi Terreno, una reproducción de lo realizado en el vecino municipio de Mercedes. Y también avanzar con Procrear, para cuyo fin se elevó un proyecto al Concejo donde el Ejecutivo propone tierras cercanas a la rotonda de la Ruta 192 (esto se sumaría al que está en ejecución en Open Door).   

CONTROVERSIAS

Uno de los ámbitos de más tensión para el gobierno que inició hace un año fue la relación con los trabajadores municipales. El primer motivo de conflicto fue el pago de un acuerdo que los gremios alcanzaron sobre el final de la gestión de Oscar Luciani. Para marzo el reclamo derivó en una primera medida de fuerza que fue levantada por el inicio de la pandemia.

Luego de varios meses de tensa calma, favorecidos por la cuarentena, la discusión de la paritaria 2020 volvió a tensar la relación. Con las negociaciones estancadas, se dio un proceso de paro, conciliación obligatoria, nueva medida de fuerza y un acuerdo que por el momento selló la paz.

En el aspecto político, la pandemia también condicionó la relación entre oficialistas y opositores. En los últimos meses, sin embargo, aparecieron los cuestionamientos más fuertes hacia el Departamento Ejecutivo. Los principales intentaron poner entre signos de pregunta la transparencia del gobierno.

El puntapié inicial fue la denuncia penal que presentó el diputado provincial de la Coalición Cívica-ARI, Luciano Bugallo, por supuestas compras irregulares de alimentos. El impacto más fuerte no fue tanto político sino mediático, cuando el programa del periodista Jorge Lanata replicó la presentación judicial, lo que generó una repercusión muy superior a las noticias que sobre la misma situación despertó la difusión que previamente habían realizado los medios locales. El gobierno tardó varios días en intentar una respuesta.

El tema continúa su rumbo en la órbita judicial. No obstante, esta semana el interbloque de Juntos por el Cambio lo retomó en el terreno político. Lo hizo a través de un proyecto de decreto que propone la creación de una comisión especial en el seno del cuerpo deliberativo para investigar lo ocurrido. Se propone un plazo de 90 días corridos de funcionamiento, con la posibilidad de extenderlo por otros 45.

Por Nicolás Grande