Sí recuerdo que en el juicio se le había preguntado por el momento de su liberación y dio el día en que fue liberada. Pero agregó que comenzó a sentirse realmente libre cuando vio que por su testimonio el represor Héctor Febres estaba siendo juzgado por su participación en la apropiación de niños nacidos en la ESMA. Habían pasado casi 30 años del final de la dictadura. La justicia no vuelve las cosas atrás ni repara tanto daño, pero ayuda, tanto en lo individual como en lo colectivo. La libertad sólo existe si hay justicia.

Como el imputado en una causa por la desaparición de trabajadores –Vicente Massot–, el ex vicepresidente del país con mayor poderío militar que más trabas ha puesto al avance de convenciones vitales como la de la Corte Penal Internacional y que más violaciones a los Derechos Humanos ha cometido en todo el mundo durante las últimas décadas –Dick Cheney–, reivindicó la tortura contra supuestos "terroristas" luego que se difundiera el informe del Senado, del que dijo: "Está lleno de mierda." Mientras, la comunidad internacional exige investigaciones y juzgamiento de los responsables. El general brasileño Nilton Cerqueira emuló a Massot y a Cheney, y llamó "terrorista" a Dilma Rousseff, como si se tratase de la continuación de esa guerra que los milicos latinoamericanos creyeron haber vivido. "Terrorista" es la palabra clave para abortar todo debate –si es que alguna vez pudieron participar en uno– y justificar lo injustificable. Cerqueira dijo haber cumplido con la ley y que fueron los terroristas quienes la quebrantaron. Algo similar a la defensa del general Santiago Riveros, cuando acompañó las copias de los reglamentos secretos de 1968 –que preveían la tortura, la imposición del terror y la eliminación física– para justificar, ante los jueces, que jamás había violado la ley.

La Nación dedicó al informe del Senado de EE UU una editorial el 11 de diciembre pasado, en la que recordó la prohibición absoluta de aplicar la tortura y pidió investigación, castigo a los responsables y no reiteración. Desde esas mismas editoriales La Nación ha reclamado en distintas ocasiones por la libertad de los acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina por una dictadura que utilizó la tortura en forma sistemática.

El mismo día Mariano De Vedia se refirió al represor de la Perla, Ernesto "Nabo" Barreiro, que dijo que para aliviar el dolor de los deudos daría información sobre lugares donde fueron enterrados restos de desaparecidos. Los abogados querellantes no le creyeron, el fiscal del juicio resaltó que era una manifestación sin precedentes, y uno de los jueces del tribunal que lo juzga en Córdoba dijo que la ley permite tener en cuenta la contribución del imputado al momento de fijar pena. Barreiro habló de un acuerdo previo con otros camaradas de armas en situación similar. Si bien De Vedia llamó "testimonio" a las manifestaciones de Barreiro (un imputado declara como indagado, no como testigo), las calificó de "giro histórico en la estrategia judicial de los militares que optaron siempre por mantener un pacto de silencio". Fuentes castrenses, dijo De Vedia, creen que Barreiro se juega a obtener un beneficio, aunque no arriesgan a que otros uniformados sigan el camino del Nabo. La conclusión de la nota es que en el Ejército se estaría debatiendo un pedido de perdón y reconocimiento de responsabilidades como un aporte a la reconciliación. Y remarcó que los militares darían información si saben que no se verán perjudicados judicialmente. O, lo que es bastante parecido, que no continúen los juicios.

Más allá del desenlace de la jugada de Barreiro, de la nota de De Vedia se desprende que ningún gobierno constitucional pudo hacer que las FF AA brindasen información sobre los desaparecidos y los niños nacidos en cautiverio, y que los militares suponen que con el fin de este gobierno estarán en mejores condiciones de negociar. Pero se equivocan. Distintas han sido las alternativas durante estos años para obtener información; algunas hasta han sugerido hacer pasar por testigos a quienes debían desfilar por los tribunales como imputados. A más de diez años de reabiertos los juicios, la obtención de información sigue siendo una asignatura pendiente. El modo es cómo se obtiene sin debilitar la justicia. Como La Nación dijo respecto de EE UU, se trata de crímenes tan graves que deben ser investigados y castigados sus responsables. La responsabilidad institucional sigue estando en la mira, porque quienes desfilan por los tribunales son sus hombres, no las instituciones militares. Entonces, bienvenida toda información, pero la justicia no se negocia.

Otro que camina por filo similar que La Nación es Ceferino Reato, que no pierde ocasión de citar su obra Operación Primicia para insistir en que los familiares de los conscriptos muertos en el ataque de Montoneros al Regimiento de Formosa en octubre de 1975 deben ser indemnizados. Reato reconoce que esas familias reciben una pensión, pero como sostiene que quienes habrían participado del ataque fueron indemnizados de mejor forma, estima que los conscriptos deben ser equiparados. Y se equivoca. Primero, porque los soldados y sus deudos fueron inmediatamente reconocidos y recibieron la pensión que por ley les correspondía. Segundo, porque insiste en decir que se indemnizó a atacantes de un cuartel cuando el Estado indemniza por la condición de víctima del terrorismo de Estado y no por otra razón. Tercero, porque desde febrero de 1975, el "pleno gobierno constitucional peronista" –como lo llama Reato– delegó la matanza en las FF AA. Sería interesante que Reato escriba sobre cómo los conscriptos fueron utilizados por las FF AA en sus acciones ilegales. En todo caso, Reato debería reclamar una indemnización especial para esos conscriptos por haber estado en manos de las FF AA mientras desplegaban su fuerza ilegal, y no por otro motivo. Hoy muchos de esos soldados no se animan a declarar en los juicios por temor a represalias de las FF AA. Los torturados, secuestrados, desaparecidos y muertos por el Estado fueron reconocidos como tales sólo a partir de años de lucha, bastante después de concluida la dictadura, cuyas consecuencias aún permanecen. Como dijo Juan Carlos Días, de la Comisión Nacional de la Verdad en el Brasil, "la historia reciente, heroica, del pueblo argentino, sirvió de ejemplo para nuestro trabajo". La justicia no se negocia.