Una de las consignas de la Quinta Marcha del Orgullo del sábado volvió a cuestionar una redacción retrógrada y contraria a derechos civiles. El repudio a los recientes asesinatos de travestis y trans en el país también priorizó el tema entre los reclamos por políticas inclusivas. El mismo día, en la Casa de las Culturas, la asociación Identidades Diversas Chaco invitó a mirar a las trans: “el punto ciego de la sociedad”.

En escuelas, clubes y hospitales

“Por más que quiera estudiar, con mucha suerte, una trans no pasa de segundo año del secundario”. Una travesti resumió así la historia de acosos y hostilidades que reciben en la escuela por no encajar en el binomio hombre-mujer. Por eso las activistas además de reclamarle garantías al Estado también exigen a la sociedad poner fin al acoso escolar hacia niños y adolescentes en ámbitos de estudio y en deportivos.

En los hospitales hay más de lo mismo: la salud pública sólo existe para la población heterosexual y no contempla, violenta o excluye a otras.  

Las sanciones

Las trans sostienen que la violencia institucional ejercida habitualmente por policías es favorecida por el actual código. Por ejemplo con el arresto o multa a quien “con actos o palabras torpes ofenda la decencia pública” y “inoportune a otros en forma ofensiva al pudor y al decoro personal” (artículo 62). También a quien organice o participe de una reunión donde haya “asistentes que adopten actitudes reñidas con la moral y las buenas costumbres” (artículo 64); o “se ofrezca y provoque escándalo con fines sexuales” (artículo 65).

El artículo 66 también sanciona a quienes “ejerciendo la prostitución se ofrezcan o inciten y molesten o provoquen escándalo”, un artículo que suele usarse para amedrentar y acosar especialmente a las travestis o trans.

En todos los casos la ley habilita a castigar expresiones, formas de vestir o comportarse que subjetiva y arbitrariamente se consideran agresivos y chocan frontalmente con el reconocimiento de derechos.

En 2012 el Instituto contra la Discriminación (Inadi), la Asociación Pensamiento Penal y el Ateneo para la Construcción de la Conciencia Nacional acompañaron el planteo por la “vaguedad, ambigüedad e imprecisión” del código y por favorecer la judicialización de problemas sociales. El pedido se formalizó a la Comisión de Legislación General -entonces presidida por Martín Nievas- para que la Legislatura debata los proyectos de modificación por ley.

Los argumentos de origen religioso también se señalan como obstáculos para los debates y por eso uno de los pronunciamientos de la Quinta Marcha del Orgullo de este año fue por la separación de la iglesia de las políticas estatales, “por un cambio cultural que aplique las leyes ya aprobadas y una ciudadanía respetuosa de la diversidad sexual”.

“Que la diversidad sexual sea comprendida como una parte del desarrollo cultural”, una de las consignas de la Quinta Marcha del Orgullo.