El Gobierno de coalición del PP y Vox se ha visto obligado a dar marcha atrás y, finalmente y en contra de lo que había asegurado, no castigará a Urbaser, la empresa encargada del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, por la demora en la llegada de varios vehículos. Es decir, por el incumplimiento en los plazos marcados en el contrato. Sí habrá una penalización, eso sí, por la tardanza en la implantación del sistema de recogida puerta a puerta en los polígonos industriales, pero ya no hay que hablar de una sanción que se elevaría por encima de los 200.000 euros sino de otra de 33.011. 

Este periódico ya dio cuenta a finales del pasado mes de febrero de que el asunto se había convertido en una patata caliente del que ningún servicio quería saber nada. Menos aún después de que un primer informe técnico, instado  por parte del Equipo de Gobierno, propusiera que la penalización a Urbaser por la demora en la llegada de los últimos vehículos y por el retraso en el puerta a puerta fuera de 3.001 euros al día. Y todo ello, pese a que se reconocía que los trabajos se estaban realizando conforme a lo establecido en el contrato (con otra maquinaria traída por la empresa de otra ciudad o alquilada) y mientras se admitía también que los vehículos nuevos no estaban disponibles por problemas de suministro con el fabricante.

La situación se estaba poniendo delicada, ya que la factura de la penalización por incumplimiento del contrato no dejaba de crecer y a mediados de enero el teórico castigo ya iba aproximadamente por los 180.000 euros. Los vehículos no llegarían, además, hasta finales de febrero. Ni en el área de Contratación ni en el Medio Ambiente querían asumir la responsabilidad de tener la última palabra y finalmente ha sido a este último servicio al que le ha tocado rectificarse a sí mismo.

La situación se fue de las manos porque el Ayuntamiento no tuvo problemas en conceder hasta dos prórrogas para la llegada de los vehículos y la situación se torció porque no se pidió más tiempo para maquinaria que sí se creía que se entregaría pronto por parte del fabricante. Pero claro, el equipo de Gobierno había advertido de que no pasaría ni una más, prometió que no habría ya más prórrogas y que sancionaría a Urbaser. Lo que ahora se reconoce, al admitir las alegaciones de la empresa, es que quizá hubo una precipitación al anticipar el castigo. De otra forma, el Ayuntamiento no se habría movido de su posición.

Lo que sí se mantiene es la penalización por la tardanza en la implantación del sistema de recogida puerta a puerta en los polígonos industriales. En este caso de 3.001 euros por cada uno de los once días en los que se calcula la demora. En total, 33.011 euros.

Está por ver si Urbaser acepta esta penalización o la recurre. En este momento, el Ayuntamiento y la empresa negocian la revisión de precios del contrato.