La Legislatura separó al Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa durante una sesión donde abundaron las lamentaciones por la ruptura del clima de consenso y expectativa que había generado el Código Procesal Penal sancionado en octubre. Los legisladores coincidieron en que había que partir el órgano que representa los intereses de la sociedad en la Justicia por medio de las funciones de acusar y de defender, pero otra vez discreparon respecto del formato elegido por el oficialismo y el otorgamiento de “superpoderes” a las cabezas de los respectivos órganos. Por si quedaba alguna duda, el autor de la iniciativa, Marcelo Caponio (FpV) precisó que el actual ministro público Edmundo Jiménez se quedará con la comandancia de los fiscales. El gobernador Juan Manzur ha de elegir al jefe de los defensores con acuerdo de la Legislatura.

Con matices, un sector de la oposición pronosticó que el destino de la ley aprobada ayer era la declaración de inconstitucionalidad. Tantas y tan potentes fueron las críticas que, en el transcurso del debate, el bloque mayoritario declinó la pretensión de que el Gobierno nombre fiscales y defensores generales (coordinadores) en forma discrecional: la norma dispone que las designaciones procederán a partir de los concursos que organiza el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). La concesión fue instada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo y posibilitó la aprobación en general de la ley por 40 votos contra los cinco de los legisladores opositores Eudoro Aráoz, Eduardo Bourlé, Luis Brodersen, José María Canelada y Adela Estofán de Terraf (ver “Jaldo promovió una concesión en el recinto”). En la confusa votación en particular, los opositores que aprobaron el proyecto en general dieron la espalda a algunos cambios y avalaron otros (en particular, la modificación del método de designación de fiscales y defensores regionales). La mayoría se alineó sin fisuras detrás del proyecto que otorga facultades amplísimas a los titulares de los ministerios públicos en cuanto al control del dinero y del personal, potestades que estaban en poder de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Después de negar que el Gobierno estuviese confiriendo la independencia total a Jiménez y su homólogo de la defensa, Caponio dijo: “el único objetivo del nuevo sistema es que no haya impunidad”. Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) retrucó que la iniciativa tal y como había sido planteada iba a conseguir lo contrario, y lamentó que Tucumán, que se había jactado de seguir el modelo procesal penal de Santa Fe, se hubiese apartado de él a la hora de establecer cómo han de elegirse a quienes deben garantizar la independencia y la transparencia:“los ministerios públicos se llenarán de amigos de sus titulares. Ya sabemos cómo nos fue cuando los jueces favorecieron al poder político. Basta con recordar el caso ‘Lebbos’ y la actuación del fiscal Alejandro Noguera”. Canelada (UCR) agregó: “esta es una ley con el nombre y apellido del ex alperovichista Jiménez. Ese funcionario ineficaz ahora será superministro”. Fernando Valdez (UCR) analizó que, mediante esta norma, la Legislatura resolvía a favor de Jiménez los conflictos que este tenía con la Corte Suprema (con esa postura coincidieron los opositores Raúl Albarracín y Alfredo Toscano). “Estamos dándole atribuciones que serán judicializadas porque violentan la Constitución. Avizoro el entorpecimiento de un nuevo proceso penal que implicaba un gran avance”, dijo.

Eudoro Aráoz (UCR) manifestó que Jiménez era el hombre de José Alperovich en la Justicia y que esta ley implicaba avanzar con la cooptación desplegada desde 2003. Mientras los oficialistas Silvia Rojkés y Guillermo Gassenbauer repudiaron la desconfianza y la deslegitimación gratuitas, Bourlé tildó a Jiménez de “nefasto”, y dijo que formaba parte del mismo sector del ex fiscal Guillermo Herrera y del fiscal Washington Navarro Dávila que había hecho mucho daño a la Justicia. “Estamos dando un poder total y absoluto a quienes ponen en riesgo el futuro de los tucumanos”, expresó. Y cuando la mayoría ya pujaba por votar, Caponio tomó la palabra y dijo que para demostrar que no había nada raro ni oculto, aceptaban elegir a los fiscales y defensores regionales por concurso.