La semana que se inicia podría demostrar si la transición que empezó un día después de las elecciones provinciales llegará a buen puerto. Francisco Pérez y Alfredo Cornejo traccionan hasta ahora para que así sea, pero que haya logros dependerá de un esfuerzo notable de la gestión peronista y de una gran madurez política del gobernador electo del radicalismo y su equipo.

Encaminar amigablemente el paso de un gobierno a otro sólo será posible si existe un amplio acuerdo financiero, que se materializaría en la sanción de un presupuesto provincial que contenga el endeudamiento necesario para que Paco asuma la mayoría de sus acreencias y una aceptación por parte del gobernador de la complicada realidad que le toca asumir, donde no le queda otra que acotar los gastos desde ahora hasta que se vaya en diciembre.

El sinceramiento implicará un duro baño de realidad que los funcionarios de Pérez han prometido empezar a darse este lunes, cuando se reúnan a dialogar la cuestión fiscal con los delegados de la UCR. En ese encuentro deberían comenzar a aparecer las cifras de una pauta de gastos "realista", que refleje el verdadero impacto de las paritarias salariales de este año, las incorporaciones de personal a planta, los ingresos de dinero y la obra pública reales, entre otras cosas.

Es un hecho para unos y otros que esas cifras no mostrarán equilibro entre recursos y deudas. Aunque el monto del déficit, del cual surgirá una autorización de endeudamiento similar para buscar los fondos que faltan, es por ahora incierto. 

Los números aportados por el Gobierno permiten fijar el déficit en unos 5.700 millones, más la deuda pinche o flotante, que todavía no ha sido calculada. Sin embargo, a ese total se le podría restar el ajuste que el Gobierno informalmente ha prometido realizar en áreas diversas. Por ejemplo, la obra pública, rubro en el que no firmaría nuevos contratos, y la publicidad.

Los resultados están por verse, pero es clara la intención del gobernador de lograr un arreglo. Hace una semana, Pérez salió a proponer un acuerdo que ahora hay que concretar en números. Esa negociación ha sido hasta ahora por áreas y esta semana comenzarían a cerrarse “círculos de aproximación”, según esperan en el radicalismo. Esto puede ser porque el más apurado por conseguir el objetivo es el propio gobernador: algunas deudas, como la que tiene el Ejecutivo por retenciones salariales realizadas a su personal, podrían tener en algún momento efectos judiciales sobre los responsables de haberlas aplicado, si no aparece una solución.

A pesar del nuevo vértigo electoral que atraviesa la política mendocina en estos días, la agenda no puede correrse mucho de este tema financiero, porque la UCR también quiere celeridad. No aceptará, por ejemplo, una demora del acuerdo hasta después de las elecciones de octubre. En ese caso, las puertas del diálogo podrían cerrarse y cada cual quedaría librado a su suerte.

El frente interno de Paco

Que haya intenciones de concretarlo no quita que el arreglo sea difícil de conseguir. Un eufemismo creado por los radicales para suavizar todo ha convertido las deudas en “descalce financiero”, construcción que suena menos dolorosa. Pero se trata de dinero, no de palabras. Ese “descalce”, sólo en el área de la Salud, una de las más complicadas, rondaría los 600 millones de pesos este año, según cálculos opositores. Hay que tomar decisiones fuertes para recuperar el equilibrio.

Pero cada charla sobre la transición abre un nuevo frente de conflicto. Y algunas decisiones políticas de Pérez han complicado más el cuadro. Por ejemplo, la emisión del decreto 972, que rebajó las regalías que pagan YPF y Vila-Manzano a la Provincia justo en momentos en que el dinero hace falta como agua.

El decreto 972 bajó del 23 al 18 por ciento las regalías del área Chachahuén Sur a cambio de promesas de inversión, pero para el radicalismo la medida fue por lo menos “rara” y careció de argumentos convincentes.

Por otro lado, Pérez no tiene que dar explicaciones y ponerse de acuerdo solamente con los opositores, sino también con el propio justicialismo. La necesidad de acordar el presupuesto y el endeudamiento es una prioridad para el Gobierno, pero no para su partido.

El PJ se reparte entre quienes siguen sangrando por la derrota del 21 de junio y quienes, para superar este trauma, ya se subieron sin dudas al operativo electoral para que Daniel Scioli gane las PASO del 9 de agosto. En este grupo está el propio vicegobernador Carlos Ciurca, quien ya se trepó a la mesa nacional del sciolismo y anda de gira proselitista por el país.

Así, mientras algunos le dan la espalda a los asuntos urgentes de la Provincia, otrosavisan que no están dispuestos a tragarse el sapo de convalidar un acuerdo financiero que deje en ridículo a todo el Frente para la Victoria. Eso supondría, por ejemplo, no avalar un presupuesto que refleje un déficit cercano a los 5.000 millones de pesos, cifra muy superior a todos los endeudamientos juntos de la gestión de Pérez.

En el seno del peronismo hay dirigentes muy importantes que califican de “sarasa” las discusiones de la transición en el Poder Ejecutivo y que le restan entidad e importancia al sostener que esa “mesita de Hacienda” va a seguir operativa mientras la mayoría se ocupa de otra cosa: las próximas elecciones, donde lo que estará en juego es nada menos que la presidencia de la Nación.

El placebo nacional

Aunque lo verdaderamente importante era la Provincia y eso se perdió el 21 de junio, las elecciones nacionales actúan como un placebo para algunos justicialistas. Las PASO del 9 de agosto asoman como la oportunidad de trocar derrota en victoria, a la luz de un cambio de roles con el radicalismo y el buen posicionamiento del líder nacional, Daniel Scioli.

Un dato que alienta es que los peronistas tendrán en las PASO un solo candidato presidencial, mientras que el radicalismo presentará tres. Fue a la inversa en las elecciones provinciales, donde Cornejo fue el único referente de la UCR y el peronismo presentó tres.

En base a esta experiencia, los peronistas proyectan sus anhelos a octubre incluso, recordando que el PJ no logró consolidar a favor de Adolfo Bermejo los votos que recibió uno de sus rivales en las PASO, Matías Roby. Esto los lleva a pensar que Scioli y el FPV tienen altas chances de ganar en Mendoza, tanto el 9 de agosto como el 25 de octubre.

Todo depende, claro, de que el PJ logre mantener en las elecciones nacionales el 40 por ciento de votos que obtuvo en las provinciales. Si eso ocurre, la dispersión de la oferta opositora hará el resto, piensan los dirigentes más optimistas.

El sciolismo está trabajando ya para que así sea. Esta semana volvió a pisar la Provincia el principal operador del candidato presidencial, José Pepe Scioli, quien endulzó los oídos de los peronistas locales con encuestas donde la diferencia entre el gobernador de Buenos Aires y su opositor del PRO, Mauricio Macri, supera los 10 puntos.

El adoctrinamiento peronista, que en buena medida debe ser anímico, seguirá el miércoles, día en que el candidato presidencial y probablemente su compañero de fórmula, Carlos Zaninni, recibirán a los candidatos a legisladores nacionales del FPV y a los intendentes mendocinos en Buenos Aires.

Allá irán Pérez y compañía en ese esquema de unidad peronista, más dramatizada que real, pero que al menos es un signo de distinción en el comienzo de la campaña nacional. No en vano el peronismo disfrutó este fin de semana los cuestionamientos de la candidata macrista Susana Balbo al propio Julio Cobos por repartir apoyos entre ella y el radical Fernando Armagnague en el marco del frente Cambiemos.

Pero este nubarrón fue utilizado por radicales para poner en primer plano al verdadero fantasma electoral del peronismo mendocino en esta elección, que es Cobos. “Balbo no debería ser impertinente, la UCR y el PRO lo necesitan a Cobos en las boletas porque es como Messi, siempre tiene que estar en la cancha y a diferencia de él siempre gana las finales”, salió al cruce el senador Juan Carlos Jaliff.