Por Mariana Verón |

El conflicto sigue: el Gobierno se negó ayer a acceder a los pedidos de los prefectos y gendarmes que protestan desde hace ocho días por mejoras salariales y sólo reiteró su promesa de garantizar que no habrá descuentos en los sueldos del mes próximo.

Disconformes por la falta de anuncios, los manifestantes prolongarán la protesta. Sin un liderazgo claro, un grupo de unas 200 personas, encabezado por personal de la Gendarmería y algunos prefectos, marchó anoche a la Plaza de Mayo. En la Prefectura primaba la idea de postergar un posible endurecimiento del reclamo para analizar en detalle la oferta oficial.

"Es imposible hablar de un básico de 7000 pesos", anunció el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, después de una conferencia en la que durante una hora, junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ratificó el decreto que en su instrumentación había rebajado los salarios. Ése era el mínimo de bolsillo que pedían los manifestantes como condición para levantar la protesta.

Los funcionarios prometieron que se aplicarán cuatro tipos de suplementos para que ningún prefecto o gendarme cobre menos que el mes anterior, anzuelo con el que buscaban anoche convencer a los manifestantes. Es lo mismo que el Gobierno había anunciado el miércoles pasado.

"La medida no se levanta", arremetió el vocero de los gendarmes, Raúl Maza, y convocó a levantar la mitad de los puestos de vigilancia para endurecer el reclamo.

"Los puestos no se van a descuidar, pero el 50 por ciento se va a levantar", anticipó Maza, uno de los suboficiales castigados el sábado con un pase a disponibilidad. Por la noche marchó a Plaza de Mayo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad montado de urgencia por la Casa Rosada para evitar la llegada de los manifestantes, que igual se acercaron hasta las vallas de contención con carteles y banderas.

Ayer debía ser el día clave para comenzar a destrabar el conflicto que estalló el martes de la semana pasada, por la baja en los salarios, y terminó intensificándose con el correr de los días, hasta terminar en un reclamo de mejoras tanto de los sueldos como de las condiciones laborales en la Prefectura y en la Gendarmería.

El jueves pasado, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se había comprometido a darles una respuesta ayer. Lejos de esa promesa, el jefe de Gabinete no dejó lugar a dudas. "Lo que estamos haciendo acá no es responder a un petitorio", se atajó y consideró que la exigencia de un sueldo mínimo de bolsillo de 7000 pesos era una cifra que no estaba al alcance de lo que el Estado podía pagar.

El jefe de todos los ministros se negó a responder cuánto sería el salario mínimo con la correcta implementación del decreto 1307, que despertó la protesta, pero dio como ejemplo la situación de un gendarme de las categorías más bajas, cuyo básico era de 696 pesos y que pasará a 2696.

Esa suba es la que consta en el anexo del decreto que firmó la presidenta Cristina Kirchner y la ministra de Seguridad, Nilda Garré y constituye, en rigor, lo que se pasa a contemplar como monto remunerativo, es decir, sujetos a descuentos por cargas sociales.

Con esos números, anoche, al menos en el Edificio Guardacostas de la Prefectura, intentaban convencer a los manifestantes, que ingresaban a hablar con la cúpula por grupos de entre 50 personas, para que desistieran de la protesta.

Momento incómodo

Lorenzino justificó el "descalabro" -así lo llamó- en la liquidación de sueldos en que las fuerzas de seguridad cobraban una parte "en blanco y otra en negro" de su salario, en una polémica declaración.

Aunque sostuvo que no era la terminología correcta para usar, el jefe de Gabinete, sentado a su lado, debió corregirlo en más de una oportunidad. Y no es para menos. Tanto la Presidenta, sus ministros, los secretarios de Estado y subsecretarios cobran más de la mitad de sus sueldos en complementos no remunerativos, por lo que se denomina "responsabilidad en el cargo" gracias a un decreto del ex presidente Néstor Kirchner del año 2006.

En una jugada fuerte para dividir a los estamentos más bajos del escalafón de ambas fuerzas con sus respectivas jefaturas, el Gobierno presentó ayer mismo una denuncia penal por los delitos de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.

La presentación judicial involucra sólo a los ex jefes de la Gendarmería que fueron echados apenas estalló la protesta, entre ellos, Héctor Schenone y su segundo, Juan Obdulio Sainz, además de otros nueve altos mandos de la fuerza de seguridad.

También denunciaron a los jueces que otorgaron medidas cautelares por reclamos salariales y culparon abiertamente a las cúpulas por las diferencias de sueldos con las bases.

A pesar de que la primera explicación que dieron Abal Medina, Lorenzino y Garré de que la baja en los salarios no fue por culpa del decreto presidencial sino de una mala liquidación, en la Prefectura, donde comenzó el conflicto, no hubo denunciados por esas supuestas maniobras.

Con varios titubeos por parte de los funcionarios al momento de explicar el conflicto, y después de que Lorenzino hablara incómodamente de "sueldo en negro", Abal Medina también tuvo su desliz. Dijo que todos se verían "perjudicados" con la medida. Enseguida se corrigió con un "beneficiados".

Las "maniobras fraudelentas"

Las denuncias que hizo el Gobierno.

JUAN M. ABAL MEDINA

Jefe de Gabinete

"Algunos haberes son exorbitantes y llegan a 100.000 pesos"

"Había una verdadera industria del juicio, en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las fuerzas"

"La inmensa mayoría del personal de la Gendarmería y de la Prefectura se verá beneficiado con el decreto"

"Los suplementos se aplicaron en los '90 con el gobierno de Carlos Menem"

Del editor: cómo sigue

El Gobierno jugó fuerte y se arriesgó a que la protesta crezca. Pero aun si triunfa quedarán secuelas: fuerzas de seguridad desanimadas y con la tropa enfrentada a los superiores.