Por: Marcos Teijeiro.

El viernes 29 de junio, el gobernador correntino Gustavo Valdés afirmó, a través de sus redes sociales, que se había dado “un gran paso” en la Justicia para resolver de la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años que lleva más de tres semanas desaparecido. Lo dijo con la intención de calmar las aguas de una provincia que, desde la desaparición de Loan, se convirtió en una olla a presión que amenaza con explotar en cualquier momento y llevárselo puesto a él y otros funcionarios.

Pero el intento de Valdés no sólo fue futil, sino que además lo colocó aún más en el centro de la escena. Porque, por un lado, la declaración clave a la que hacía referencia el gobernador está cargada de sospechas que lo involucran a él y gente de su confianza, dejando expuestos los vínculos de la política, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad correntinas con redes delincuenciales. Lejos de lograr aplacar los ánimos, la causa Loan crece día a día entre sospechas que llegan cada vez más cerca del gobernador.

Con la inminencia de los comicios provinciales del próximo año, su poder se evapora cada día que pasa sin respuestas en torno a la causa judicial, y cada nuevo punto oscuro que sal a la luz parece hundirlo aún más. 34 años después del asesinato de María Soledad Morales en Catamarca que significó el fin del poder saadista en la provincia, Valdés se enfrenta a un escenario con muchas similitudes a aquel y está cada vez más jaqueado.

Vínculos

Durante la primera semana de investigación del caso, Valdés prefirió llamarse a silencio. El gobernador esperaba una resolución rápida y que la provincia saliera del foco mediático. Su única preocupación era desligarse de unos audios virales apócrifos en los cuales una voz similar a la suya insultaba a los habitantes de la localidad de 9 de Julio por las primeras protestas en reclamo de justicia. Recién el 24 de junio, 11 días después de la desaparición, el gobernador esbozó a través de la red X que el hecho “podría ser una posible causa de trata”. Finalmente, el día 29 acudiría otra vez a las redes sociales para publicar el tuit en el que habló de “un gran paso en la resolución de la causa”.

Pero lo que él pensó que serviría para aquietar las aguas terminó volviéndose en su contra. Es que la declaración de Laudelina Peña, tía de Loan, la cual Valdés afirmó que llevaría a la resolución del caso, sólo aportó más sospechas e incertidumbre y terminó por arrastrarlo a él. En sede judicial, Laudelina declaró que Loan había sido atropellado y que ella estaba siendo víctima de amenazas para guardar su silencio. Peña no declaró como testigo, sino que lo hizo en el marco de una nueva causa, por fuera de las actuaciones judiciales que investigan la desaparición del niño. De hecho, la tía no declaró en la fiscalía de la ciudad de Goya, donde se tramita la causa, sino que fue llevada hasta la capital provincial y dio su testimonio entrada la madrugada.

La premura del gobierno correntino por darle un cierre a la causa sólo acrecentó las sospechas. La dudosa hipótesis planteada por Laudelina dejó pegado al gobernador. Es que el abogado que patrocina a la tía de Loan, José Fernández Codazzi, quien urdió el plan para la declaración de su defendida explicando que todo fue un accidente, es sospechado de tener vínculos familiares y una amistad con el propio Valdés. De hecho, en 9 de Julio los vecinos se preguntan por qué Laudelina contaba con patrocinio legal sin ser ni querellante ni estar acusada en la investigación.

Fernández Codazzi es un abogado penalista con domicilio en la localidad correntina de Esquina. Su suegra es Gloria Fornies y es concejala de Esquina por Encuentro Liberal (ELI), el partido liderado por Valdés. También la esposa del abogado, Guillermina Traverso, es parte del Ministerio de Seguridad de Corrientes. “No es amigo mío, ni lo conozco”, dijo el abogado para tratar de frenar el escándalo, aunque no hizo más que agrandarlo ya que, luego de estos dichos, también trascendió otro nexo entre el mandamás provincial y el letrado a cargo del extraño testimonio de Laudelina.

También oriundo de la localidad de Esquina es el senador provincial Diego Pellegrini, hombre fuerte del armado de Valdés y una de sus manos derechas en la gestión. Codazzi militó junto a él en la campaña del 2021 que acabó en la reelección del gobernador y, de hecho, una foto donde se lo ve junto a Valdés demuestra que sus dichos fueron falsos y efectivamente ambos se conocían.

Más aún, durante su estadía en Corrientes, Laudelina se hospeda en el “Design House Corrientes”, propiedad de Juan Carlos Acosta, hermano de Eduardo, ex jefe de la policía provincial. Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, fue quien afirmó que este hecho, sumado a la custodia policial constante sobre Laudelina, permiten inferir connivencia policial en este entramado.

Difícil

Mientras las actuaciones judiciales continúan avanzando a paso lento, el “Operativo Accidente” planteado y fogoneado por la gobernación correntina sólo empeoró la situación. La presión mediática y social crece cada día y el lunes 1° de julio una protesta en reclamo de justicia acabó congregándose en las puertas de Residencia Uno, la casa del gobernador, y solo la fuerte presencia de efectivos de seguridad evitó que la situación escale.

La credibilidad y la imagen del gobernador caen en picada y la lupa de toda Argentina está sobre Corrientes.

De hecho, el Senado correntino requirió la presencia del gobernador para que brinde explicaciones sobre su accionar. Los legisladores exigen que Valdés explique en primer término cómo accedió a la información detallada del testimonio de Laudelina en la fiscalía. También por qué dio por cierta esta declaración al punto de manifestarse públicamente al respecto. Por último, piden que justifique por qué, en su rol de gobernador, habló sobre una causa judicial aún en trámite.

Cada vez más acorralado por la causa y su rol poco claro, Valdés se enfrenta además a las crecientes denuncias de que el posible caso de trata de personas de Loan no es algo aislado en la provincia, sino una práctica extendida. “En Goya, Corrientes, hay empleadas domésticas de casas de ricos que, para poder sostener el trabajo cama adentro, tenían que entregar al hijo”, dijo la religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, Martha Pelloni, ante las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Legislación Penal de la Cámara de Diputados que se encuentran en este momento debatiendo modificaciones al Código Penal para incluir una tipificación de la compra y venta de niñas, niños y adolescentes. Según destacó Pelloni, en Corrientes y otras provincias existe “una mafia enquistada en el poder político, el poder judicial, policial y las instituciones que nos tienen que cuidar”.

34 años atrás, la propia Pelloni fue la organizadora de las “marchas del silencio” en reclamo del esclarecimiento del crimen de María Soledad Morales en Catamarca y que volvieron a la causa una de las más importantes de la Justicia argentina, acabando con el señorío de la familia Saadi en la provincia. Hoy, décadas después, Valdés se enfrenta a una encrucijada similar. Su actuación durante la investigación amenaza con derrumbar con todo el poder que amasó en estos años. Su mandato culmina el próximo año y, si bien no podía optar por una reelección, su hermano Juan Pablo, actual intendente de Ituzaingó, era número puesto para sucederlo. Su vinculación en la causa que investiga la desaparición de Loan cambió ese panorama.