Benigno Vargas, cacique de la comunidad Kolla Condor Huasi en Mocoyita, con una población de 600 habitantes ubicada en el límite noroeste con Bolivia, aseguró: “No tenemos frutas ni lácteos desde hace más de un mes, y ya nos estamos quedando sin velas y combustible". Para abastecerse tradicionalmente recurrían al mercado boliviano, por lo que ahora han quedado virtualmente aislados con el cierre de las fronteras. Los caminos hasta Orán, en Salta, son literalmente intransitables, y tampoco cuentan con permisos de circulación para intentar la travesía para proveerse de productos y cobrar asignaciones. 

"Se olvidaron de nosotros, acá no tenemos electricidad, ni llega señal de teléfono y la internet viene gracias a una antena boliviana”, aseguró Vargas. El único camino asfaltado está situado en territorio boliviano, pero les está vedado. "Compramos allí porque es más barato y estamos en cuatro horas,-aseguró. El viaje hasta Orán por territorio argentino dura entre doce a catorce horas, por caminos peligrosos y en pésimo estado.

Claramente, para el gobierno de Sáenz las comunidades originarias no son una prioridad. Más bien, directamente no son tenidas en cuenta. Pero no son las únicas perjudicadas por la impericia oficial. 

Este lunes, el gobernador encabezó un breve acto en el cabildo provincial para celebrar el 25 de mayo. A su finalización, los guías de turismo, que desde hace más de una semana decidieron encadenarse en la plaza principal para tratar de llamar la atención sobre sus reclamos urgentes sin éxito alguno, se acercaron a Sáenz para que se diera por enterado de la gravísima situación por la que atraviesan. 

El gobernador se desentendió del tema y les comunicó que el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se acercaría para dialogar con ellos. Inmediatamente se dio vuelta y emprendió una retirada que más pareció una huida, entre los gritos y expresiones de desaprobación de los manifestantes. 

A continuación Villada habló con los guías y les comunicó que había mantenido reuniones con varios dirigentes de la actividad, pero los manifestantes expresaron que los mismos no eran representativos ni tenían mandato real. 

El ministro de Gobierno prometió soluciones, pero no convenció a los guías, quienes afirmaron que la gestión sólo trata de dilatar el problema, sin adoptar solución concreta alguna. 

Estos reclamos se reiteran hasta el cansancio en el caso de choferes, comerciantes, trabajadores informales y en blanco, que no reciben ingresos o sólo lo hacen de manera parcial.

La situación social en Salta es gravísima y el gobierno parece no tener voluntad ni capacidad para modificarla.