La Corte Suprema de Justicia envió un guiño favorable al principal reclamo de fondos que planteó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En sigilo, aceptó la competencia originaria de un litigio millonario contra el Estado nacional por el Fondo del Conurbano y está a punto de expedirse, con viento a favor antes de fin de año, sobre la posibilidad de admitir también el trámite por los fondos coparticipables cuyo aumento de porcentaje a repartir reclama el principal distrito electoral del país. Sólo restan dos supremos para expedirse, y el tema podría dominar la agenda de 2017. El principal antecedente que favorece a Vidal es el último fallo del tribunal de la era K que benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis y condicionó con su cumplimiento a la administración de Mauricio Macri. La Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó, también se pronunció a favor de que la Corte trate el tema que inquieta al resto de las provincias. 

El 4 de octubre pasado, la Corte, con la firma de su presidente, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz admitió el recurso por "competencia originaria" de la Corte, contra la Nación. Es el expediente 1201 de una "acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos", que ya tenía dictamen favorable de la oficina de Gils Carbó. El primer punto de la resolución es declarar que el trámite es admitido por esta vía, una facultad constitucional que tiene la Corte para intervenir en pleitos entre las provincias y el Estado nacional. Todo el proceso se sustanciará ante el máximo tribunal, algo que ya fue comunicado a la Procuración del Tesoro, que dirige Carlos Balbín, y por oficio al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas que conduce Alfonso Prat Gay. Según el procedimiento establecido, la administración central tendrá un margen de 60 días para contestar la demanda, plazo que vencería la próxima semana. En este juicio, se aclara, estarán citadas todas las provincias que habitualmente han resistido el reclamo que para el Fondo del Conurbano fija una derivación del 2% de la recaudación total del Impuesto a las Ganancias. 

Eliminación de tope

Hasta ahora, ese monto tenía un tope de $650 millones en la norma que regula ese tributo, vigente desde 1995. Sobre ese punto, la Fiscalía de Estado provincial -por instrucción de Vidal- pidió en agosto que se declare su inconstitucionalidad y le agregó una solicitud de medida cautelar que permita adelantar el efecto del reemplazo del tope y cobrar los últimos cinco años con retroactividad. La disputa es multimillonaria. Al dirigirse el litigio contra la Nación pero no contra las 22 provincias que absorben hoy casi el 90% del Fondo del Conurbano (gracias al tope), Vidal ensayó la fórmula de considerarlos terceros interesados, lo que, en términos políticos, se traduce en una vía para que Macri destine más fondos con la excusa de un litigio en curso que podría obtener sentencia favorable. 

El juicio admitido también tiene otras implicancias porque podría voltear la exclusión que tiene Buenos Aires de la distribución del excedente del 10% entre las provincias y del cupo del 4% que directamente no la contempla. El objetivo es tabicar también futuras normas que limiten los fondos que pueda recibir la provincia, por lo planteado en la demanda. Laura Monti, procuradora ante la Corte, el 23 de agosto confirmó la procedencia del reclamo para que el máximo tribunal defina. 

Coparticipación

Pero la primera demanda iniciada luego del Decreto 766/16 por el que se instruyó al fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, para "la promoción de acciones judiciales conducentes al cese de la detracción de recursos coparticipables, Pacto Fiscal I y por la aplicación del Decreto 1.399/01" persigue un objetivo aún mayor: recuperar el 15% de recursos coparticipables para Vidal. Allí el litigio no sólo está planteado contra el Estado nacional sino también contra la AFIP. Se pide que se le reintegre el 1,9% de la recaudación aduanera, que hoy se destina a la AFIP. Lo central está en el pedido para que "se condene al Estado nacional a abonarle a partir del 30 de diciembre de 2010 una suma compensatoria por la pérdida sufrida en sus ingresos provenientes de la coparticipación tributaria por la detracción que aquí cuestiona y, en subsidio, que se lo condene a pagar los montos que expresamente le reconoció a su favor -al igual que a otras provincias- en el Decreto de Necesidad y Urgencia 2.635/15 -mientras éste se mantuvo vigente-, con más sus intereses". Es el DNU con el que Cristina de Kirchner igualó la situación de las provincias luego del fallo de la Corte que benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Macri lo derogó apenas asumió. La misma Monti firmó el 7 de julio la competencia a favor de la Corte para resolver. 

Ese expediente ya deambuló por tres vocalías de la Corte, y su destino es análogo al del Fondo del Conurbano, lo que deja con buenas expectativas a Vidal, al menos para su admisión. Maqueda fue el primero en intervenir y le dio pase a Highton de Nolasco, quien el 26 de octubre volvió a girarlo a la vocalía de Rosenkrantz. Restan dos pronunciamientos clave durante diciembre: el de Rosatti y el de Lorenzetti, habitual administrador de los tiempos del tribunal. En términos de dinero involucrado, puede catalogarse como el juicio del siglo; sin embargo, el movimiento de Vidal -con la anuencia de Macri- y el de la Corte admiten una lectura a dos bandas: más allá de lo judicial, habrá una respuesta política.