Apoyan la iniciativa que puso el freno de mano a más de 400 emeprendimientos inmobiliarios que estaban flojos de papeles. La lupa sobre las irregularidades.
Por Juan Manuel Meza.
Julio Alak recibió esta semana un fuerte espaldarazo profesional al recibir el visto bueno para avanzar con la decisión de frenar casi medio centenar de emprendimientos inmobiliarios que habían sido habilitados durante la gestión de Julio Garro. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) respaldó la medida que tomó el intendente de La Plata el pasado 10 de octubre mediante un comunicado publicado en su web oficial.
Allí, los profesionales subrayan la importancia de la "convalidación provincial" como una herramienta que garantiza que cualquier modificación en la zonificación urbana y usos del suelo se ajuste a la legislación vigente y que estas propiedades sean legalmente subdivisibles, evitando problemas dominiales como los "lotes indivisos". Precisamente esos dos puntos, son los argumentos centrales de la administración platense a la hora de justificar la iniciativa.
La controversia por la acelerada expansión inmobiliaria sin autorización provincial durante la gestión anterior del intendente del PRO no es algo que resulte novedoso para quienes trajinan la discusión política en la capital provincial. Por eso, la suspensión que impacta sobre más de 400 desarrollos urbanos autorizados en áreas rurales y en el cinturón hortícola de la región, no escapa a una problemática que fue advertida a lo largo de toda la campaña. La iniciativa, también permitirá que se revaloricen tierras en las que pequeños agricultores sufren desplazamientos debido al incremento de alquileres.
La suspensión de 180 días implementada por el intendente Alak, tiene como fin reevaluar las normativas previas y alinear el crecimiento urbano con los requisitos de ordenamiento que exige la Provincia de Buenos Aires. Con respecto a esto, el CAPBA señala que los desarrollos aprobados en la gestión de Garro adolecen de "descoordinación entre indicadores, imprecisiones, superposición de restricciones, conflictos con la aplicación del CUF y limitaciones a la edificación en áreas servidas". Estos problemas fueron advertidos por el colegio en diversas ocasiones a las autoridades de su momento, quienes no habrían prestado atención a las recomendaciones ni en la sanción ni en la aplicación de las ordenanzas, según se desprende del comunicado.
Sergio Resa, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de La Plata, había dicho a Buenos Aires/12 que “no se puede hablar de un error” en los permisos otorgados durante la administración de Garro, dado que las urbanizaciones afectadas incluyen barrios privados en tierras rurales, cuyos terrenos tenían valuaciones de hasta 50 mil dólares, luego subdivididos y vendidos en lotes de hasta 30 mil dólares cada uno para fines residenciales. Resa enfatizó que estas operaciones fueron "muy irresponsables" debido a que ignoraron repetidas observaciones de las autoridades provinciales.
Una de las principales advertencias que plantean el CAPBA y el equipo de urbanismo de la municipalidad radica en que muchos de estos barrios se encuentran en sectores donde los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado y electricidad, no están garantizados. A lo largo de 2023, diversas organizaciones de productores hortícolas denunciaron que los desarrollos inmobiliarios en el cinturón frutihortícola y rural han desplazado a pequeños agricultores, quienes enfrentan aumentos desproporcionados en los precios de alquiler de sus tierras.
Al no haberse respetado el proceso de convalidación provincial, se estima que este crecimiento urbano descontrolado podría duplicar el tamaño de la ciudad sin una infraestructura que soporte la nueva demanda.
Con este panorama, Alak creó el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), en el cual participan universidades, el CAPBA y otras organizaciones profesionales, para elaborar un nuevo plan urbano y un código de zonificación que se adecúe a las necesidades actuales de la ciudad y su expansión. La prioridad es corregir los errores cometidos y establecer normativas claras que permitan un crecimiento ordenado y sostenible.
El impacto en los profesionales
Al final de su comunicado, el CAPBA también manifiesta su preocupación por el impacto de esta suspensión en los profesionales de la arquitectura y la construcción, quienes operaban bajo normas impuestas por la administración anterior y se ven ahora forzados a “detener proyectos en curso sin haber tenido responsabilidad en las decisiones pasadas”.
Si bien pusieron en valor su respaldo por el accionar desde lo legal por parte de la gestión de Alak, el CAPBA solicitó que el municipio facilite una vía alternativa de resolución a este conflicto, que no fue generado por los profesionales y afecta sus medios de vida. A través de este pronunciamiento, el colegio reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la solución del problema, indicando que “es imprescindible el ordenamiento de esta condición normativa” para evitar una afectación prolongada sobre los profesionales de arquitectura y sus comitentes.
Qué dijo Julio Garro
Para Garro, los desarrollos están consolidados y la solución debería consistir en regularizarlos y permitir que los propietarios puedan escriturar sin mayores complicaciones. Desde su perspectiva, el sector privado debe ser un "aliado" en el crecimiento de la ciudad y no verse obstaculizado por normativas restrictivas, argumentando que se debe facilitar la inversión en la ciudad en lugar de "poner palos en la rueda al que quiere invertir en La Plata".
Desde la gestión, Resa afirma que las inversiones en la ciudad deben enmarcarse dentro de un contexto de legalidad. Según señala, la falta de escrituración afecta directamente a las familias que han adquirido estos lotes, quienes terminan enfrentando problemas de propiedad y ocupación, con una ilegalidad "alarmante" que desestabiliza el ordenamiento territorial.
"Somos un equipo donde todos somos docentes de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de La Plata, y entendemos que el problema tiene la gente es que alguien le vendió un terreno que no tenía posibilidades de escriturarse ni de subdividirse, que no es casual, pero estamos encaminados en encontrar la mejor solución para todos", comentó Resa a Buenos Aires/12.
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