El presidente le dijo al gobernador Rodolfo Suarez que es de “sentido común” avanzar con la obra, cuestionada por el resto de las provincias que integran COIRCO debido a su impacto en el río Colorado. En Mendoza dicen que se abre una negociación con La Pampa.
Rodolfo Suarez recibió por parte de Alberto Fernández un guiño importante para avanzar con la licitación de Portezuelo del Viento, en el marco del rescate de la empresa IMPSA que ejecutaron de manera conjunta la Nación y la provincia cuyana la semana pasada.
“El conflictivo tema que está en manos del Presidente (tiene que laudar a favor o en contra de la construcción del dique en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) fue abordado por ambos en un tramo de la última visita del mandatario nacional a Mendoza concretada el jueves”, relató el diario Mendoza Online.
Allí Alberto le confió al gobernador que su intención era destrabar desde el punto de vista político la obra a través de un acuerdo con La Pampa y que era una cuestión de “sentido común” avanza con el proyecto, destacó el mismo diario mendocino.
“¿Cómo no voy a querer hacer una obra para la generación de energía o que almacene agua? Es una cuestión de sentido común”, dice MdZol que le expresó el presidente a Suarez, en un tramo de esa conversación en donde se decidieron los pasos a seguir.
El mismo diario también señala que “Mendoza y La Pampa buscarán otra vez la posibilidad de un acuerdo que podría incluir la alternativa de que la provincia vecina participe del manejo de la presa”.
Esa alternativa ya fue planteada y rechazada por la Pampa, debido a que la condición era que Mendoza maneje “el grifo de Portezuelo”, es decir, que sea quien en definitiva realice el manejo del agua.
MdZol también cita otro tramo de la supuesta charla entre Suarez y Fernández: “se habló de la alternativa de que los pampeanos participen a futuro del negocio de la generación de energía hidroeléctrica. Y aquí otra vez los condicionamientos mendocinos: siempre y cuando aporten para la construcción de la obra”.
“Avancemos, le dijo Alberto al ministro del Interior, Wado de Pedro, presente en ese encuentro. ‘Pero hagámoslo sin tanto ruido’”, habría instruído el presidente.
Justamente este domingo a la noche, pasado algunos días de la estatización de IMPSA, el gobernador Sergio Zioliotto salió a pedirle a Nación que retire a la empresa de la carrera por la licitación de Portezuelo del Viento.
En un comunicado oficial, el Gobierno pampeano consideró que “sería razonable” retirar a la empresa “de la licitación de una obra que se encuentra cuestionada por cuatro de los cinco condóminos de la cuenca”.
“Que el Estado Nacional sea ahora el principal accionista de IMPSA resulta para nuestro país una muy buena noticia, y se celebra que la compañía recomponga su capital de trabajo y se proyecte para posicionarse otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos”, remarcaron desde el Gobierno pampeano.
Pero a su vez advirtieron que “no puede usarse para tapar las inconsistencias técnicas, ambientales, legales y económicas de una obra como así pretenden actores mendocinos”.
“Esta estatización no subsana los defectos que el propio Estado Nacional, en coincidencia con nuestra provincia, ha observado a la obra Portezuelo del Viento. Tal como se ha indicado, la obra carece de los estudios ambientales para poder llevarse a cabo, los cuales deben ser integrales sobre toda la cuenca del río Colorado”, insistieron.
“Nos encontramos ante un proyecto de obra confeccionando hace más de 30 años, en base a conocimientos, tecnologías y exigencias muy disimiles de las actuales. Es una obra inviable desde el punto de vista ambiental, e inviable desde la generación de energía”, agregaron.
Y remarcaron que Portezuelo representa “todo aquello que una empresa que quiera consolidarse en la vanguardia de los desarrollos tecnológicos no debería siquiera considerar”.
“Ahora que el Estado Nacional es accionista mayoritario, y dadas todas las observaciones y críticas que él mismo realizó sobre Portezuelo, sería razonable que respalde sus palabras con acciones y retire a IMPSA de la licitación de la obra”, apuntaron.
Detallaron que los cuestionamientos son por “no tener una Evaluación de Impacto Ambiental sobre toda la cuenca en la que va a influir, que garantice que Portezuelo no generará daños ambientales irreparables, que garantice que no se va a afectar la disponibilidad de agua del río Colorado a las provincias que se encuentran aguas abajo”.
“Por tanto, cuestionada por no cumplir con las leyes nacionales que rigen en nuestro territorio como son la Ley de Presupuestos mínimos 25675, la ley de Régimen de gestión Ambiental de Aguas 25688, Ley de Obras Hidráulicas 23879”, enumeraron.
“No puede ningún Gobierno nacional llevar adelante la construcción de una represa ubicada en una cuenca interjurisdiccional cuando sus condóminos no están de acuerdo con la misma, en el marco del federalismo vigente en nuestro país sería eso inviable”, cerró el comunicado.
Cuestión de costos
El Gobierno de Mendoza está a la espera de una instancia clave en el proceso de licitación de represa Portezuelo del Viento: sucede que “Malal Hue” -el único consorcio oferente encabezado por la empresa china Sinohydro, pero liderado en Mendoza por IMPSA- estaría elaborando una mejora de oferta porque dentro de las seis alternativas que presentó, la mayoría de ellas superan ampliamente el presupuesto establecido que ronda los USS 1.023 millones.
El gobierno de Suarez habría pedido, nada más y nada menos, que una rebaja del 45%. “Fuentes oficiales confiaron a MDZ que ejecutivos chinos de alto nivel de la empresa oferente se encuentran desde hace semanas en Mendoza elaborando esa propuesta que será clave para el futuro de una licitación en la que la administración de Suarez apuesta todo”, destacó el diario mendocino.
El consorcio Malal-Hue presentó 8 ofertas con 11 opciones diferentes de precio que se conocieron el 31 de marzo en la apertura del sobre 3 correspondientes a la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en la que fue la única participante.
La UTE realizó una propuesta básica con pavimento flexible de 1.278.313.319,6 9 y otra con pavimento rígido de 1.280.473.041,43 y una alternativa obligatoria de 1.283.550.435,64 y 1.286.325.487,15 respectivamente.
En la primera de las variantes, ofreció llevar a cabo la misma obra, pero con una nueva traza más baja y menos sinuosa de la ruta nacional 145 con pavimento flexible por 1.279.955.875,33 dólares y con pavimento rígido por 1.286.285.063,47.
Su segunda alternativa incluyó construir la represa, pero sin la ruta provincial 226 por 1.230.070.565,24, mientras que la tercera dejaba afuera la línea de alta tensión de 220kV y la estación transformadora por lo que su precio era de 1.070.377.308,66.
Finalmente, en la sexta variante el consorcio ofreció levantar la central hidroeléctrica con una nueva traza más baja y menos sinuosa de la ruta nacional 145 y un paquete estructural diferente con un costo de 1.273.304.038,27.
En todas ellas propuso realizar un descuento del 1,67% en los precios por terminar la construcción 30 días antes de los 1.853 estipulados en los pliegos y por solicitar solo el 10% del monto total del contrato como anticipo financiero.
15.600 millones
A los innumerables contratiempos que sufre desde sus inicios Portezuelo, se le sumó un error de cálculo económico. Las ofertas presentadas por la única empresa que postuló para hacer la obra superan el presupuesto oficial y el dinero disponible que tiene Mendoza para hacer la represa hidroeléctrica.
A la vecina provincia le faltan unos 15.600 millones de pesos (unos 174 millones de dólares), a pasar de los 1023 millones de dólares que girará en total el Gobierno Nacional, provenientes del acuerdo de resarcimiento firmado por los perjuicios de la promoción industrial.
Encima, cuenta con otro condimento extra: la inspección no la hará el Estado, sino que se contratará una consultora privada que también cobraría en dólares.
En el medio está el conflicto político que mantiene Mendoza con el resto de las provincias que integran COIRCO, que le reclaman un estudio de impacto ambiental antes de avanzar con la represa hidroeléctrica que tendría efectos directos sobre el río Colorado.
Otras complejidades
En Mendoza también reconocen que el proceso de licitación de Portezuelo del Viento tiene otras complejidades políticas que no estaban previstas.
La UTE está liderada por la empresa china Sinohydro que aún no tiene “cara visible” en Mendoza. Esa empresa es la garante financiera, económica y técnica. Cumple un rol clave cuando se ven los problemas de solidez que tienen el resto de las firmas que componen el consorcio.
El “líder espiritual” del consorcio es IMPSA, empresa que ahora controlada por el Estado. El comité político que analiza las propuestas está integrado por los ministros de Gobierno, Hacienda, Economía e Infraestructura. Ahora que se concretó el desembarco del Estado nacional y mendocino en IMPSA, habrá representantes de los mismos ministerios en la empresa adjudicataria. “Controladores y controlados del mismo lado”, analizó en su momento del diario Mendoza Online.
La historia de IMPSA
En la actualidad, el único proyecto fuerte que tiene IMPSA en carpeta es el aporte de las turbinas para Portezuelo y la finalización de un contrato para aportar más de una docena de turbinas para Yacyretá.
Hace poco más de un lustro que IMPSA no participa de licitaciones en el extranjero y ahora la apuesta es a que, con el respaldo del gobiernonacional y de Mendoza detrás, las garantías para ganar proyectos internacionales aumente.
Suarez acudió al rescate de la empresa convencido de que, si la provincia o el gobierno nacional no aparecían en escena, IMPSA directamente bajaba la persiana.
En la negociación con el ministerio de producción que conduce Matías Kulfas, Mendoza se fijó al menos tres condiciones que sostiene haber cumplido.
Una de ellas es que los aportes que se realizaron desde aquí, unos U$S 4 millones, sean devueltos por la Casa Rosada a través de Adelantos del tesoro Nacional. El otro, casi una obviedad, era que la empresa rescatada mantuviera sus operaciones en Mendoza. Y el tercero fue que la provincia (ni la Nación en ese sentido) resultaran solidarias con el pago de la deuda de la empresa.
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