Ni la pandemia ni la economía (los únicos conflictos que realmente le importan ahora a la sociedad) merecen su atención. A veces retrocede porque intuye que las comisiones investigadoras terminarán investigándola a ella. Cuando avanza, atropella a las instituciones y a sus leyes, a la Constitución y al reglamento del Senado. Su guillotina metafórica es el escarnio público de sus enemigos, la humillación de los que ella cree que la humillaron. Cada hecho que podría comprometer al gobierno de Mauricio Macri merece una investigación de sus laderos, seguramente sesgada y arbitraria. No obstante, la impronta última de la expresidenta compromete seriamente a Alberto Fernández y su estrategia de acordar con la oposición y de conseguir el acuerdo senatorial para el juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Como van las cosas, Rafecas podría estar condenado a esperar hasta siempre ese imprescindible acuerdo.

La última comisión investigadora que se le ocurrió es sobre el caso de la empresa Vicentin. Nunca el cristinismo fue claro sobre si pretendía investigar a Vicentin o al Banco Nación por haberle dado créditos en tiempos de Macri. Retrocederá en algún momento. La deuda de Vicentin con ese banco público en tiempos de Macri creció un 36 por ciento, pero entre 2008 y 2014, cuando Cristina presidía el país, la deuda de la empresa con el mismo banco aumentó un 240 por ciento. Vicentin no es Lázaro Báez. Aclaración necesaria después de tanto parloteo inútil. La empresa agroexportadora tiene 90 años de antigüedad y es clienta del Banco Nación desde hace más de 50 años. En 2014, la propia Cristina inauguró la planta de Renova, en Puerto Timbúes. Vicentin invirtió más de 1000 millones de dólares en esa planta con créditos del BID, de la Corporación Financiera Internacional (que depende del Banco Mundial) y de la Corporación Andina de Fomento (actual Banco de Desarrollo de América Latina), que son ahora acreedores de la empresa concursada. Pero ¿es necesaria una investigación parlamentaria de los créditos del Banco Nación? No. Una investigación sobre los préstamos de ese banco a Vicentin está en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. Cristina los detesta; son los que la procesaron por haber hecho increíblemente rico a Lázaro Báez. Prefiere ser ella misma la que investigará a la empresa, al banco y, si es posible, al juez y al fiscal.

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La Constitución deposita en el reglamento el gobierno de los cuerpos legislativos. El artículo 88 del reglamento del Senado estipula textualmente: "Para la creación de comisiones investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara". Cristina necesita a la oposición porque son 48 los votos necesarios para conseguir los dos tercios. La aprobación de ese proyecto de comisión bicameral investigadora de Vicentin tuvo solo 41 votos. Cristina lo dio por aprobado. Al jefe del bloque opositor, el radical Luis Naidenoff, quien le pidió la palabra solo para dejar sentado que la aprobación era ilegal, le apagó el sistema de videoconferencia. Las reuniones telemáticas son esenciales en el mundo de la pandemia y la cuarentena. Sirven para reemplazar a todas las reuniones que antes eran presenciales. Menos las del Senado. No se puede confiar en una presidenta del cuerpo que enciende o apaga el sistema de videoconferencias según su conveniencia personal. Cristina le sacó previsibilidad a una Cámara históricamente predecible.

A pesar de las apariencias, Cristina está perdiendo. Los viejos senadores peronistas se revuelven en sus sillones cuando ven que fanáticos senadores cristinistas, como Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti o María Sancnun, llevan de las narices al Senado (y a veces al Gobierno). Ellos hacen lo que Cristina les ordena. Pueden ser desprolijos y hasta impolíticos, pero son férreamente leales. La peor derrota de Cristina consiste en que cada vez tiene menos votos para juntar los dos tercios necesarios para muchas cosas. El pliego de Sergio Uribarri como embajador en Israel (que no necesitaba de los dos tercios, pero que era cuestionado por la oposición) logró 44 votos. Estaba entonces a solo cuatro votos de los dos tercios. El tratamiento sobre tablas (es decir, sin pasar por las comisiones) de la ley de alquileres necesitaba los dos tercios. Consiguió solo 42. La diferencia se amplió a seis. La aprobación de la comisión investigadora de Vicentin tuvo 41 votos. La diferencia ya es de siete votos. Los senadores son solo 72. Siete votos se parecen a un abismo. A Rafecas lo aguarda la eternidad si su cargo de procurador general depende de semejante cintura política.

En la primera lista que se filtró sobre fuga de capitales había más amigos de Cristina y de su marido muerto que de Macri. Fin de la investigación. A Cristina no se la toca

Ya el cristinismo había espoleado una investigación sobre la "fuga" de capitales en épocas de Macri; aseguraba que los amigos del expresidente se llevaron del país miles de millones de dólares. En la primera lista que se filtró había más amigos de Cristina y de su marido muerto que de Macri. Fin de la investigación. En los últimos días Cristina promovió que la comisión bicameral de seguimiento de la deuda pública investigara el endeudamiento en tiempos de Macri, pero se negó a que investigara la deuda durante los años de su presidencia. Raro. La deuda pública pasó de 177.000 millones de dólares a fines de 2007 a 241.000 millones a fines de 2015. El aumento fue de 64.000 millones de dólares, sin contar los juicios perdidos en el Ciadi (de los que se hizo cargo Macri), ni el juicio entablado en Nueva York por los accionistas minoritarios de YPF por unos 5000 millones de dólares, ni la deuda con los viejos bonistas que no arreglaron con ninguno de los dos Kirchner (los holdouts). Alfonso Prat-Gay se encargó de estos desde antes de asumir como primer ministro de Economía de Macri. Les hizo una quita importante a los intereses. Si se le agregan esas deudas a su gestión, la herencia de Cristina fue de 72.000 millones de dólares. La deuda bruta de Macri fue de 81.000 millones de dólares; gran parte de ella estuvo destinada a pagar compromisos de Cristina. Si se investiga una deuda de 81.000 millones, ¿por qué no se investiga la de 72.000 millones?

En los interminables años de Cristina se reestructuró (lo hizo Amado Boudou ) parte de la deuda pública que no entró en el canje que concretó Roberto Lavagna en 2005. También se acordó con Repsol la indemnización por la expropiación de YPF. Costó 9000 millones de dólares, contando los intereses. YPF nunca tuvo ese valor de mercado. Es decir, se pagó de más. Y se le pagaron intereses punitorios al Club de París, algo que nunca había sucedido. Son deudas entre Estados. Se supone que los Estados no cobran punitorios. La Argentina de Cristina los pagó. ¿Por qué no investigar a Macri y también a Cristina? A ella no se la toca.

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Leopoldo Moreau, Oscar Parrilli y Rodolfo Tailhade, cristinistas convencidos y confesos, integran la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia. Ellos están empujando una investigación del espionaje en tiempos de Macri. Cristina los impulsa. Tres jueces federales están haciendo ya esa investigación. No importa. La Justicia se demora demasiado para los ansiosos tiempos de la expresidenta. Lo único que consiguieron hasta ahora es reflotar la vieja causa que tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi y que interpela a la propia Cristina. En un allanamiento a su casa, la Justicia encontró carpetas de los servicios de inteligencia con información sobre conversaciones telefónicas y sobre reuniones de empresas. Entre las víctimas están el expresidente de Repsol-YPF Antonio Brufau y Francisco de Narváez, seguramente desde los tiempos en que este era una amenaza política para Cristina. ¿Por qué no investigarla también a ella, además de a Macri? Como en tiempos de Robespierre, la guillotina secciona solo la cabeza de los enemigos.