Según datos oficiales a los que accedió Página/12, hubo al menos siete mil suspensiones del mes de febrero que se dictaron de forma irregular, con errores en el cruce de datos. El ministerio de Capital Humano vendió el ajuste como una purga de "piqueteros vip", pero la mitad de los perjudicados son personas migrantes que cruzaron la frontera para visitar a sus familiares o por motivos de fuerza mayor. La UTEP presentó un amparo en el que describe varios casos y pide la marcha atrás de la medida.