Por: Gianni Pierobon.

La pelea entre intendentes por el reparto de la coparticipación ha sido la novela del verano en la política mendocina. Mientras los jefes comunales cruzan quejas y reclamos por la distribución de los fondos y sube la tensión, el Gobierno de Mendoza toma distancia del conflicto y remarcan que se trata de una discusión que deben resolver los municipios. Desde la Casa de Gobierno indicaron que serán intermediarios en esta puja pero anticipan un largo camino hasta la sanción de una nueva ley.

La actual legislación provincial establece que la distribución de los recursos coparticipables entre los 18 departamentos se realiza teniendo en cuenta tres criterios. Un 25% se reparte en partes iguales; un 10% se distribuye en base a un coeficiente de equilibrio del desarrollo regional, que apunta a compensar a los municipios menos poblados; y el 65% restante se envía en proporción a la población de cada departamento.

Ese último parámetro sufrió una importante modificación luego de que se aplicaran los datos provisorios del Censo 2022, a partir de la Resolución Nº 10 del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El relevamiento nacional determinó que hubo municipios que crecieron mucho más que otros en cantidad de habitantes y eso terminó reflejado en los porcentajes finales que recibe cada comuna.

Calvente, Costarelli y Lo Presti reclaman revisar la última fórmula de reparto de coparticipación.

Por ejemplo, Luján de Cuyo y Maipú se vieron beneficiados por la nueva fórmula, mientras que Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén se consideraron perjudicados en reparto y cuestionaron la rigurosidad y precisión del estudio realizado por el INDEC.

Luego de semanas de enojos y reclamos entre los intendentes, la última semana los jefes comunales de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y de Las Heras, Francisco Lo Presti, tomaron una acción directa. Los dirigentes radicales presentaron un recurso administrativo para suspender la última resolución de Hacienda y volver al reparto en base a los datos poblacionales previos, basados en el Censo 2011.

"Tenemos razones fundadas para cuestionar los datos informados por el INDEC, que sin duda distorsionan la distribución de los recursos coparticipables y privan a los vecinos que representamos de fondos fundamentales para la continuidad en la prestación de los servicios", manifestó Costarelli, a la vez que reclamó por una nueva Ley de Coparticipación provincial.

Ese mismo reclamo había sido presentado semanas atrás por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien también exige mayor participación en el reparto de fondos para el municipio más poblado de la provincia.

Los planteos de los intendentes radicales generaron una fuerte reacción del jefe comunal de Luján, Esteban Allasino, quien afirmó que “no se pueden desconocer los datos oficiales del Censo 2022”. “Lo que corresponde es cumplir la ley”, expresó el único intendente de La Unión Mendocina y sostuvo que “los datos del Censo son claros y precisos: Luján creció y los lujaninos somos más”.

El Gobierno provincial toma distancia

El gobierno de Alfredo Cornejo no se ha metido en la pelea entre intendentes por el reparto de la coparticipación, si bien los jefes comunales más cercanos al mandatario provincial son los que más se han quejado de la nueva fórmula aplicada por el Ministerio de Hacienda.

Desde el Gobierno provincial reconocen que el sistema actual de distribución no es bueno y que se puede mejorar, pero sostienen que la reforma depende de una nueva ley, pero que antes deben ponerse de acuerdo los municipios, lo cual se prevé como una larga empresa.

“Es una discusión entre municipios que, por supuesto, la Provincia va a intermediar y coordinar”, manifestó a MDZ el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Confirmó que estudiarán el recurso presentado por Costarelli y Lo Presti y analizarán los fundamentos planteados, aunque no adelantó una postura.

Resaltó que por un lado se analiza cuál es la población que se debe reconocer para liquidar la coparticipación y otro debate se basa en si la fórmula de coparticipación vigente es la adecuada. “Es una discusión válida entre municipios y a nosotros nos interesa colaborar, pero es entre ellos, agregó.

El funcionario indicó que “lo que se está discutiendo es cómo se reparte la misma torta entre los distintos municipios de la provincia y hay una ley que dice cómo se reparte. Y esa ley dice que el 65% se reparte por población. La primera pregunta que no se está haciendo nadie es si la población censal es o no un buen parámetro para repartir los fondos entre los municipios. Los 18 intendentes te van a decir que no. Pero no están tan de acuerdo en cuál sería el mejor parámetro para aplicar. Siempre es más fácil estar de acuerdo en el ‘no’ que en el ‘sí’”, advirtió.

En el Gobierno provincial advierten que se tratará de una discusión larga, ya que todo se encamina a una reforma estructural que no se resolverá fácilmente. Por lo pronto, desde Hacienda pidieron los datos desagregados del Censo 2022 al INDEC para analizar si las quejas de algunos intendentes tienen justificación.

“Nosotros necesitamos tener un dato oficial a partir del cual liquidar la coparticipación. Hoy el que está es el del último censo. Otra discusión es si está bien o no o si todos consideran que está bien hecho o no. Algunos municipios plantean que tienen el mismo padrón electoral, más permisos de construcción, más gente que viene todos los días al municipio, más empresas y más demanda de energía. Lo que sucede es que la gente trabaja en un lugar y vive en otro. La dinámica urbana del Gran Mendoza es muy particular, no existe en ninguna otra provincia que haya 5 o 6 municipios de tamaño más o menos parecido en un radio tan chico”, manifestó Fayad.

El titular del Ministerio de Hacienda consideró que la distribución de la coparticipación actual “no es la mejor, pero es muy perfectible”. Añadió que la pelea se resolverá con una ley, pero destacó que antes se necesita consenso, lo cual no será sencillo ya que la torta que se reparte es la misma y si un departamento gana, significa que otro pierde.

En este sentido, un problema que se presenta es que no todos los municipios cuentan con la misma representación en la Legislatura, lo que obliga a trasladar la discusión previamente a otro ámbito donde todos tengan voz.