En los días previos a la crucial sesión del Congreso para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Alberto Fernández está dando pruebas de tiene una estrategia para conseguir el apoyo de Cristina Kirchner. El Presidente entiende que su vice necesita algún logro político que la ayude a preservar su "capital simbólico" y que pueda ser exhibido ante su base militante como una compensación por el "sapo" de tener que apoyar un acuerdo que le repele.

Y es por eso que decidió darle el gusto a Cristina en uno de sus temas obsesivos: el de dar una pelea pública contra la "fuga de capitales" ocurrida tras el acuerdo "stand by" que en 2018 firmó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

Es, después de todo, el tema que la propia vicepresidente había puesto como condición para dar su apoyo al acuerdo. En su recordado discurso del 10 de diciembre, Cristina había dejado frases sugestivas, como el "despabílense" dirigido a los políticos de la Unión Cívica Radical -pero acaso también al propio Alberto-, para recordar los casos de presidentes que habían sufrido desestabilización política por tener problemas para cumplir con el Fondo.

Y, tras repasar cómo, violentado algunas de sus propias reglas internas, el FMI había dado una ayuda no convencional a Mauricio Macri para ayudarlo en la contienda electoral de 2019, Cristina planteó "que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se fueron miles de millones de dólares en evasión, para que le paguemos".

Desde ese momento había quedado planteado uno de los objetivos de la vice: que el esfuerzo fiscal del nuevo acuerdo con el FMI tuviera como protagonistas a los grandes compradores de divisas.

A partir de allí surgió uno de los debates más intensos en la interna gubernamental. El kirchnerismo duro, con los datos brindados por el Banco Central sobre los 100 mayores "beneficiarios" por la fuga de capitales, está buscando la forma técnica de compensar uno de los grandes problemas fiscales de este año: la desaparición del aporte de las Grandes Fortunas, que en 2021 había ayudado a las arcas de la AFIP con medio punto del PBI.

La ofensiva en el plano judicial

Lo cierto es que resultó sugestiva la coincidencia, de que, a pocas horas del discurso de Alberto Fernández en la inauguración del año legislativo, se conociera una decisión judicial de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en el sentido de levantar el secreto bancario para identificar a personas y empresas que se dolarizaron entre 2015 y 2019.

La magistrada ya tenía a su cargo la investigación de la querella presentada por el Estado contra ex funcionarios macristas -Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris- por haber firmado un acuerdo que podría constituir las figuras delictivas de "malversación de fondos" y "administración fraudulenta".

Luego de meses en los que el kirchnerismo se quejaba sobre los casi nulos avances en esa causa, todo empezó a tomar velocidad.

Concretamente, la jueza Capuchetti solicitó al Banco Central un informe para saber los nombres de 100 agentes que compraron más de u$s24.000 millones, así como el "top ten" de compradores que se quedaron con casi u$s8.000 millones.

Y también se solicitó un informe sobre la evolución de las reservas durante todo el período de gobierno macrista.

El objetivo es encontrar pruebas para avanzar en la causa penal tanto contra los ex funcionarios como, eventualmente, con los "fugadores". La jueza quiere identificar cuentas de empresas que compraron divisas por más de u$s40.000 millones.

La realidad es que en un informe público de mayor de 2020, el Banco Central había hecho un análisis político sobre la fuga de divisas asociadas a los momentos de endeudamiento. La entidad presidida por Miguel Pesce cuantificó en u$s86.000 millones la salida total de dólares ocurrida durante el macrismo, como "resultado de un profundo cambio de paradigma impuesto por la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados que impulsó el gobierno de Mauricio Macri".

En otras palabras, casi una justificación sobre la necesidad de mantener el cepo cambiario como una forma de defender el patrimonio del Banco Central. Sin embargo, el BCRA destacó el hecho de que las compras de dólares no habían tenido como principal responsable a los pequeños ahorristas sino a personas y empresas de alto patrimonio, ya que los mayores porcentajes se centraban en apenas un 1% de los compradores.

Un repentino cambio de tono

En todo caso, el nuevo impulso a la investigación judicial cae con un perfecto "timing" político. Justo después de que el Presidente, en el Congreso, haya hecho una aclaración cuya destinataria principal era Cristina: que no debía equipararse el pedido de dólares que se hará bajo el nuevo acuerdo con aquel que se hizo durante la gestión macrista.

Y que, como prueba de ello, se mantendría la tesitura oficial de que lo que hicieron los funcionarios entre 2018 y 2019 fue un delito. Esa declaración implicó un drástico cambio de tono respecto del discurso que el Presidente había pronunciado el 28 de enero, cuando al anunciar el preacuerdo con el FMI había evitado las críticas a Macri y había dicho, casi en tono de tregua: "La historia juzgará quien hizo qué. Quién creo un problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado".

Apenas un mes después, el Presidente eligió alejarse de aquel tono conciliador y sobreactuó la dureza frente al macrismo, mientras los legisladores opositores se retiraban del recinto, Cristina sonreía y las cámaras de la TV pública hacían foco en los jueces de la Suprema Corte que escuchaban inmutables.

Apenas 48 horas después, la jueza Capuchetti, a instancias del fiscal Franco Picardi, tomó nota del cambio de escenario político. La jueza llegó a las oficinas de Comodoro Py en abril de 2019, para ocupar la vacante de Norberto Oyarbide. En ese entonces contaba con la simpatía de operadores judiciales macristas.

Entre otras causas de alto perfil, tuvo a su cargo la investigación por el "vacunatorio VIP", la de la "mesa judicial" del macrismo por presuntas presiones a jueces del fuero laboral, y  sobreseyó a Cristóbal López por la presunta venta fraudulenta del grupo Indalo.

Guiños desde el Fondo

Pero Cristina no sólo recibió guiños por parte del Presidente y del Poder judicial. También el propio FMI escribió en el texto del pre-acuerdo con Argentina algunos párrafos que parecen destinados a satisfacer a la vice.

Por caso, reconoció que el gobierno de Macri no cumplió el "stand by" de 2018 y que promovió una fuga de capitales "de magnitudes históricas". El informe reconoce que ninguno de los objetivos que fueron trazados al momento de la firma del acuerdo fueron cumplidos: "Ni la confianza ni el acceso a los mercados fueron restablecidos; el producto se contrajo fuertemente y la inflación aumentó; el empleo cayó y la pobreza creció".

Antes, el FMI ya había reconocido que el Banco Central argentino había tenido intervenciones en el mercado -es decir, estaba vendiendo divisas que le había prestado el organismo- incluso en situaciones en las que el peso se estaba apreciando.

Es en ese marco que algunos de los kirchneristas más connotados están recurriendo a un endurecimiento retórico al tiempo que justifican votar a favor del acuerdo. Es el caso de Axel Kicillof, quien en la sesión inaugural de la legislatura bonaerense se encargó de diferenciar el acuerdo del macrismo con el actual.

"Convocar al Fondo Monetario entre gallos y medianoche y obtener el préstamo más grande de la historia facilitando así, una vez más, el ciclo de endeudamiento y fuga es algo que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar", sostuvo el gobernador, en una dura frase que contrasta con su apoyo al acuerdo que comandó Martín Guzmán.

En la misma línea de realismo político, el diputado José Luis Gioja afirmó que votaría el acuerdo "con la nariz tapada" porque "lo que viene sin acuerdo sería mucho peor".

dirigentes considerados del sector más "duro", como Luis D’Elía, salieron también a defender el acuerdo y marcaron distancia de "los chicos de La Cámpora", de quienes consideró que "se comieron una curva".

¿Pasará Alberto del discurso a los hechos?

A medida que se aproxime el momento clave de votar, es probable que los gestos políticos hacia el kirchnerismo se intensifiquen, siempre manteniendo esa fórmula: cuando mayores sean las dudas que expresen los partidarios de Cristina, más duro será el discurso del Gobierno para criticar al macrismo.

Lo que todavía está por verse es hasta qué punto Alberto Fernández está dispuesto a traspasar los límites de la retórica y pasar a los hechos concretos. Por ejemplo, si estaría dispuesto a tomar una propuesta que se discute en el Instituto Patria, consistente en castigar con hasta 20% de tributo a los activos y depósitos de argentinos en el exterior que no hayan sido declarados ante la AFIP.

En el entorno de Alberto hay quienes prefieren evitar ese tipo de medidas, a las que no consideran factibles de superar el cerco judicial.

Y es ahí donde vuelve a resonar la frase de Cristina del 10 de diciembre: "Presidente, yo sé que tenemos muchas dificultades, pero siempre digo que ante las grandes diversidades, grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude".

No parece, por las señales que ha enviado hasta el momento, que el FMI vaya a dar señales de colaborar en ese sentido. Entre otras cosas, porque podría interpretarse como una auto-implicación en un hecho de fuga ilegal ocurrida en 2018.

Pero los números son tentadores. El propio titular del Banco Central, Miguel Pesce, calculó en u$s100.000 millones el ahorro "bajo el colchón" en dinero físico, lo que convierte a Argentina en uno de los países con más circulación de billetes verdes. Y agregó que, si se suman las cuentas bancarias e inversiones fuera de fronteras, el ahorro dolarizado de los argentinos llega a u$s400.000 millones. Esto es, diez veces las reservas brutas del Banco Central.

Las consecuencias reales del discurso duro

Claro, hay también detalles que dejan al desnudo cierta contradicción por parte del Gobierno en su celo por congraciarse con Cristina.

Por ejemplo, que el argumento contra los funcionarios del macrismo choca con un principio legal defendido por el mismo Alberto Fernández al atestiguar en favor de la ex presidente en la causa por sobreprecios de obra pública.

En esa ocasión, Alberto sostuvo en el tribunal que las decisiones de política económica de los funcionarios no son materia judiciable -el argumento defensivo principal de Cristina tanto en la causa "dólar futuro" como en "obra pública"-. Algo que se contradice con equiparar a delito  acuerdo con el FMI que, según la ley vigente a 2018, no obligaba a la ratificación parlamentaria, y que se firmó en las mismas condiciones que los 21 acuerdos con el Fondo a lo largo de la historia argentina.

Pero esas contradicciones son sutilezas que seguramente no harán ruido en la interna de la coalición gubernamental. Todo apunta a que, en aras de conseguir los votos, Alberto y sus funcionarios dirán todo lo que Cristina quiera oír.

Es un precio módico a pagar para que la vicepresidente contenga a los más díscolos de su espacio y ayudarla a que digiera la incómoda situación de ver cada tres meses a los funcionarios del Fondo bajando en Ezeiza para auditar los números de la economía.