¿Qué usos del agua tienen prioridad en tiempos de sequía? ¿Regadíos, consumo humano, agua embotellada… o fabricar nieve para el turismo? Los acuíferos y ríos en los alrededores de Sierra Nevada (Granada) se ven inmersos en un debate clave para los próximos años en el que ya se observan paradojas, como ecologistas lamentando que se respeten los caudales ecológicos de un río… porque mantener a los pequeños agricultores de la zona también es un valor para preservar el ecosistema.

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Dos polémicas paralelas ilustran estos dilemas en la conocida Sierra Nevada, parque tanto Natural como Nacional, Reserva de la Biosfera para la UNESCO, pero también un espacio habitado, dependiente del turismo y de la agricultura, y cuyos acuíferos sufren los rigores de la sequía y el aumento de las temperaturas por el cambio climático.

Uno, el de los caudales ecológicos del río Dílar, que nace en la sierra y desemboca en el Genil, que discurre por Granada capital. El otro, el de la instalación de una embotelladora de agua en el Valle del Lecrín, en un acuífero que también alimenta la Laguna del Padul, una zona protegida, y afecta a al menos ocho pequeños municipios de la zona.

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El asunto del Dílar era previsible y lleva siendo motivo de negociaciones y disputas entre los regantes de la zona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) desde comienzos de año. La sequía que azota Andalucía ha llevado a progresivas reducciones del acceso al agua y hasta su corte definitivo a finales de este agosto. La novedad aquí es que un comunicado de la oenegé Ecologistas en Acción ha criticado a la institución precisamente por querer respetar los caudales ecológicos.

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El veterano ecologista Javier Egea indica que la CHG cumple en este caso de forma rigurosa la Ley de Aguas, que coloca el caudal ecológico como prioritario respecto a cualquier otro uso, excepto el consumo humano. Pero lamenta que “la oportunidad no es la más idónea". "Han tenido años para asegurar los caudales ecológicos y, sin embargo, lo hacen en pleno verano, cuando los usuarios han invertido su trabajo en plantar contando con más o menos agua y van a sufrir unos daños irreparables”.

Por supuesto, asegura “que hay que mantener el caudal ecológico, pero ya que estamos, lo mismo va a dar que se asegure hoy o dentro de un mes". Y añade que "ni el río ni los ecosistemas van a notar este retraso y se pueden paliar algo los daños a los usuarios”.

En este caso, los ecologistas defienden la supervivencia de los regantes y pequeños agricultores, exhaustos económicamente con los últimos años de sequía y la inflación, que ha disparado gastos en energía e insumos. Aunque recuerdan que “los regantes deben adecuarse a los tiempos que vienen, que van a ser cada vez más secos” y “deben imaginar otros modos de asegurar el agua, como balsas o pozos”, lamentan los tiempos de la CHG.

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Y, de hecho, la conminan a que “aplique la ley igual para todos”. Egea denuncia que desde el año 1997 existe una sentencia judicial que considera caducada la concesión de Cetursa, la empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada y dependiente de la Junta de Andalucía, para extraer agua de la cercana Laguna de las Yeguas.

Según los defensores del medioambiente, “llevan 25 años robando el agua de la cuenca del río Dílar, sin que la Confederación haya hecho nada”. Asimismo, recuerdan que está reconocido que la empresa público extrae más agua de la permitida del río Monachil, sin que el organismo haya obligado a poner los contadores que obliga la Ley de Aguas.

A este respecto, Cetursa ha respondido a la consulta de ENCLAVE ODS que “la canalización existe desde los años 60, pero es para consumo humano para el eje Borreguiles”. Es decir, para los restaurantes, escuelas y personal de la estación de esquí, en la temporada de diciembre a abril, y sus vecinos del radiotelescopio del IRAM y el Observatorio Astronómico de la Universidad de Granada (UGR), además del albergue universitario y el cuartel militar de la zona de la Hoya de la Mora.

Según la empresa semipública, solo “eventualmente” esa agua sirve a la población de Pradollano, espacio anejo a la estación “cuando los depósitos que abastecen a la urbanización escasean” y “no se usa para producir nieve”.

La polémica por la extracción de agua de los ríos de la Sierra para producir nieve artificial para la estación de esquí —aunque no sea el único uso que se le da— es recurrente en la zona. Este mismo verano regresó con las protestas y recursos contra El Puente, una ampliación que incluirá dos nuevos telesquís, una zona de competición y una nueva línea de producción de nieve artificial, y que se financiará con 2,5 millones de la Junta de Andalucía.

250.000 litros de agua al día

El verano también se despide en la zona con las protestas de la Plataforma Pro-Defensa del Agua del Valle de Lecrín, que ha convocado a los vecinos de los ocho municipios de la zona contra el proyecto de la embotelladora de agua del pago de Cijancos autorizado por la Junta a Aguas Bellavista SL.

Se prevé que estas instalaciones extraigan hasta 250.000 litros de agua al día, lo cual unido a la cercana embotelladora de Dúrcal, hace temer a los vecinos que agote el acuífero que también alimenta la Laguna del Padul, una zona protegida. De momento, los ayuntamientos han recurrido el proyecto.

José Manuel Enríquez, portavoz de la plataforma, explica que no piden solo paralizar el proyecto, sino cambiar la actual Ley de Minas, aplicada en este caso. “Es una ley de 1973, es decir, preconstitucional, y que considera el agua como un recurso minero, como si fuese arena de una cantera, poco menos", señala Enríquez. Y reclama que "la situación de sequía y de cambio climático exige que esta norma se actualice, porque si no deja vendidos a vecinos y regantes ante proyectos de este tipo, que no pasan por los filtros medioambientales que deberían”.

Este vecino comenta que la zona del Lecrín es un pequeño pulmón verde, con un clima a medio camino entre el subtropical de la costa y el continental de Granada capital, donde los manantiales y ríos se han ido secando estos años de sequía y aumento de las temperaturas.

Enríquez explica que "la Junta sabe que ha cometido un error al autorizar la embotelladora, pero no lo quiere admitir". Y, aunque confía en las vías legales, es tajante: "Si administrativamente esto no llega a buen cauce, tendrán que pasar por encima de nosotros, porque la gente está muy enfadada y movilizada”.

Dos debates paralelos y enconados que demuestran los conflictos del agua a los que se enfrentará el sur de España en los próximos años y de cuya resolución depende la viabilidad económica y social de muchos municipios y actividades económicas, como el turismo o la agricultura, que hasta ahora habían sido compatibles, pero pueden no seguir así durante las próximas décadas.