Por Antonio Rossi

La decisión del grupo italiano Enel de poner en venta sus activos energéticos en Argentina, que incluyen la distribuidora eléctrica Edesur, las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica, provocó revuelo en el sector energético local. El anuncio realizado en Milán este martes impactó en un sector extremadamente delicado para el Gobierno, tironeado por la necesidad de ajustar las tarifas domiciliarias de energía eléctrica para cumplir con los requerimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la demanda de dólares que implican las importaciones para sostener el consumo interno. Al mismo tiempo, agitó el avispero de las privadas, donde empiezan a despuntar algunos grupos que podrían ser de la partida para quedarse con la distribuidora eléctrica que presta servicios a más de 2,5 millones de clientes en la Capital Federal y en la zona sur del Conurbano.

Como contó Letra P, desde el último año de la gestión macrista y con más intensidad a partir de la asunción de la administración de Alberto Fernández, las distribuidoras eléctricas han venido funcionando en un marco dominado por la “emergencia económica” y la suspensión de las reglas de juego y renegociaciones contractuales que se habían acordado entre 2016 y 2018.

El argumento de las compañías enumera además la imprevisibilidad tarifaria que condiciona sus ingresos, un constante aumento de los costos operativos, la prohibición de girar dividendos, restricciones para poder importar equipos e insumos críticos y una inseguridad operativa que deviene de la vigencia parcializada del marco regulatorio del sector. Sin embargo, el negocio no deja de ser tentador y el espinel empresario empieza a calentar motores para el lobby que viene. 

Mientras se esperan mayores precisiones de Enel sobre la modalidad que implementará para desprenderse de sus activos locales, en la lista inicial de futuros compradores de Edesur aparecen en la primera línea tres posibles candidatos.

Uno es el actual socio minoritario en la distribuidora eléctrica. Se trata del grupo Sadesa, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.

Otro aspirante podría ser el tándem que integran los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Osvaldo Sortino, quien fue socio del banquero Raúl Moneta y ahora controla la empresa petrolera Enercana. El nombre de Sortino sonó fuerte a fines del año pasado como uno de los interesados en quedarse con las acciones de Enel en Edesur.

En tercer lugar, algunos analistas del sector no descartan la aparición de Integra Capital, el fondo de inversión de José Luis Manzano acompañado esta vez de otros socios diferentes a lo que tiene como copilotos en Edenor.

Edenor, controlada por el trío empresario local que Manzano compone con Daniel Vila y Mauricio Filiberti, ha volado siempre por debajo del radar del ala kirchnerista de Energía que siempre se enfocó en Edesur y que anuló y judicializó los acuerdos tarifarios del gobierno de Cambiemos y de algunos intendentes del Gran Buenos Aires que tienen a la distribuidora entre ceja y ceja por los cortes de suministro que se han registrado en los últimos veranos. De hecho, no dejan de pedir cada vez que pueden la caída de la concesión y la estatización del servicio.

Edesur afirma que dejó de recibir desde 2020 hasta ahora una suma total actualizada de $110.204 millones por los aumentos de mayores costos no reconocidos por el Gobierno. La contracara de ese reclamo ha sido la decisión de la empresa de dejar de abonar la totalidad de las facturas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y usar parte de esos fondos para cubrir los mayores costos operativos y los aumentos salariales que el Gobierno no ha querido reconocerle en sus ingresos tarifarios. El rojo que arrastra Edesur trepa a unos $ 130.000 millones.