El sector más agresivo de los acreedores de Vicentín avanzó este jueves en su estrategia para lograr que el concurso del holding se mueva a Rosario, donde tienen mayor influencia sobre los tribunales.

La poderosa corredora de granos Grassi S.A. presentó una denuncia penal que busca poner en crisis el relato de Vicentín para explicar su caída, que sostiene que tuvo años excepcionalmente buenos hasta el 2019, cuando debió enfrentar un estrés financiero inusitado por circunstancia políticas y macroeconómicas del país.

Grassi S.A., que es el acreedor comercial no cooperativo más importante del concurso, afirmó en su denuncia que Vicentín acumula irregularidades en los balances contables presentados años anteriores. Hasta ahora, el único informe que había sido cuestionado era el del 2019 donde debía dar cuenta de la pérdida de 1.400 millones de dólares en poco menos de un año.

En consecuencia, jugadores de peso de la plaza rosarina, apalancados por el importante estudio jurídico, Casanova, Mattos y Salvatierra, se sumaron al reclamo que hizo en un principio la Caja Forense de la ciudad para que el concurso se traslade a los Tribunales de Rosario.

El bufete se metió de lleno en la pelea contra los ex directivos de la cerealera defaulteada. Meses atrás, diseñaron junto al empresario José Luis Manzano un consorcio con inversores financieros y acopiadores, entre ellos, Mariano Grassi, uno de los que impulsa la denuncia penal que se describe en esta nota, para quedarse con el holding, tal como publicó en exclusiva este portal. La estrategia del mendocino enfureció al kirchnerismo y obligó al gobierno a anunciar de manera desprolija y apresurada la estatización del Grupo que derivó en un nuevo conflicto con el campo. 

Por otro lado,  Casanova, Mattos y Salvatierra fueron el nexo para la venta del diario La Capital de Daniel Vila a Gustavo Scaglione, que se formalizó en marzo del año pasado. Los abogados asesoraron a los mendocinos durante los años en que estuvieron al frente del multimedio rosarino, de allí el vínculo con Manzano. Ahora, el estudio que tiene fuerte influencia en sectores del Poder Judicial, es uno de los principales impulsores del cambio de jurisdicción del proceso concursal.

La denuncia

"Está muy claro que esto no se puedo hacer si no se planeaba, si no se dividían tareas y roles. Esto se diagramó y se ensayó, no fueron decisiones inconexas tomadas sobre la marcha, es un verdadero plan", aseveró en diálogo con LPO, Gustavo Feldman, abogado patrocinante de la familia Grassi.

En un pormenorizado análisis que se remonta, al menos, al 2015, advirtieron que en los balances sucesivos se registraron stocks de mercadería que no eran tales, pasivos que no estaban incluidos y desviación de activos a cuentas particulares de los socios y otras sociedades donde la concursada tenía participación accionaria, sostiene la denuncia a la cual tuvo acceso este medio.

De esta manera, bajo "el sinceramiento obligado que genera el concurso preventivo", los denunciantes suponen que el registro de stock sobrevaluado de mercadería era posible al soslayar la contabilización de los pasivos; contando como propia mercadería que era de terceros.

Esto les permitió proyectar una imagen de solidez empresaria que les abrió la puerta a créditos internacionales millonarios por un lado y la confianza de los productores locales, por el otro que no hubiese sido posible si se conocía la situación financiera real, sostienen.

A modo de prueba, el abogado Feldman argumentó que "solo la deuda comercial que Vicentin mantenía con Grassi S.A. al cierre de los distintos ejercicios, durante varios años, superan ampliamente el monto total que consigna en sus estados contables en concepto de deudas comerciales".

Mientras que en 2015, Grassi S.A. entregó cereales por el equivalente de USD34.812.680, que no cobró ese año, Vicentín admitió deudas corrientes comerciales por poco más de 37 millones. En los años siguientes, la omisión fue más significativa llegando en 2017 a registrar deudas18 millones y medio cuando solamente Grassi había entregado (y no cobrado) cereales por 140 millones 700 mil dólares. Recién en 2019, año de la debacle, Vicentín reconoció deudas comerciales por 556 millones de dólares.

En la demanda, estas omisiones se explican porque Vicentín según sostiene Grassi no contabilizaba el pasivo.

Algo que afirman se comprueba del análisis de los márgenes de ganancia en relación al volumen facturado. En 2018, meses antes de caer estrepitosamente, la empresa registró 22,11% de ganancia cuando al año siguiente, facturando un 68 por ciento más, el resultado final señala mil millones de dólares menos: "por cada dólar extra facturado en 2019, le habría generado pérdidas por USD45 centavos", infieren los demandantes.

"La necesidad de ‘acomodar' el balance 2019 a la realidad concursal, lleva a una manipulación de los números tan absurda, que resulta imposible pensar que esto es un reflejo de lo que realmente ocurrió de un año a otro", sostienen en el escrito.

El pase a Rosario

Por otro lado, en vista de lo actuado por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que dilató los plazos concursales a favor de Vicentín, entienden los acreedores, reconoció en una resolución la imposibilidad de explorar de manera rigurosa los vericuetos societales en que se dividió el holding y que sirvió, intuyen los denunciantes, para el vaciamiento y desvíos de activos.

Lorenzini admitió que no cuenta con los recursos necesarios para llevar adelante la demanda de los acreedores aunque avaló la venta del frigorífico Friar, uno de los activos más redituables del grupo a BAF a pesar del pedido del Banco Nación y AFIP para que no se concrete, sospechando que era otra maniobra fraudulenta del directorio.

Hasta la Bolsa de Comercio se sumó, sutilmente, al reclamo a través de un documento donde explicaron que "la originación de materias primas se llevaba a cabo en su gran mayoría en el mercado de Rosario, mediante compras a corredores, cooperativas, acopiadores y productores. Eso explica que gran parte de los acreedores comerciales de la empresa estén radicados en esta ciudad y su zona de influencia".

Fuentes judiciales explicaron a LPO que se trata de una decisión política de la Corte Suprema, que preside Rafael Gutiérrez.  Es también una decisión administrativa ya que si bien los concursos se toma en cuenta la jurisdicción donde se constituyó la sociedad aunque fallos excepcionales definieron lugar en el centro de negocios, como sería el caso de Vicentín. Vale recordar que uno de sus directivos más encumbrados, Alberto Padoán fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario durante dos períodos.

Gutiérrez es cercano al líder de los senadores peronistas, Armando Traferri, quien solicitó al máximo tribunal mediante un proyecto ingresado en la cámara alta santafesina, que se expida sobre el traslado de la causa.

Nota: Fabrio Navone