El caso que hoy estalló en los principales medios y que complica al titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, se diaparó por una denuncia que la Procuración de la Nación -a cargo de la ultra kirchnerista Alejandra Gils Carbó- publicó en su página web este viernes, incluso antes de notificar a los implicados.

Fuentes vinculadas a la operación, explicaron a LPO que la maniobra apuntó a voltear un acuerdo que Mindlin y el BST iban a firmar el próximo lunes con Miguel Galuccio, para explotar junto a YPF un yacimiento de gas convencional en Neuquén, iniciativas que gracias al precio de u$s 7,50 que Cristina le puso a los nuevos emprendimientos en ese sector, se vuelve muy rentable.

Se trata de una denuncia de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos) a cargo de Carlos Gonella, un hombre de estrecha confianza de Carlos Zannin, muy amigo del padre del fiscal, con quien incluso en los setenta habría compartido la prisión.

La cusa recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo; y se disparó por un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige otro ultrakirchnerista, el economista José "Pepe" Sbatella. Los nombres que impulsan la denuncia no permiten equivocaciones: Conducen casi directamente al despacho de Cristina Kirchner.

Lo que lleva a preguntarse por los motivos y el destino de la presentación. Detrás del fárrago de accionistas del BST involucrados en la demanda, aparecen además del propio Mindlin -con quien el Gobierno está muy enfrentado por Edenor-, dos nombres de peso: el titular del banco Macro, Jorge Brito; y el desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf.

El primero de ellos ubicado en la mira de la Presidenta por estar sospechado de alentar a través de mesas de dinero, la corrida al dólar y por su cercanía a Sergio Massa; y el segundo por pertenecer al entorno más íntimo de Daniel Scioli, ese que el gobernador recibe para largas tenidas en su quinta de La Ñata.

La denuncia apuntó centralmente a Mindlin, porque el dueño de Edenor compró por unos 100 millones que trajo del exterior parte del BST y apenas dos años después de aprobada la operación, la vendió. La Procelac “sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación”.

Además de Mindlin, figuran entre los acusados su hermano Damián Mindlin y su socio Gustavo Mariani; el banquero Pablo Peralta a cargo del BST; Roberto Domínguez, Roberto Ruiz, y Eduardo Oliver, ex CEO de ALL, que abandonó el país luego de vaciar la empresa. También figura el magnate británico Joseph Lewis, dueño de cuantiosas tierras en la Patagonia.

Pero los nombres más significativos son los de Roberto Domínguez, un operador de la City muy vinculado a Brito y el mencionado Grosskopf.

La conexión con el juego

Sergio Grosskopf es un desarrollador inmobiliario con intereses cruzados. Titular del Chateau Group, tejió buenas relaciones con dirigentes del menemismo en los 90 y así logró posicionarse como uno de los principales desarrolladores de Puerto Madero, además de hacer grandes negocios al liderar la proliferación de shoppings que comenzaron a aparecer en aquellos años.

Ciudadano uruguayo, el último emprendimiento del ex dueño del Alto Palermo es el Chateau Beach, en Miami, más precisamente en la exclusiva zona de Sunny Isles. Allí, está desarrollando una torre de lujo que espera vender a razón de 7 mil dólares el metro cuadrado.

Sus vinculaciones con el mundo del juego aparecen por primera vez de manera pública cuando compra un avión privado junto al empresario binguero, Daniel Mautone y uno de los dueños del casino mendocino ubicado en el Hotel Arena.Esa operación terminó mal y amigos de Grosskopf dicen que fue porque este desarrollador "no sabía" que Mautone era uno de los socios; y no le pareció nada simpático compartir un negocio con este empresario.

Grosskopf tiene línea directa con Scioli a través de su yerno Diego Mazer, un habitué de las tenidas en La Ñata, en las que suele interesarse por los negocios del juego. De hecho, Grosskopf intentó en el pasado quedarse con la concesión del Hipódromo de San Isidro, donde había planificado sumar desarrollos inmobiliarios.

Su hijo Manuel lo ayuda en esa tarea, que se mezcla con varios negocios con eje en los bingos que dan vuelta hace tiempo por la provincia. La apuesta de máxima varios jugadores de ese nivel es lograr que se habiliten ocho nuevas salas en la Provincia, aunque para eso es necesaria una ley, que en el actual contexto político se intuye casi imposible.

La alternativa es el traslado de salas como pasó con el bingo de Gesell, que ahora se instalará en Ezeiza, un bingo supuestamente perteneciente a Aurelio Serra, pero que en la provincia no son pocos los que atribuyen a Cristóbal López. Se habla incluso que la entidad que figuraría como beneficiaria -así lo exige la ley bonaerense- no sería otra que el Club Tristán Suárez.

Otro de los bingos que se trasladarían es el de Ramallo a Junín, gestiones en las que aparece mencionado el presidente de Boca y empresario del sector, Daniel Angelici, quien sería el encargado de convencer al intendente Mario Meoni, proveniente del radicalismo como el propio "Tano", como reveló en su momento el diario local La Verdad.

Como sea, el rumor señala que Grosskopf está siendo investigado en Estados Unidos y Europa y de allí surgieron originalmente los informes que encendieron las alarmas de la UIF. Sin embargo, allegados al empresario negaron terminantemente esta versión y argumentaron que Grosskopf tiene toda su fortuna en blanco, producto d elos más de u$s 150 millones que consiguió en los 90 al venderles los shopping Alto Palermo y Alto Avellaneda a Elztain.