Rodolfo Manino Iriart tomó represalias con una integrante del organismo provincial por jugar con el ravertismo en la interna del PJ. Por su parte, en la Administración de Punta Mogotes, controlada por los K, Pablo Obeid dio la orden de borrar los resabios “maninistas”.
La fractura expuesta en el FdT tiene sus pases de factura al orden del día, donde ambos bandos se muestran dolidos y buscan borrar cualquier resabio que responda al ala contraria.
Y la situación tiene su correlato en el plano local. Rodolfo Manino Iriart, que pertenece al ala albertista de la coalición, ya tomó represalias con quienes no le reportan. Según supo este medio, la abogada Carina Ponce, quien fue candidata en las PASO 2013 por el Frente para la Victoria, se desempeñaba hace poco en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires-bastión de ex sciolistas-en el área de la tercera edad. Sin embargo, tras jugar con Raverta en la interna del PJ marplatense, fue bajada de jerarquía por orden de Iriart.
Del otro lado, mientras avanza el debate por la municipalización, la Administración de Punta Mogotes (APM)-hoy controlada por el kirchnerismo-también es un reflejo de la fractura expuesta de la coalición, en un contexto de profundas irregularidades que atentan contra la convivencia interna.
Tras la partida de Carlos Amud en diciembre de 2020, hombre cercano a Rodolfo Manino Iriart que llegó al complejo de balnearios durante la gestión de María Eugenia Vidal, el ravertismo y La Cámpora tomaron el control. Así fue como nombraron a Pamela Palma como administradora general y a Gonzalo Raventos, militante de Irrompibles, la organización del legislador porteño Leandro Santoro, como coadministrador.
Pero el mandato de Palma duró apenas unos meses, ya que ahí recaló Mariana Cuesta en mayo de 2021, en lo que se leyó como una estrategia para posicionar a la dirigente para llegar al Concejo Deliberante. Algo que finalmente logró.
Esto generó que las desprolijidades fueran en aumento, ya que la APM quedó sin titular en el momento más importante del año: la temporada de verano. Fernando Maraude, el actual administrador, recién fue oficializado en marzo de este año. Si bien reporta a Fernanda Raverta y Pablo Obeid, no es del riñón K.
Pero, en el mientras tanto, continúan los resabios de la anterior gestión, copada por “maninistas” que pertenecen al ala albertista del FdT. El nombre más emblemático es el de Óscar Gómez, secretario técnico de la APM, quien entró en funciones en 2016, en medio de serias irregularidades en su designación.
Según se constató, del cuerpo del expediente con su información personal fue retirada la documentación del título de Bachiller Pedagógico de la Escuela Secundaria N°61 de Hurlingham presentado por Gómez--requisito indispensable para poder ser nombrado-, el cual sería apócrifo. En su lugar, se incorporó un nuevo título, otorgado por una sede de FINES. La manipulación del legajo personal de Gómez abre la investigación sobre la comisión de delitos de manipulación de documentación pública, el de falsedad ideológica y falsificación de documentación pública.
La denuncia fue presentada en meses atrás por la Administración de Punta Mogotes, tras constatar las irregularidades en el expediente, en una investigación que ahora quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Desde hace tiempo, Gómez está en la mira de otros compañeros de trabajo, que en 2020 lo denunciaron por violencia y persecución laboral. Y a la lista se suma David Leszczynski, quien fue nombrado a fines de 2019, cuando corría una prohibición en función de lo establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Esa normativa fue impulsada a nivel bonaerense por la exgobernadora María Eugenia Vidal y establece compromisos en los últimos seis meses de gestión tendientes a “no incrementar gastos corrientes con carácter permanente”. Los nombramientos de personal, incluidos.
Los leales a Iriart en la APM exponen a la conducción de Raverta y Obeid, quienes pidieron borrar a todos los que responden al director del Correo Argentino; pero tan solo lograron, hasta ahora, que Maraude impulsara una denuncia penal por el presunto título trucho de Gómez.
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