Con llamativa reacción, se conoció días más tarde que, con fecha 30 de septiembre, el Tribunal Electoral Permanente (TEP) de la provincia realizó la convocatoria, cuyo acto electoral se prevé realizar el 30 de noviembre. Anoticiado de esta determinación, el gremio de Judiciales de la provincia pidió la suspensión y la prórroga de los mandatos.

Bajo el título: “2020 poco productivo: el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz se reunió dos veces en lo que va del año”, ésta agencia publicó el pasado 29 de agosto una nota que reflejaba parte de la inactividad que ese Órgano tuvo en lo que va del año. Ni siquiera vía remota pudieron reunirse, ya que los únicos dos encuentros concretados desde enero hasta hoy, fueron uno presencial y otro, por videollamada, lo que motivó la queja de los representantes de los trabajadores judiciales, que integran el Cuerpo, junto a otros seis representantes (uno por el Pueblo, uno por el Ejecutivo, uno por el Legislativo, uno por el Tribunal Superior de Justicia. Otro en nombre de los abogados y un sexto por los magistrados y funcionarios).

En la publicación que realizó OPI, no sólo se mencionan temas que quedaron pendientes de tratamiento, sino que los ‘delegados’ de los trabajadores de éste Poder del Estado, indicaron que estaba próximo a vencer su mandato y nada se sabía respecto del llamado a elecciones que, como es costumbre, se concreta en el mes de agosto.

La pandemia parece haber servido de excusa en muchas cuestiones para justificar la falta de actividad, pero, días después de la nota de este portal, se conoció que con fecha 30 de septiembre, el Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Santa Cruz convocó a elecciones para renovar las categorías de empleados/as de la justicia y abogados/as de la matrícula, que lo integran.

La resolución –que lleva la firma de la doctora Paula Ludueña, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, en su calidad de titular del Tribunal Electoral Permanente, como así también de los demás vocales- también aprueba el cronograma para la elección de Consejeros en las dos categorías mencionadas y establece otras dos cuestiones. Una, que por restricciones presupuestarias, los candidatos deberán afrontar los gastos de impresión de boletas y demás trámites inherentes a su inscripción. La segunda, que el TEP podrá modificar los plazos, términos y vencimientos del cronograma electoral, en virtud de la situación epidemiológica vigente.

Respecto de las fechas más trascendentes, se establece el 16 de octubre como fecha tope para formular observaciones a los padrones provisorios; el 23 es el día límite para la presentación y registro de las listas de candidatos a consejeros/as y el 30 del mes en curso, la oficialización y registro de las mismas. El 6 de noviembre, fecha límite para aprobación de los modelos de boleta y exhibición y publicidad de los padrones definitivos, mientras que el 30 de ese mes, es el día estipulado para concretar el acto eleccionario.

Con este cuadro de situación, el gremio de los judiciales presentó este lunes 5 de octubre un pedido de suspensión de las elecciones “hasta tanto mejore la situación crítica de pandemia en nuestra provincia y se implementen los protocolos o medios de sufragio transparentes y compulsables, por todas las partes que participen y tengan legítimo interés en el proceso, posibilitando y garantizando la igualdad de acceso al voto, sin riesgo en la salud de las personas, disponiéndose en consecuencia la prórroga en el ejercicio, de los actuales miembros del Consejo de la Magistratura”.

La nota presentada por la secretaria General de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”, Eugenia Bianchi, bajo el patrocinio del doctor Rubén Darío Martínez, también recuerda la vigencia de los DNU del Poder Ejecutivo Nacional y los decretos provinciales firmados por la gobernadora Alicia Kirchner respecto de restricciones vigentes para reuniones y/o circulación; que continúa la Feria Judicial Extraordinaria establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz como también cita la resolución del Secretario de Trabajo de la Nación que prorroga hasta el 28 de febrero de 2021 la suspensión der todo tipo de asambleas y congresos como también todo acto institucional que implique movilización y traslado y aglomeración de personas.

Ahora, según confirmó Bianchi a OPI, se abre un plazo de cinco días para que el Tribunal Electoral Permanente responda a la presentación efectuada por el gremio que representa a los trabajadores judiciales, quienes entienden que, en estas circunstancias, las condiciones no están dadas para llevar adelante el proceso electoral.