Figuras poderosas en la Duma manifestaron su apoyo a una amnistía más amplia, que incluiría a los 28 activistas de Greenpeace y a los dos periodistas independientes que fueron acusados de piratería y vandalismo, después de una protesta pacífica realizada en septiembre contra una plataforma petrolera operada por Gazprom en el Ártico.

El texto actual de la amnistía sólo cubre a las personas que ya han sido condenados por un delito, pero Alexander Remezkov -diputado del partido Rusia Unida- expresó a la Duma que sería adecuado extender la amnistía a personas acusadas, pero aún no declaradas culpables de vandalismo y disturbios.

Remezkov es subdirector del Comité sobre Legislación de la Duma, la comisión competente para el proyecto de ley. En declaraciones al diario Kommersant, Pavel Krasheninnikov, el jefe de la comisión, respondió diciendo que la amnistía debería incluir tanto a los condenados como a los acusados de vandalismo.

Si el decreto incluye la amnistía para las personas acusadas de vandalismo y si el presidente ruso Vladimir Putin firma el proyecto de ley, el resultado sería el fin de la investigación contra los 30 activistas de Greenpeace, quienes podrán regresar a sus casas ni bien regularice su visado.

Al respecto, la holandesa Faiza Oulahsen, una de los 30 que se encuentra procesadam manifestó: "He pasado dos meses en prisión acusada de un crimen que no cometí y sigo sin poder regresar a casa".

"No soy una vándala o pirata. Somos inocentes, siempre lo hemos sido. Los cargos contra nosotros deben ser retirados y se nos debe permitir regresar a nuestras familias", agregó.

Después de que el buque Arctic Sunrise fue capturado en aguas internacionales, los 30 activistas pasaron dos meses en la cárcel antes de ser liberados bajo fianza, pero aún están acusados de vandalismo en virtud del artículo 213 del código penal de Rusia - un delito que conlleva una pena máxima de siete años de cárcel.