Tiempo que todos nuestros gobernantes deberían dedicar a resolver la inseguridad, la inflación, la pobreza, la desigualdad, la creación de empleo y muchas otras legítimas demandas sociales aún insatisfechas.

Hace unos meses oímos a calificados voceros oficialistas condenar a quienes osaran hablar de candidaturas con vistas al 2015. Sostenían que era extemporáneo, inoportuno, y que con tantos problemas sin solucionar constituía una falta de respeto hacia los ciudadanos.

Por eso resulta tan llamativo como incongruente que esos mismos gobernadores, intendentes, legisladores y ministros aparezcan ahora, proclamando la necesidad imperiosa de habilitar la re-reelección de la Presidente aunque la Constitución Nacional expresamente lo prohiba.

En democracia todos tenemos derecho a opinar libremente, pero los que gobiernan, por haberles confiado el Pueblo la administración de los bienes, servicios y recursos públicos, tienen un deber mayor de prudencia, coherencia y responsabilidad en sus dichos y en sus acciones.

Por eso tamaña incoherencia es muy grave, pero mucho más lo son los riesgos que implica para la estabilidad institucional y social plantear la re-reelección presidencial como una cuestión de estado.

Afirmar que la única garantía del "modelo" es la continuidad de la actual Presidente importa reconocer y sostener que el oficialismo no tiene, ni puede tener, ningún otro dirigente en condiciones de gobernar el país.

nEsa premisa, que el discurso oficial pretende imponer como "verdad revelada", actúa como límite y muro de contención para las legítimas aspiraciones presidenciales que pueda tener cualquier político oficialista.

La decisión de elevar a Cristina F. de Kirchner a la categoría superior de "única e irreemplazable" nos lleva a preguntarnos qué pasaría si los resultados electorales del 2013 mostraran que la re-reelección no cuenta con suficiente apoyo popular: ¿el oficialismo y el Gobierno Nacional se quedarían sin candidato "propio" a la sucesión presidencial?

¿Cómo evitarían entonces un escenario de vacío de poder y las consecuencias altamente negativas que esa situación tendría sobre la gobernabilidad, cuando aún le restarían más de dos años de gestión?

Los ideólogos de las estrategias políticas y electorales del kirchnerismo ¿habrán evaluado, entre tantas hipótesis y elucubraciones, los riesgos que para las instituciones y para la sociedad argentina conlleva este intento de forzar una reforma constitucional para imponer la re-reelección?

Porque los efectos de las crisis institucionales y de gobernabilidad siempre recaen sobre el conjunto de la sociedad, pero son los sectores más humildes los que terminan pagando los mayores costos.

DARDO H.

OTTONELLLO

Concejal

Bloque UNION PRO PERONISTA