Salas y pasillos desbordados de pacientes, falta de profesionales y de camas, carencia de medicamentos e insumos, parte de la infraestructura en estado crítico: la prestación de la salud pública en Chaco mantiene niveles de deterioro alarmantes y profundiza la brecha social en la provincia.

El preocupante presente sanitario le está ganando la pulseada al gobernador justicialista Domingo Peppo, quien en sus siete meses de gestión -tras dos mandatos consecutivos del también peronista Jorge Capitanich- no ha logrado revertir ni moderar el declive.

"La crisis del sistema de salud no tiene precedentes, por lo menos desde 1983", aseguró a este diario el defensor del Pueblo adjunto de Chaco, el radical Hugo Maldonado.

Los apremios golpean tanto a los principales hospitales como a los centros de atención más chicos, y erosionan la gestión de la ministra de Salud Pública, Mariel Crespo, en medio de las urgencias de cuenta que atraviesa la provincia y que desguarnecen aún más la prestación del vital servicio.

Un caso emblemático es el "Julio C. Perrando" de Resistencia, el principal hospital de la provincia. 

"Es como si el hospital estuviera en un estado de emergencia: todas las camas están ocupadas en forma permanente y el área de internación de Neonatología está saturada", dijo el defensor del pueblo de Chaco, Gustavo Corregido.

"Vimos una muchedumbre trabajando y personas siendo atendidas como si estuviéramos en una guerra", graficó con crudeza.

Otro foco de tensión se anida en el capitalino Hospital Pediátrico "Avelino Castelán", de referencia en la provincia, donde la falta de respuestas ya se cobró en junio la renuncia de la cúpula médica.

Pero el plano inclinado en la atención primaria azota además al resto del territorio chaqueño.

"En los parajes Tres Pozos y Tartagal hay salas que dependen del hospital de El Sauzalito, que está a unos 70 kilómetros por camino de tierra; hace 4 años que no son visitadas por médicos, y el modo de atención es con un enfermero o agente sanitario que hace consultas vía radio a ese hospital; están además sin medicamentos y no tienen ambulancias", graficó por caso a Ambito Nacional Maldonado, quien instó a la conformación de "una mesa para abordar desde todos los sectores la problemática y encontrar un camino para salir de la crisis".

Las penosas carencias derivaron en paros de trabajadores del sector que virtualmente colapsaron al sistema, y que golpean a los ciudadanos más desprotegidos.

De hecho, ayer arrancó una nueva huelga de 48 horas de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh). "Seguimos sin ver intenciones por parte de las autoridades de solucionar los innumerables problemas que existen en la salud pública, con claro perjuicio a sus trabajadores", sostuvo el secretario general de APTASCh, Ricardo Matzkin.

Los reclamos mixturan exigencias salariales con planteos estructurales. "El Gobierno llama públicamente al diálogo y nosotros manifestamos que si tiene intenciones serias de solucionar el conflicto debe convocar a la negociación y con propuestas sobre la mesa, porque luego de 4 meses la etapa del diálogo por sí mismo ya pasó hace rato", disparó Matzkin.

"Hace seis meses que venimos planteando nuestros problemas, y esperando respuestas favorables que no llegaron", coincidió el secretario general de ATE, Mario Bustamante. "Peppo no nos recibió nunca, y desde que asumió la nueva ministra no hemos tenido avances significativos", enfatizó.

Desde la vereda oficial, Peppo aseguró en las últimas horas que "está la voluntad para superar los problemas que tenemos en Salud".

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, afirmó que "la salud pública hace 20 años viene con diferentes problemas que cuesta mucho encaminar" y apuntó a los gremios. "Un sistema que tiene dificultades en la administración y en la posibilidad de brindar un servicio no puede ser colapsado por los paros gremiales", dijo.

Frente a la menguada atención en los centro de salud, la Justicia ordenó a principios de mes a Peppo que adopte medidas para garantizar las guardias mínimas en la Salud Pública, al hacer lugar a una medida cautelar pedida por la Defensoría del Pueblo.

El planteo sigue latente: el Ejecutivo impulsó una modificación de una ley provincial en pos de reglamentar el derecho a huelga para asegurar los servicios esenciales. Sin embargo, ante la reacción crítica de sindicatos y sectores de la oposición optó por dilatar la letra chica en pos de consensos legislativos.

En medio del crítico escenario, en las últimas horas Crespo se reunió con Corregido. "Estamos avanzando sobre cada inquietud planteada", dijo la funcionaria, ante la catarata de quejas del sector y de la población.