La denuncia es por supuesta malversación de fondos públicos. Afirman que no se conoce el destino de $ 2.027.420 que se enviaron desde Nación para la Cooperativa de Trabajo Solidaridad. El gobierno local inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades

El problemático tema de las cooperativas sociales dejó de lado, sólo por un momento, el conurbano bonaerense y se trasladó hacia la Sexta sección electoral, más precisamente, a Coronel Suárez. Allí, una denuncia penal presentada por el concejal Fabián González planteó una supuesta malversación de fondos públicos por parte del Ejecutivo suarense durante 2012 y 2013. Según argumenta el denunciante, se habrían desviado $ 2.027.420 provenientes del ministerio de Desarrollo Social de Nación y entregados al Municipio por medio de dos convenios.

Aquí entra en juego la Cooperativa de Trabajo Solidaridad Limitada, creada por Mauro Peña en 2012 e ingresada en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) bajo la matrícula 46.512, el 15 de noviembre de ese año. Conforme a lo expresado en la denuncia, era los empleados municipales quienes con la firma del presidente de la Cooperativa retiraban los cheques de la tesorería y los cobraban en el Banco Provincia. Así, se utilizaba la buena fe de los integrantes de la entidad para retirar el dinero que se tenía que destinar a obras y sueldos.

“Llegaban los cheques a la Municipalidad, llamaban al presidente de la Cooperativa e iban a buscarlo con gente del Municipio, le hacían endosar el cheque, lo acompañaban al banco, cobraban y la plata se la quedaba la empleada municipal”, contó a Desafío Económico Fabián González, concejal del Frente Renovador.

El 8 de marzo de 2013, la Cooperativa firmó un convenio con la Municipalidad de Suárez para construir cordón cuneta, veredas y una ciclovía que uniera los pueblos de San José y Santa María, cuyo financiamiento correspondía a la comuna a partir de un subsidio otorgado por Desarrollo Social de la Nación, por un monto de $ 1.577.420. Posteriormente, y con el Municipio al mando de Osvaldo Fuente Lema, se firmó en octubre el convenio con la Cooperativa para realizar la obra de “Premoldeados en Coronel Suárez” por un monto de $ 450.000. Ambos se firmaron en el marco del Programa de Inversión Convenio Específico.

 En los convenios se aclaraba que las herramientas, indumentarias y equipamiento para las obras tenían que ser adquiridas por la Cooperativa, así también como hacerse cargo del pago de honorarios a los trabajadores. Un dato no menor es que el monto total pactado fue abonado de acuerdo al esquema previsto en el Programa en Tesorería Municipal.

Sin embargo, esto se cumplió en su totalidad. Porque mientras las herramientas fueron adquiridas de manera acotada, el dinero aportado por la Nación fue retirado del banco por el Municipio.

 “Desde Desarrollo Social bajaban dinero al Municipio y eso venía para la compra de herramientas, ropa y el excedente debería haber sido para la Cooperativa. A nosotros no nos dieron nada, ni el excedente”, dijo su tesorero, Reinaldo Figueroa, a Desafío.

Operación cooperativa

Las maniobras para hacerse con el dinero que debería haber ido a la Cooperativa son simples pero repudiables al mismo tiempo. Según se expresa en la denuncia, la empleada municipal Vanesa Fuhr primero, y luego Luciana Berg, avisaban y buscaban al presidente de la Cooperativa para que retire los cheques de Tesorería y los firme para posteriormente acompañarlo y cobrarlos. Luego de efectuado el cobro, la plata para el pago de sueldos y compra de equipamiento quedaba en la Municipalidad.

 “Lo que se puede detectar es que había una cooperativa paralela con empleados y funcionarios municipales que hacían todo el manejo y tenía todo el control de lo que era lo económico. Las personas que figuran como presidente y como secretarios y tesorero prestaron el nombre y el apellido”, dijo González.

Por su parte, Figueroa afirmó que “el Municipio usó a la gente de la Cooperativa para emplear el dinero que venía de Nación. A nosotros nos daban $ 2.000 del Plan Argentina Trabaja, y después hasta diciembre del año pasado el Municipio nos daban $ 1.344. Estuvimos haciendo una Ciclovía de 9.000 metros de hormigón, presupuestada en 1,5 millones. En la Cooperativa figuraban 34 personas trabajando pero no éramos más de 20 No sabemos qué ruta tomaba el dinero. A la Cooperativa no llegó”.

Dentro de esta maniobra, el modo de facturación también llamó la atención, ya que desde la entidad surgieron facturas electrónicas que no fueron realizadas por los socios. “Los miembros de la Cooperativa no saben confeccionar ese tipo de facturas”, dijo el denunciante. Por su parte, Figueroa relató que “era la cooperativa la que facturaba, cuando nosotros nunca tuvimos acceso a una factura, es más, no sabemos cómo se emite una factura electrónica”.

Desafío accedió a algunas facturas en las que se detallan los montos abonados para la construcción de la ciclovía y los cheques que cobraron los empleados municipales, cuyo dinero tenía como único fin la Cooperativa.

Luego de que la fiscalía de Coronel Suárez no le aceptó la denuncia al demandante Fabián González, éste tuvo que trasladarse al Departamento Judicial de Bahía Blanca. Según indicaron desde la localidad suarense, no se le dio lugar a la demanda en la fiscalía local ya que hay “cierta connivencia con el municipio que maneja Fuentes Lema”.

Ya en Bahía Blanca, la denuncia fue recepcionada por Jorge Ricardo Mux, y tiene como implicados a Claudio Silva Kruger, Gastón Lastra, las empleadas municipales que cobraban los cheques en el Banco Provincia Luciana Berg y Vanesa Furh, el intendente en uso de licencia, Ricardo Mócero y el actual jefe comunal, Osvaldo Fuentes Lemas. A todos ellos se pidió que se investigue en esta causa. Desde el oficialismo respondieron con un sumario administrativo para dar con los responsables y prometieron “cortar cabezas sin importar el implicado”. Por su parte, desde la oposición dijeron que no creen que se saque nada claro. “No nos da garantías. Es para cubrirse ellos, por eso es que llegamos a la Justicia”.

Será la Justicia la que decida el destino de los más de $ 2 millones que entregó el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y debería haberse destinado a trabajos de infraestructura y sueldos de la Cooperativa Solidaridad.