Las principales cámaras de productores de biocombustibles rechazaron este miércoles la comisión de energía de Diputados el proyecto de ley para regular el sector hasta 2030, que establece una baja en la cuota del biodiesel en el gasoil del 10 al 5% y sube las del bioetanol del 10 al 12% pero con la mitad asegurada al producido por azúcar y sólo el resto al de maíz.

Como explicó LPO, el objetivo es reducir el precio de los combustibles ante la suba de los commodities como soja (usado para el biodiesel) y maíz. Y derivar la mayor parte del mercado interno a las pymes, cuyas cámaras apoyaron la ley, pero mostraron dudas sobre la baja de la cuota al biodiesel.

La ley destierra la promoción que rigió desde 2006 y el Senado propuso prorrogar hasta 2024 en un proyecto aprobado por unanimidad y cajoneado por los diputados del Frente de Todos. 

Para los grandes jugadores del mercado la nueva propuesta destruye sus inversiones, cierra las fábricas y deja gente en la calle. El más duro fue Claudio Molina, presidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno de Argentina. 

Félix: "Como está, la ley de biocombustibles es para no cumplirla" 

"Con las facultades que se le están otorgando a la autoridad de aplicación, evidentemente estamos muy lejos de superar la legislación vigente y que haya seguridad jurídica y previsibilidad. Es arbitrariedad pura", se lamentó.

La autoridad de aplicación será la secretaría de Energía y según el proyecto podrá fijar un precio, pero siempre respetando los costos de producción de las empresas. Según el diputado Omar Félix, que estuvo a cargo del plenario por presidir la comisión, con los precios de los granos actuales la ley vigente 

"No sirve tener un corte fantástico ni un modelo fantástico si después el precio es totalmente antieconómico, como sucedió en los últimos años", protestó José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO), el primer expositor.

Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), apoyó la ley por "su previsibilidad a 14 años", pero no la reducción del corte a 5%."Se traduce en un cupo máximo mensual de 50 mil toneladas para todas las plantas, que afectará a las plantas actuales con capacidad ociosa sobre costos y dificultad para mantener en este escenario el total de las fuentes laborales".

Más duro fue Alejandro Abad, también de la Cepreb, para quien la baja del corte del 5% afectará a las empresas más chicas. "En la práctica aquellas plantas con 15 a 20 mil toneladas desaparecerán. No podemos avanzar con una ley que elimine las empresas que la ley creó".

Con las facultades que se le están otorgando a la autoridad de aplicación, evidentemente estamos muy lejos de superar la legislación vigente y que haya seguridad jurídica y previsibilidad. Es arbitrariedad pura. 

La baja de los cortes además generó denuncias sobre un posible aumento del impacto ambiental, que violaría el compromiso asumido por Argentina en el acuerdo de París de 2015, que la obliga a bajar la emisión de gases de efecto invernadero en cada política pública.

"Por un lado, rebaja los cortes, y en nuestro criterio esa no es la mejor estrategia por varios motivos, pero el más importante de ellos es el impacto ambiental. Se va en el sentido contrario de lo que está sucediendo en el mundo", señaló Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) y pidió una prórroga de la ley actual, que el Senado extendió hasta 2024 con una ley que Diputados cajoneó.

"Anular la ley es avalar el incremento de emisiones contaminantes, es avalar la afectación de la salud de todos los argentinos, y es avalar la violación de las leyes de mayor jerarquía jurídica como la Constitución Nacional o la ratificación del Acuerdo de París", agregó Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA).

Los lavagnistas Graciela Camaño y Alejandro Rodríguez reclamaron que sea puesto a consideración, pero el mendocino Omar Félix, presidente de la Comisión, lo desechó de plano. "Este es nuestro proyecto", dijo por la iniciativa presentada hace una semana. Los diputados de Consenso Federal pidieron además considerar la de su compañero del interbloque Carlos Gutiérrez, jefe Córdoba Federal.

El pedido de prórroga temporal de la ley actual lo llevaron otros invitados como el ex secretario de energía Jorge Lapeña y Paulo Ares, de Coninagro. "Hace falta una prórroga urgente de la ley y abrir un debate maduro de una ley que tiene muchísima importancia para el país en los próximos 15, 20 años".

Córdoba es una de las principales productoras de biodiesel a base de maíz. "Confiamos que el Congreso no avalará una suba de emisión de gases de efecto invernadero, una reducción del empleo y el no agregado de valor del maíz", sostuvo Manuel Ron, presidente de Bioetanol Río Cuarto S.A.

El único en defender el proyecto fue Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), quien le recodó a Molina que  "siempre hablaba del 5% del corte obligatorio y con los años hemos construido un aumento de corte que ha llegado al 10% y ninguna PyME del país, todas a máxima capacidad, jamás entregamos un 10% del corte".

"Esta ley nos da previsibilidad a las pymes y un espacio para construir desde adentro y no desde afuera tirando piedras", destacó aunque advirtió que "hay cosas a trabajar con la autoridad de aplicación".