Las recientes reformas al Poder Judicial impulsadas por legisladores afines a la Casa de Gobierno generaron críticas de opositores y de parte de los abogados colegiados. Más allá de las discrepancias, existe un posible punto de consenso entre las partes: la situación en los despachos tribunalicios de avenida Sarmiento al 400 es muy grave.

“El gran problema del fuero penal es la impunidad. Necesitamos que los juicios se efectúen, que haya condenas efectivas, no (arrestos por) prisión preventiva. Vamos logrando el consenso de todos los poderes, incluidos la Corte Suprema de Justicia (CSJT) y el Ministerio Público, para avanzar con esta reforma”, aseveró el legislador Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y apoderado del PJ-FpV en Tucumán.

El oficialista expresó esta frase ayer, tras la reunión conjunta entre el comité a su cargo y la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura (la preside Javier Pucharras, también del PJ).

Con miras a la sesión de mañana, estos grupos de trabajo analizaron el proyecto para reformar la Ley 8.983, sancionada en febrero pasado para dividir al Ministerio Público (por un lado quedó el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez; por el otro, el de los defensores oficiales, cargo que permanece acéfalo). Además de esa nueva estructura, se les otorgó autonomía funcional y autarquía financiera a estos nuevos despachos oficiales. Tras ser promulgada, la norma fue objetada por dirigentes de la oposición. Incluso, el alto tribunal emitió la semana pasada una acordada (la 198/2017) para declarar la inaplicabilidad de la Ley 8.983 por razones administrativas.

El legislador Fernando Juri y otros oficialistas presentaron un proyecto para “salvar” las discrepancias con respecto a la norma. Esa propuesta obtuvo dictamen favorable ayer, gracias a la mayoría peronista en las comisiones internas de la Legislatura. De todas formas, los radicales José Canelada y Fernando Valdez y la peronista disidente Stella Maris Córdoba elaborarán al menos dos dictámenes con cuestionamientos al nuevo texto. Todas las posturas llegarán al recinto, pero los números (32 votos sobre 48) favorecen a la banca afín a la Casa de Gobierno.

El proyecto elevado por Juri y sus colegas contempla “remiendos” a la ley 8.983. Por ejemplo, se especifica que la Corte mantendrá las facultades de superintendencia previstas en la Constitución Provincial; se ordena que los ingresos sean efectuados por concurso, y no de modo discrecional; y se modifican las denominaciones técnicas de algunos cargos. “Se trata de diferencias técnicas que no hacen a la esencia de la implementación de la norma, y que están enmarcadas en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán”, señaló Caponio. LA GACETA le consultó luego si hubo conversaciones con el alto tribunal provincial y con el ministro fiscal Jiménez para la “re-reforma” de la ley del Ministerio Público. “Creo que la Corte habló mediante su acordada, y se refirió a la imposibilidad de implementar (la norma) por la falta de creación de secretarías administrativas. Se tomaron los términos de ese instrumento; también las presentaciones judiciales de los distintos espacios. Creemos que es una forma de ir zanjando estas diferencias”, indicó el peronista.

A poco más de un mes de su tratamiento, la ley del Ministerio Público regresará al recinto. Está anunciado que oficialistas y opositores expresarán posturas disímiles. Así, el punto en común estará en la crisis de los tribunales.

manzur“no están escritas en piedra”El gobernador, Juan Manzur, celebró ayer que se haya llegado a un consenso para re-reformar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Justicia provincial. Al ser consultado por LA GACETA sobre si se había hecho una autocrítica respecto de los cambios originales impulsados, respondió: “siempre”. “No somos soberbios. Cuando surge alguna propuesta del consenso, como en este caso, la celebramos. Trabajaron muchos legisladores y pidieron una serie de informes. Surgió una propuesta. Lo que sea para mejor, creo que es bueno. La Legislatura ha tomado la decisión de llevar adelante esta nueva iniciativa. Lo vemos con agrado”, aseguró. Expresó que hay que entender que las normas “no están escritas en piedra”. “Todas las normas están para adaptarse y mejorarse. Valoro esta decisión. Siempre que hay algo mejor, la Legislatura lo propone”, afirmó.

La clave: Evitar la discrecionalidad“No podemos ponernos de acuerdo. Debo reconocer (como positivo) que se avance cambiando lo que se hizo mal. Cuando hablábamos en el recinto de que era una norma inconstitucional, teníamos razón”, indicó el legislador José María Canelada, jefe del bloque de la UCR y miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales. Aclaró sus disidencias sobre la propuesta oficial. “El dictamen que propone la mayoría no resuelve todos los asuntos (objetados), como la cuestión de la superintendencia. Aparece un articulado con algún maquillaje, con una redacción dudosa, muy poco clara; los problemas centrales no están resueltos”, advirtió. Luego, ironizó sobre la postura del PJ por la crisis judicial. “Celebro que quienes han armado la Justicia penal a su gusto se den cuenta de que la puerta giratoria es un problema”, manifestó. 

“Siendo consecuentes con la reforma, avanzamos con la ley. Si quien la tiene que aplicar entiende que hay que hacer algún tipo de reforma para que sea aplicable en tiempo y forma, ¿por qué no lo escucharíamos o no aceptaríamos sugerencias?”, expresó.Afirmó que el interés del Poder Legislativo es que el Ministerio Público funcione lo antes posible desdoblado y que, para ello, tienen que darles los elementos a los fiscales para que “cumplan con su rol, que es el de combatir la inseguridad”.

Manzur

“No están escritas en piedra”

El gobernador, Juan Manzur, celebró ayer que se haya llegado a un consenso para re-reformar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Justicia provincial.

Al ser consultado por LA GACETA sobre si se había hecho una autocrítica respecto de los cambios originales impulsados, respondió: “siempre”.

“No somos soberbios. Cuando surge alguna propuesta del consenso, como en este caso, la celebramos. Trabajaron muchos legisladores y pidieron una serie de informes. Surgió una propuesta. Lo que sea para mejor, creo que es bueno. La Legislatura ha tomado la decisión de llevar adelante esta nueva iniciativa. Lo vemos con agrado”, aseguró.

Expresó que hay que entender que las normas “no están escritas en piedra”. “Todas las normas están para adaptarse y mejorarse. Valoro esta decisión. Siempre que hay algo mejor, la Legislatura lo propone”, afirmó.

Oposición

La clave: evitar la discrecionalidad

“No podemos ponernos de acuerdo. Debo reconocer (como positivo) que se avance cambiando lo que se hizo mal. Cuando hablábamos en el recinto de que era una norma inconstitucional, teníamos razón”, indicó el legislador José María Canelada, jefe del bloque de la UCR y miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales. Aclaró sus disidencias sobre la propuesta oficial.

“El dictamen que propone la mayoría no resuelve todos los asuntos (objetados), como la cuestión de la superintendencia. Aparece un articulado con algún maquillaje, con una redacción dudosa, muy poco clara; los problemas centrales no están resueltos”, advirtió. Luego, ironizó sobre la postura del PJ por la crisis judicial. “Celebro que quienes han armado la Justicia penal a su gusto se den cuenta de que la puerta giratoria es un problema”, manifestó. Y advirtió que se debe evitar una justicia en la que la discrecionalidad “sea grande”.

ABOGADOS

Billone limó asperezas internas

Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, expresó ayer que habían acercado posiciones con Eudoro Aráoz, ex titular de esa casa y legislador de la UCR, y otros dirigentes históricos de la abogacía. El objetivo del encuentro fue conversar sobre las diferencias que generó la decisión del Colegio de apoyar un proyecto de jueces subrogantes elaborado por Silvia Rojkés, Javier Pucharras y Fernando Juri, tres legisladores afines al Gobierno.

En ese afán, la entidad criticó una iniciativa de Aráoz y de Rubén Chebaia, y el primero lamentó la posición afín al oficialismo. “Faltó diálogo, pero coincidimos en que queremos lo mismo: una ley que conceda la función de jueces subrogantes a quienes ya demostraron sus aptitudes en un proceso de selección sustanciado en el Consejo Asesor de la Magistratura y acote los márgenes de discrecionalidad del Poder Ejecutivo”, dijo Billone.

Rechazo

Caponio, contra las críticas del Colegio

Marcelo Caponio, autor del proyecto original de la ley que dividió el Ministerio Público e impulsor de un nuevo régimen de subrogancias, rechazó las críticas efectuadas por el Colegio de Abogados a través de un dictamen. “El presidente de esa entidad, Marcelo Billone, quiere excluir a los abogados de pasillo de los concursos para conjueces. ¿Qué intereses tiene? Desde hace años Billone viene siendo designado conjuez de la Corte ‘a dedo’, sin rendir concurso en el CAM y sin acuerdo del PE y de la Legislatura”. Y añadió detalles de su texto,

advirtiendo que siempre participará el Consejo de la Magistratura. “Con ese proyecto se contempla la situación de quienes fueron ternados en un concurso; a la vez, no se excluye a prestigiosos abogados que nunca rindieron ni rendirán para ser jueces. Igualmente, se concursan de una sola vez todos los cargos y se confecciona una lista para cubrir la vacancia que se produzca”, profundizó.

Jaldo

“¿Por qué no escucharíamos a la Justicia?”

“Sancionamos las leyes, pero quien las tiene que aplicar, en este caso, es el Poder Judicial. Más que autocrítica, estamos predispuestos a reafirmar lo que entendemos que debe ser”, consignó ayer el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Explicó que el desdoblamiento del Ministerio Público Fiscal fue necesario por la reforma del Código Procesal Penal aprobada el año pasado.

“Siendo consecuentes con la reforma, avanzamos con la ley. Si quien la tiene que aplicar entiende que hay que hacer algún tipo de reforma para que sea aplicable en tiempo y forma, ¿por qué no lo escucharíamos o no aceptaríamos sugerencias?”, expresó.

Afirmó que el interés del Poder Legislativo es que el Ministerio Público funcione lo antes posible desdoblado y que, para ello, tienen que darles los elementos a los fiscales para que “cumplan con su rol, que es el de combatir la inseguridad”.