Por María Julieta Rumi

En las próximas horas saldrá publicado en el Boletín Oficial un decreto por el cual se veta el tercer párrafo del artículo 89 del Presupuesto, que autoriza aumentos a las eléctricas para que le paguen a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), la empresa que les vende la electricidad y es controlada por el Estado.

Según dice el proyecto de decreto al que accedió LA NACION, “se observa el tercer párrafo del artículo 89 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.701″ y con esa salvedad debe cumplirse, promulgarse y tenerse por ley de la Nación el proyecto de ley.

Según figura en el artículo 89, el Poder Ejecutivo nacional, las provincias y los municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción, estableciéndose un período de seis meses, “desde la entrada en vigor de la presente ley”, a fin de que cada jurisdicción concedente determine un mecanismo para el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita Cammesa.

Sin embargo, luego hubo un agregado en favor de las compañías que dice que “dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar en un período no mayor de 90 días cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”. A continuación se establecía un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del AMBA que, según las autoridades, no se vetaría.

Consultado por este diario, el consultor en energía y servicios públicos e integrante del Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi, Alejandro Eintoss, dijo que que el Gobierno vete parcialmente ese artículo marca “un reconocimiento de que no puede o no quiere actualizar las tarifas de Edenor y Edesur” y eso es un problema grande porque estas empresas concentran el 50% de la deuda que registran las compañías con Cammesa.

Al 15 de septiembre pasado, por ejemplo, Edenor registraba una deuda de $112.076 millones y Edesur, de $116.138 millones.

“En los últimos meses han pagado entre 60 y 70% de la energía que venden y eso genera una bola de nieve de deudas que se cubre con subsidios del Estado a Cammesa”, explicó y apuntó que el cambio también implica un reconocimiento de que no hay voluntad de alinear la tarifas del interior para normalizar la otra mitad de la deuda con Cammesa.

“Te marca que es un problema sin solución y que la solución que se intento ahí no va a funcionar. Se van a seguir acumulando deudas. Las empresas con el dinero que recaudan pagan la generación y, si no tienen plata, eso se cubre con transferencias del Tesoro a Cammesa, es decir subsidios. Con lo cual con esto el recorte de subsidios será menor a lo estipulado, aunque aún no sabemos cuánto”, agregó.

Fuentes de Edenor no quisieron hacer comentarios, mientras que en Edesur no tenían información acerca del proyecto de decreto. En los últimos años, la práctica de endeudarse con Cammesa fue muy común entre las compañías al no poder aumentar las tarifas.

Edenor y Edesur son las únicas dos distribuidoras que dependen del Gobierno nacional, ya que están reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El resto de las distribuidoras son controladas por las propias provincias y, por lo tanto, los entes reguladores provinciales deciden los incrementos de tarifas que corresponden al tramo de distribución.

Al ver que en los últimos años el Estado les dio menos aumento de tarifa a Edenor y Edesur que la inflación, algunos gobernadores comenzaron a realizar la misma práctica, por lo cual, la deuda total de las distribuidoras con Cammesa asciende a $502.326 millones. Entre las provincias que están en deuda figuran Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Chaco, Tierra del Fuego y La Rioja.