La sentencia puso en evidencia lo mortales que pueden ser los vínculos delictivos entre empresarios y funcionarios. La corrupción mata, así de simple. El juicio demostró que un funcionario puede terminar condenado a ocho años de cárcel y que se puede sentenciar a nueve años a un empresario que se enriqueció al amparo de sus negocios con el Estado.

Los jueces -dijeron a LA NACION fuentes judiciales- analizaron que la empresa TBA alegaba falta de fondos para mantener los trenes, pero en realidad desviaba el dinero a Cometrans, controlante del grupo Cirigliano, mediante contratos ficticios. Desfinanciaban la empresa ferroviaria, no invertían en las formaciones y se llevaban el dinero.

Ésta es la base de las condenas por administración fraudulenta contra los empresarios. El directorio de TBA y su comité ejecutivo deliberadamente omitieron el mantenimiento de los trenes, lo que generó su progresivo deterioro. El objetivo fue mantener vigente un contrato ficticio de asesoramiento con Cometrans, por un lado, y, por otro, pedir al Estado que reconstruyera los trenes en la empresa Enfer, también de los Cirigliano, mediante otra inyección de fondos públicos.

Las condenas por administración fraudulenta contra los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y contra Sergio Cirigliano y sus socios evidenciaron que la falta de mantenimiento de los trenes era un buen negocio. El interés económico estuvo detrás de la tragedia.

El círculo diabólico se completa con la actuación de los funcionarios. Jaime ya confesó en otra causa que recibió dádivas de estos empresarios. En el caso de Once, Schiavi y Jaime, que tenían la obligación de supervisar el control, obturaron la posibilidad de evitar esta maniobra, porque no ejecutaron las sanciones que imponía la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Ahora la Justicia investigará al ex ministro Julio De Vido por esas omisiones.

El tercer factor que contribuyó a la tragedia es que el motorman Marcos Córdoba ingresó a más de 12 kilómetros por hora (la velocidad permitida) en el andén, sin velocímetro y sin que nadie en el centro de monitoreo le avisara. Además, en el momento posterior al choque, las consecuencias fueron desproporcionadas por el acaballamiento entre vagones, el material rodante y las falencias de frenado, todas fallas de la empresa.

La otra lección de la tragedia de Once es que la Justicia -cuando se lo propone- puede juzgar a funcionarios del mismo signo político del gobierno de turno y dar una respuesta rápida. En poco más de tres años consiguió condenas; fue necesaria la decisión política, la valentía de los jueces (Claudio Bonadio y los camaristas que confirmaron sus fallos en distintas instancias), y el trabajo del fiscal Fernando Arrigo y su equipo. Cuando la fiscalía empezó a indagar sobre la responsabilidad de De Vido, casi no llega al final del juicio, y la mudaron de edificio, sin siquiera fotocopiadora. Y por supuesto fue indispensable la convicción de los jueces Giménez Uriburu, Tassara y Gorini.

Tras la tragedia, se renovó el sistema ferroviario de pasajeros en la Argentina. La realidad se modificó sobre las tumbas de los fallecidos. La última lección de Once es que las condenas son posibles cuando las víctimas se ponen a la cabeza del reclamo. La Justicia les dio una respuesta. O al menos un consuelo.