El Gobierno es, cada vez más, dos gobiernos en uno. El que responde a Alberto Fernández, que pretende cerrar cuanto antes el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una escala en el Congreso; y el que siembra dudas respecto de la conveniencia de ingresar a un nuevo programa del organismo. Y que, además, tiene claras simpatías por Rusia pese a su condenable avanzada militar en Ucrania. En este segundo sector se puede ubicar a Cristina Kirchner, La Cámpora y al gobernador Axel Kicillof.

No se trata, a esta altura de las circunstancias, de una escenificación para hacerle comer el amague a la oposición –por aquello de que el peronismo acapara todos los roles-, sino que el país se encuentra ante una verdadera disputa de poder que podría romper al Frente de Todos (FdT) y tener consecuencias sobre el propio gobierno. Este análisis también lo hace un sector de la oposición, que está muy preocupado por el futuro inmediato de la administración Fernández ante el debate por el FMI, cuyo resultado es incierto.

La apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el próximo martes, ofrecerá una muestra palpable de esta situación: a Fernández lo acompañarán los movimientos sociales oficialistas, con el Evita y Barrios de Pie a la cabeza; la conducción no kirchnerista de la CGT y algunas seccionales del PJ del Conurbano vinculadas a ministros “albertistas” como Gabriel Katopodis o Juan Zabaleta; pero será evidente la ausencia de La Cámpora, que sin embargo marchará a La Plata el miércoles para la Asamblea Legislativa bonaerense.

El distanciamiento entre Fernández y los camporistas tuvo un primer hito con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados del FdT. Ahí quedó en evidencia que los coroneles de Cristina –ya dejaron de ser soldados hace un buen rato- no están de acuerdo con la forma en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lleva la negociación con el staff del FMI. Sobre todo, lo que incomoda al kirchnerismo es mirar la situación de afuera sin enterarse de los detalles finos, que podrían deparar amargas sorpresas.

Tal vez, la única manera de doblegar la desconfianza que se apodera del kirchnerismo sobre el accionar de la dupla Guzmán-Fernández sería que Kicillof también tuviera una silla en la ronda de negociaciones con el Fondo Monetario. El Gobernador sigue siendo el principal consejero económico de Cristina Kirchner y durante la semana la visitó en el Senado, justo cuando el Presidente se encontraba en La Plata encabezando un acto de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Fue sintomático que Kicillof no lo acompañara.

En la gira por Rusia, China y Barbados, en la que acompañó a Fernández con el aval de Cristina, Kicillof había apoyado el entendimiento con el FMI, pero ahora mantiene el silencio y en las reuniones a puertas cerradas desgrana cuestionamientos. Los aumentos de las tarifas que reclama el organismo para reducir el déficit fiscal y el ajuste a la baja del presupuesto de la obra pública nacional –sin el cual la Provincia prácticamente se quedaría sin obras- figuran al tope de las preocupaciones de Kicillof, según transmitió a diversos interlocutores.

“El cardenal Samoré”

En medio de los dos sectores enfrentados queda Sergio Massa. El presidente de la Cámara de Diputados se maneja con posturas propias: apoya el acuerdo con el FMI, sin manifestar las dudas del kirchnerismo; pero a la vez se diferencia de la vicepresidenta y de La Cámpora en su condena explícita a la invasión rusa a Ucrania. En el oficialismo ya no son pocos los que lo apodan “cardenal Samoré”, por aquel enviado papal que en 1978 lideró una exitosa mediación entre la Argentina y Chile, que estaban a un paso de ir a la guerra a raíz de la disputa jurisdiccional del Canal de Beagle.

En su rol de pacificador, justamente, Massa estuvo en la semana junto a Máximo Kirchner y “Wado” de Pedro en Comodoro Rivadavia. Algunos exponentes del albertismo se esperanzaron al ver las fotos del primogénito sonriente, como quien espera señales positivas con algún grado de desesperación. Pero esa misma tarde La Cámpora vació el acto de la JUP en la universidad de La Plata y horas más tarde “Cuervo” Larroque brilló por su ausencia en una reunión del PJ para planificar la “marcha del sí” (sin “se puede”) a la plaza del Congreso.

Dicho sea de paso: tampoco el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois, tampoco irá el martes a la plaza donde reinó el “gordo mortero” aquel fin de año de 2017 en el que llovieron piedras contra la reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri y de la cual ahora vuelve a hablarse en medio de las conversaciones con el FMI. La filtración de los documentos previos al entendimiento que promocionó Guzmán encendió todas las alarmas en el kirchnerismo.

Para colmo, la guerra

El inicio de la guerra en el este europeo no contribuye a calmar los ánimos encrespados en el oficialismo. Todo lo contrario: el Gobierno está partido entre dos bloques –uno integrado por los funcionarios que apoyan a Rusia, encabezado por Cristina- y otro más afín a la cosmovisión de Estados Unidos, con referencia en Massa, Juan Manzur, el embajador Jorge Arguello y el siempre discreto Gustavo Beliz. En el medio, Alberto Fernández intenta mantener una postura de “neutralidad” que, como se sabe, en ninguna guerra es tal.

La división del oficialismo en dos grandes bloques impacta en el terreno diplomático. Las votaciones zigzagueantes en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el nerviosismo que surcó a la Cancillería en el interregno de los dos comunicados –el primero que ni siquiera nombró a Rusia y el segundo que invocó el principio de la integridad territorial de Ucrania, clave para el reclamo histórico por las Malvinas- son muestras de que el debate interno, en lugar de enriquecer, puede paralizar la gestión.

En una época signada por las coaliciones inestables, aquí y en el mundo, el Frente de Todos se asoma a una encrucijada cuando recién acaba de transcurrir la mitad del mandato presidencial. La unidad tan declamada al comienzo de la administración Fernández no está garantizada, ni siquiera, ante la posibilidad de que la Argentina caiga en un default. Ese escenario, al parecer, ya no es tan temido por uno de los dos gobiernos que se superponen en la Argentina.