Lo dispusieron en forma conjunta el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a través del decreto 194 que publica el Boletín Oficial. Otro efecto indeseado de la aceleración de la inflación y la devaluación del peso
Por segunda vez consecutiva en tres días hábiles, y recién llegado desde Washington, donde mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmó junto al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, una nueva Decisión Administrativa -la 193 del 19 de marzo- en la que reasigna partidas del Presupuestos Nacional 2019, aprobado por el Congreso para esta año.
Como es habitual, se argumenta que se trata de "reasignaciones en las que se compensan incrementos y disminuciones de partidas", pero de la lectura de los 146 folios del Anexo I Infobae detectó un incremento neto del gasto proyectado para el año en $5.734 millones, para el que sólo se prevé ingresos adicionales a los previstos originalmente en apenas poco más de $180 millones.
De ahí surge una suba del déficit fiscal ajustado, en caso de que no se subejecuten partidas en los próximos meses, en $5.554 millones, que se prevé financiar con aumento de la deuda pública en más de $5.400 millones y saldo de caja de la Tesorería General de la Nación.
Hacienda elevó la proyección de gasto público en $5.734 millones, pese a que espera ingresos adicionales al previsto en el Presupuesto por apenas $189 millones
La medida surge pocos horas después de que se conocieran datos de la aceleración de la inflación en febrero y previsiones de mercado de sostenimiento de altas tasas en marzo y abril, por efecto de los ajustes de tarifas e impulso de la devaluación del peso.
Subibaja de las partidas de gasto
Del detalle de los movimientos que se sintetizan en las 146 planillas del Anexo I de la DA 194 se destacan:
1. Aumento de la asistencia financiera a empresas públicas en $5.606,6 millones;
2. Incremento de la asistencia para servicios económicos a cargo del Tesoro en $2.540,6 millones;
3. Suba para Administración Financiera, pagos de intereses de la deuda pública $465,8 millones;
4. Reducción de partidas para la ejecución de política e infraestructura penitenciaria en $1.147,2 millones;
5. Baja de transferencias para la ejecución del Plan Director de Desagües Cloacales del Área Metropolitana de Gran Resistencia, Chaco, en $2.229,1 millones.
6. Ajustes en diversas áreas con un saldo neto de incremento de las erogaciones previstas originalmente en unos $500 millones.
De ahí surge que en un año electoral y pese a las preocupaciones de los mercados por la resistencia a la baja del gasto público global, el Gobierno no logra exigirle a las empresas una política de restricción presupuestaria, pese a que cuentan con una flexible autorización de aumento de tarifas de sus servicios y precios de venta de sus productos; pero también asume el costo político de recortar partidas para un plan asistencial clave en la provincia del Chaco.
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