Las relaciones entre la Argentina y Uruguay volvieron a recalentarse por el largo conflicto de las pasteras. Ayer a la tarde, el Gobierno anunció que volverá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar a Uruguay por haber permitido que la empresa UPM (ex Botnia) aumente su producción de pasta celulosa a 1.365.000 toneladas anuales.

El anuncio lo hizo el canciller Héctor Timerman a través de un comunicado de prensa mediante el que informó de la carta que le envío a su par uruguayo, Luis Almagro. Además de pedir el cese “inmediato” de la autorización otorgada a la pastera, consideró que se trató de “un gesto inamistoso” del gobierno de Mujica, y amenazó con proceder a“reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones bilaterales”.

Entretanto, la Asamblea de Gualeguaychú, que durante años bloqueó el puente internacional entrerriano en señal de protesta, se reunirá mañana frente al río para resolver si vuelve a las medidas de protesta. Los dos países ya se enfrentaron en La Haya por las pasteras en el juicio que abrió allí la Argentina contra Uruguay en 2006, pero cuyo fallo –de abril de 2010– nunca cumplieron totalmente. Sobre todo en lo que hace al monitoreo de la planta, bajo mutuas acusaciones.

La disputa se reflotó el año pasado, y provocó fuertes cruces entre Timerman y Almagro, en plenas elecciones legislativas argentinas. Ya desde entonces, Timerman amenazaba con volver a La Haya, pero no lo hacía. Se exponía en largas y confusas muestras a la prensa con números de presunta contaminación, que los uruguayos rechazaban. Entonces, se peleaban porque Mujica autorizó a UPM a incrementar su producción de 1,1 millón a 1,2 millón de toneladas.

Ahora serán 100.00 mil toneladas más.

La nota de Timerman fue entregada al embajador oriental Guillermo Pomi, quien a su vez se la cursó a Almagro. Desde Europa, Almagro dijo que también contestarán por “nota”. El comunicado argentino de ayer, como en el primer juicio en La Haya, habla de “violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay”. La parte argentina se enteró del cambio a través de una nota que presentaron los vecinos en la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Cristina y Mujica intentaron sin éxito bajar la tensión por este y otros temas controvertidos en la breve reunión que mantuvieron en enero, en el marco de la cumbre de la cumbre de la CELAC, en Cuba. Ayer, una fuente de la Casa Rosada dijo a este diario que la decisión de Mujica es considerada una “provocación”, y que a Uruguay le daba “órdenes la empresa finlandesa”. Dijeron también que es una revancha por una resolución de Cristina que impide que los buques toquen puerto uruguayo antes de ingresar a la Argentina. Por cierto, la medida les hizo caer la operatividad a los orientales en algunas zona del país hasta un 40%.

En Montevideo, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, aseguró que su país “ cumple las normativas nacionales e internacionales y que ya se había notificado al gobierno argentino sobre la decisión uruguaya respecto al aumento de producción” (ver pág 5). En la misma línea, el vicepresidente Danilo Astori dijo al diario El País que la empresa había pedido en 2011 aumentar la producción a 1,3 millones de toneladas y que Argentina “lo sabía”. Agregó: “Ya se había acordado, con Argentina tenemos dificultades por éste y por otros temas”.