El proyecto es ambicioso y, a juzgar por los antecedentes, de difícil concreción: que no haya más barras bravas en el fútbol argentino. Arrancará hoy con el partido Huracán-Quilmes y el Gobierno nacional buscará apoyarse en tres patas para tratar de erradicar de los estadios a quienes tengan antecedentes violentos: 1) la tecnología aportará un nuevo sistema de control e identificación en los accesos a las canchas bajo la órbita del programa “Tribuna Segura”; 2) en el Congreso espera su aprobación para antes de fin de año un proyecto de ley que endurece las penas para todos los que incurran en conductas inadecuadas, desde hinchas hasta futbolistas, dirigentes, DTs y hasta cuidacoches y 3) cuando esa ley esté aprobada, el Estado tendrá las herramientas para aplicar el derecho de admisión a los barras, algo que hasta ahora es responsabilidad de los clubes.

“El presidente (Macri) nos dijo que en el fútbol hay que ir despacio y los pasos deben ser concretos. El objetivo es que no haya más barras”, aseveró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según la ONG Salvemos al Fútbol, desde 1922 hasta hoy se produjeron 312 muertes vinculadas con la violencia en las canchas. Y en las últimas tres décadas la problemática barra no sólo se volvió un flagelo sin solución para los diferentes gobiernos, sino también la consecuencia de los fuertes vínculos entre los grupos de hinchas más radicalizados con dirigentes políticos y deportivos, e incluso con la propia policía. Umbilicales y peligrosas, esas relaciones terminaron transformando en una utopía a las proclamas de terminar con la violencia en las canchas e incluso los barras hicieron de su manejo de la popular un negocio millonario que desembocó en el nuevo formato de la violencia: las sangrientas internas en muchas de las hinchadas, motorizadas por las luchas de poder y sus consecuentes ingresos económicos.

El Gobierno pretende terminar con las típicas escenografías de barras ocupando el centro de las tribunas y parados sobre los paraavalanchas. El plan dará comienzo hoy en Huracán-Quilmes y en esta fecha de Primera División se extenderá hasta el domingo en los otros dos partidos que se jugarán en Capital: Vélez-Central y Boca-Belgrano. En esta primera etapa, el programa se desarrollará sólo en los estadios de la Ciudad y luego se irá extendiendo al resto del país.

A partir de hoy, a las canchas porteñas habrá que ir con DNI y agentes de fuerzas federales de seguridad (Gendarmería, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria) ingresarán el número de cada persona en un celular 4G para ver si coincide con quien está en los registros y determinar si tiene permitido el acceso a los estadios.

Los clubes seguirán aportando el listado de los hinchas con derecho de admisión hasta que se apruebe la ley que está en la Cámara de Diputados. En el de River figuran 250 y en el de Boca, unos 160.

El software que levantará o bajará el pulgar a los hinchas fue desarrollado por la Dirección de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos del Ministerio de Seguridad, que cuenta con una dotación de teléfonos suficiente para cubrir holgadamente los accesos del Monumental, el estadio con mayor capacidad de Capital. Se calcula que entran 62.000 personas, y que se tiene que poner un retén cada 600 hinchas. Así, en River habrá 100 controles. En Boca, con aforo para 55.000 personas, rondan los 90. En cada control habrá personal del Ministerio de Seguridad, acompañado por fuerzas federales, para el control de los DNI. “La demora no supera los cinco segundos por persona”, dijo una fuente del Ministerio. Las pruebas, efectivas, se hicieron en la primera fecha en las canchas de San Lorenzo y River.

En el futuro, el software en cuestión les será distribuido a las policías locales para que se implemente en todo el país; para ello, confían en que antes de fin de año estará aprobada la ley que endurece las penas y busca horadar el poder de las barras y acabar con sus fuentes de financiamiento. El proyecto busca “perseguir y terminar” con los barras. ¿De qué manera? Con “la persecución penal y el desfinanciamiento” de esos grupos, y con el incremento “en un tercio” en las penas que establece el Código Penal. Por caso, si a un hincha lo detienen por portar un arma de guerra o artefactos explosivos, “será reprimido con una pena de 2 a 6 años de prisión”. En el futuro, el Gobierno pretende que dentro de los estadios haya sólo seguridad privada, como en las principales ligas del mundo. Y que las fuerzas del Estado se encarguen sólo de las adyacencias. Habrá fuerzas especiales para actuar adentro ante un hecho vandálico, pero con un número reducido de agentes para terminar también con el negocio de los operativos inflados.

Este sistema replica al aplicado en Chile, llamado Estadio Seguro. Guillermo Madero, a cargo de la Dirección de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, estuvo en Santiago en marzo, cuando Argentina visitó a Chile por las Eliminatorias, y allí se nutrió de información. También se reunió en España con el presidente de la Liga Profesional, Javier Tebas, y con dirigentes de clubes para interiorizarse cómo se previene la violencia allí.

El objetivo es que los clubes adquieran tecnología para el monitoreo interno en sus estadios, que haya inversión. Saben que en esta coyuntura de crisis, con clubes al borde de la quiebra, es difícil. Por ello también se imaginan que la Comisión Normalizadora tiene muchas chances de seguir más de un año, tal como se estipuló en principio.