Con los casos de Santiago Maldonado y Milagro Sala aún muy sensibles, el Gobierno transformó hoy un examen de las Naciones Unidas en un escenario en el que decidió exhibir la presentación de un plan nacional en derechos humanos, materia que viene siendo la más conflictiva en la política exterior de la actual gestión. En primer lugar, porque la muerte del joven artesano, como la detención de la dirigente K, pasaron a ser tema de interés y demanda de importantes organismos internacionales como la ONU, la OEA y Amnistía Internacional. Pero el Gobierno también debe rendir cuentas sobre otras denuncias, la mayoría heredadas de anteriores gestiones.

Entre otras acusaciones, tiene que dar explicaciones por denuncias de abuso policial; condiciones de detención y hacinamiento en las cárceles; juicio a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar; discriminación y violencia basadas en la orientación sexual e identidad de género.

También le exigen al Gobierno argentina, en el marco de las demandas planteadas en la ONU, abordar los estereotipos discriminatorios sobre el papel de la mujer; combatir la violencia doméstica y la trata de personas; garantizar la educación sobre los derechos sexuales y reproductivos y el acceso legal al aborto; abordar la situación de escasez de viviendas adecuadas y mejorar las condiciones de vida en los asentamientos no declarados; reducir la pobreza y hacer frente a la discriminación contra los pueblos indígenas y las poblaciones de afrodescendientes; demarcar las tierras tradicionalmente ocupadas por indígenas y protegerlas del desalojo forzoso. 

Hoy, ante el llamado Examen Periódico Universal (EPU) que se lleva a cabo en Ginebra y que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, prometió ante las autoridades del organismos y demás delegaciones que la Argentina implementará "por primera vez en su historia su Plan Nacional de Derechos Humanos" consensuado con los 20 ministerios del Gabinete Nacional.

Se trata de una delgada línea de trabajo que vienen reclamando también organismos de derechos humanos con enorme influencia internacional. En este contexto, el Gobierno incluso se ha manifestado molesto de que varias de las denuncias tuvieron motivaciones políticas y fueron influenciadas incluso por figuras del kirchnerismo, sobre todo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió una cautelar en favor de Sala y se involucró en el caso Maldonado, cuando a ella llegó el reclamo de que el caso del artesano era una "desaparición forzada", figura que ahora tambalea.

Clarín supo por altas fuentes diplomáticas que el presidente Mauricio Macri le planteó sus preocupaciones al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el jueves pasado. Ambos se reunieron en un salón del teatro Colón antes de la cena en la que participaron ambos en la inauguración del XVIII Foro Iberoamérica. ​Sin mencionar al periodista Horacio Verbitsky o al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni entre esas presuntas influencias en la CIDH, Macri abordó esta cuestión que sí criticó Avruj recientemente durante las sesiones de la CIDH en Montevideo.

El Presidente estaría también por cambiar al embajador ante la OEA, Juan José Arcuri, quien nunca tuvo una buena relación con los organismos de derechos humanos que están en Washington. La figura que muchos querrían ver allí en la misión es Santiago Canton, actual secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y ex titular de la CIDH, aunque posiblemente le den ese cargo a un diplomático.

Avruj, cuya secretaría funciona bajo la órbita del ministro Germán Garavano, viajó a Suiza con su subsecretario, Brian Schapira, y la subsecretaria de Estado Silvana Giudici, más la directora general de Derechos Humanos de la Cancillería, María Gabriela Quinteros.

Entre las metas que expuso Avruj, y las acciones que el Gobierno destaca de su gestión de cara a este Plan Nacional figuran:

- Proteger y prevenir la violencia de género un flagelo que es un problema estructural de nuestro país.

- Promover los derechos y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Incluye el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

- Promover y garantizar los derechos de la infancia: en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia "se están abriendo 4.000 espacios para la atención integral de niños de 45 días hasta cuatro años, donde se brinda cuidado, acompañamiento familiar y estimulación temprana".

- Defender los derechos de las personas con discapacidad. "Hemos creado por primera vez una Agencia Nacional de Discapacidad".

- Trabajar por los derechos de los jóvenes, mediante la Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables, haciendo foco en aquellos que no estudian ni trabajan, y combatiendo problemáticas críticas como las adicciones y el embarazo adolescente.

- Proteger y promover los derechos de los adultos mayores. "El impulso a la reparación histórica para jubilados y pensionados es un hito que quedará entre los logros de esta gestión".

"Para nosotros Derechos Humanos es política de Estado. Y por ello llevamos adelante lo que denominamos una Agenda Ampliada de Derechos Humanos, que incorpora nuevos retos a las agendas heredadas. Hoy podemos decir que tras años de triste y frustrante auto aislamiento, hoy Argentina es un país abierto al mundo, que estamos dejando atrás el populismo y el relato como y que estamos construyendo un nuevo tiempo de fortalecimiento democrático, de plena vigencia de las instituciones y teniendo como faro el valor sagrado de la verdad", concluyó Avruj.