Sin demasiadas esperanzas de respuesta, el Senado de la provincia aprobó anoche pedidos de informes sobre subsidios otorgados a clubes e instituciones deportivas, y sobre pagos que se adeudan a los alfabetizadores, en una sesión en la que la radical Claudia Silvina Vargas anticipó que denunciará penalmente a los funcionarios que no envíen la información requerida por los legisladores.
La legisladora anticipó que si lo nuevas solicitudes no son respondidas en cinco días, hará las denuncias penales contra los funcionarios. La advertencia fue dirigida contra los ministros de Obras Públicas, Carlos Parodi; el de Desarrollo Humano, Claudio Mastrandrea y el de Educación, Leopoldo Van Cauwlaert.
Los tres se habían reunido en las últimas semanas con los legisladores, un hecho que fue subrayado por los senadores oficialistas para resaltar su disposición para brindar información. Pero según Vargas, no llegaron a aportar datos específicos cuando se les requería.
La misma postura tuvo la renovadora Catalina Elsa Ponna: "Le pedimos a Mastandrea los números sobre la distribución del programa alimentario por municipios. Y nos dio una hoja en la que se consignan números que no se sabe si son mensuales o anuales".
El Senado debe tratar un proyecto con media sanción de Diputados en el que se dan algunas pautas sobre el acceso a la información pública de parte de cualquier ciudadano. Las de Vargas y Ponna fueron casi las únicas intervenciones que generaron algún debate anoche, en una sesión que se caracterizó por la aprobación de numerosos proyectos de declaraciones.
El ritmo anodino que en un momento tomó la sesión con la lectura y aprobación de esos proyectos hizo que un senador levantara la mano para mocionar que sólo se mencionara el número de expediente, pues los legisladores tenían en sus escritorios el sumario de la sesión con los detalles. Entonces por secretaría se leyeron de una vez los números y se los aprobó en un solo acto. Así concluyó la sesión.
Uno de los expedientes aprobados, declara que el Senado vería con agrado que los legisladores nacionales tramiten la implementación una jubilación por el año del Bicentenario, para los agentes estatales de Salud y Educación con 25 años de servicio, sin límite de edad y para los que tengan 30 años de servicio en otros organismos del Estado.
"Es una iniciativa de todos los legisladores del NOA", explicó el autor del proyecto, Manuel Héctor Luque.
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