La “Ley de emergencia pública y  reforma del régimen cambiario” que había sido sancionada el 6 de  enero de 2002 no fue renovada por el Gobierno nacional y de esa forma quedaron atrás una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

La “emergencia” delegaba en el Ejecutivo una serie de  facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el  tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras.

También permitía pautar retenciones a la exportación de  hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de  servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los  precios de la canasta básica.

En septiembre pasado, el ministro de Energía, Juan José  Aranguren, había anunciado la decisión del Gobierno de no  prorrogar la vigencia de la norma.

El funcionario aseguró que así se podrá llevar adelante la  renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y  el sector privado en materia de servicios públicos y empresas  concesionadas.

“Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del  2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y  no volver a incumplirlos”, aseguró Aranguren.

Esta norma era originalmente “por dos años”, pero siempre al  momento de su vencimiento el Congreso -a pedido del Poder  Ejecutivo- la extendía por otros dos años. 

La última prórroga fue en los últimos meses de 2015, al cierre  del gobierno de Cristina Kirchner.