Nación y la Ciudad comenzaron a coordinar el operativo de seguridad para la movilización de organizaciones universitarias y sindicales que reclaman recomposiciones de los fondos
Julián Alvez
Javier Milei y Patricia Bullrich están decididos a aplicar el protocolo antipiquetes para la Marcha Federal Universitaria del próximo martes. "El Protocolo siempre está vigente y se aplica cada vez que no se cumple", dicen cerca de la ministra de Seguridad, área en la que miran con especial atención a lo que suceda en la Capital Federal, lugar donde se espera la mayor cantidad manifestantes. La movilización se presagia como la más concurrida de todas las que hubo desde la asunción del gobierno libertario.
Durante las últimas semanas, y más aún a partir del anuncio de la marcha, el Presidente llevó adelante una importante ofensiva contra las universidades públicas. Los focos de sus críticas en su cuenta de X son dos: el supuesto "adoctrinamiento" de las instituciones contra sus alumnos y los "negocios turbios" que los rectores y/o directivos hacen con el manejo de los fondos presupuestarios; aunque en el fondo la educación pública resulta incompatible con sus concepciones ideológicas. "Para meter el socialismo en una sociedad había que hacerlo por la educación", dijo al mencionar a Gramsci durante una disertación durante su gira por Estados Unidos.
Se trata de una de las primeras grandes batallas culturales que Milei busca dar al respecto de un asunto con gran aceptación y transversalidad en la sociedad. Según un sondeo hecho semanas atrás por Zuban Córdoba, el 50% se expresó "muy en desacuerdo" sobre el congelamiento del presupuesto de las universidades y un 20,9% votó "muy de acuerdo". Si la consigna se amplía para la totalidad de la educación pública, un 67,8% estuvo "muy de acuerdo" en "defenderla", mientras que solo el 2,7% dijo estar "muy en desacuerdo".
El Gobierno ofreció un 140% de aumento para el funcionamiento de las universidades con una inflación acumulada del 300% desde enero de 2023. Asimismo, este apartado corresponde solo al 10% del presupuesto total para la Educación Superior: la gran mayoría del resto lo computan los salarios de docentes y no docentes, mientras que una proporción mínima lo tienen programas de incentivo a la educación y científicos; estos no tienen acuerdo ni aumento anunciado hasta el momento.
Ratifican la marcha El trasfondo de la desmentida de las universidades al Gobierno y la letra chica de los nuevos aumentosJulián Alvez
La dimensión de lo que podría suceder el próximo martes en las calles porteñas o de otras urbes si se desata un conflicto represivo es desconocida. Desde las partes que convocan a la marcha afirman que la manifestación se dará pacíficamente, pero que por el caudal de personas que van a asistir se hará imposible cumplir con el protocolo antipiquetes, que habilita la intervención de las fuerzas de seguridad federales a intervenir en las movilizaciones que interrumpa la circulación de personas y medios de transporte.
"Se espera que sean movilizaciones pacíficas, pero respetando el protocolo", dicen desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. En principio, el área de cobertura para las fuerzas federales compete a los cordones que se generan en relación al Congreso o la Casa Rosada, dos puntos que formarán parte de la ruta por la cual se movilizarán gran parte de las columnas.
La UBA convocó a iniciar la marcha en Plaza Houssay (la cual rodea a las Facultades de Medicina, Ciencias Económicas y Farmacia y Bioquímica, así como al Hospital de Clínicas) a las 14.30, para llegar a las 15.30 al Congreso y a las 17 a Plaza de Mayo.
Las comunicaciones entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se intensificaron en los últimos días. En los papeles, a la Ciudad le es originario el control y la colocación de efectivos en las vías de circulación. En declaraciones a Radio con Vos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se limitó a señalar que estará "garantizando que la marcha ocurra de manera pacífica, que haya una buena marcha y se pueda manifestar".
En tanto, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, todavía no se expresó públicamente al respecto. Uno de sus últimos posteos de X contiene el video de cómo con hidrantes y cordones policiales mediante se liberó la 9 de Julio ante la última marcha piquetera del 10 de abril. "Lo hizo respetando el procedimiento establecido en el protocolo del uso de la fuerza que surge de la ley", tuiteó. Las dimensiones de la marcha del martes serán mayores y las fuentes consultadas de esa área no respondieron las preguntas de este medio sobre cómo será la estrategia concreta.
La Policía de la Ciudad liberó la 9 de Julio el 10 de abril pasado. Lo hizo respetando el procedimiento establecido en el protocolo del uso de la fuerza que surge de la ley.
Paradojas de la época que estamos viviendo, recibí un pedido de interpelación de legisladores opositores... pic.twitter.com/CSdegwRaiv
— Waldo Wolff (@WolffWaldo) April 16, 2024
El protocolo antipiquete se denomina formalmente como "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación". Habilita a la Policía federal y a las Fuerzas de Seguridad Federales (como la Gendarmería nacional) a involucrarse para disuadir concentraciones que "incidiesen en la libre circulación de vehículos, aun cuando no crearen una situación de peligro". Esta intervención no requiere de orden judicial, dado que sostienen que la acción a manifestarse en las vías vehiculares es un delito flagrante. El despeje de las calles debe ser con "armas no letales" y deben forzar a que los manifestantes vayan por las veredas.
Uno de los antecedentes más cercanos fue la movilización de la CGT del 24 de enero. A pesar de las advertencias desde Nación y Ciudad -por la utilización del protocolo- y desde los gremios -que alegaban que no se acataría-, ambas partes se reunieron el día anterior para acordar cómo se iba a llevar adelante la manifestación. Los cortes existieron, pero la manifestación se realizó de manera pacífica y sin altercados.
Se espera que algo similar ocurra el próximo martes, aunque no hay un único actor que predomine la movilización. La Marcha Federal Universitaria es convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores y rectoras de universidades nacionales. "Será inédita por esta unidad impensada 15 años atrás", dijo a Somos Télam el reciente presidente electo del CIN, Víctor Moriñigo.
Como actores externos estarán acompañando las tres centrales obreras -CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores-, organismos de derechos humanos, legisladores y legisladoras, movimientos sociales, científicos/as, y organizaciones estudiantiles secundarias, entre otros.
A través del Ministerio de Capital Humano, el Ejecutivo propuso un aumento del 70 por ciento para los gastos de funcionamientos de las casas de estudio de todo el país y lo presentó como un acuerdo con el sector educativo que, sin embargo, salió a rechazar la propuesta, relativizó el acuerdo y ratificó la medida de fuerza para el martes. Ese movimiento por parte del Gobierno fue tomado como una acción para tratar de rebajar y desactivar la marcha, lo cual no tuvo mayores efectos.
Incluso, mediante un comunicado, el CIN destacó el diálogo como camino "para lograr acuerdos duraderos", de relieve que se reconozcan parte de los reclamos que vienen llevando adelante y se mostró dispuesto para recibir "la invitación formal a la reunión donde se anuncie formalmente estas medidas".
"No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, de manera informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades", aclaró Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en un tuit que comenzó con la frase: "La marcha del 23 va a ser histórica!".
En una sintonía similar y después de participan en una reunión para discutir paritarias, el Frente Sindical de Universidades Nacionales señaló que esta administración a cargo de Javier Milei "claramente quiere eliminar la Universidad Pública", rechazó la oferta salarial de un 8% de incremento y agregó que "siguen mintiendo al afirmar que su gestión prioriza la educación"
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